El partido pasa la gorra para pagar sueldos y sostener la sede provincial. Quiénes ponen y quiénes no. El poroteo de aportantes calienta el congreso del 7S.
El exgobernador Gustavo Bordet y José Cáceres, presidente del PJ de Entre Ríos
El peronismo de Entre Ríos calienta la previa del congreso partidario previsto para el próximo 7 de septiembre con pases de factura de todo tipo. Delinear el futuro fuera del poder y castigar garrochistas está en la agenda, pero los aportes partidarios para solventar gastos corrientes también están sobre la mesa de discusión en un espacio que pasó a la oposición después de 20 años. No hay plata.
Fue el PJ de Concordia quien arrojó la primera piedra cuando difundió un comunicado donde denuncia estar viviendo un “momento crítico”, en referencia a la situación financiera del partido. “Los militantes se ponen al hombro la responsabilidad de sostener financieramente las unidades básicas y consejos departamentales. Los que realizan tal aporte son militantes que no son funcionarios ni lo fueron en épocas de gloria”, castigan sin especificar nombres y dejando un mar de dudas.
Sin embargo, marcó directamente a “quienes se encuentran ocupando cargos políticos”. “Deben tener la grandeza militante de realizar el aporte a nuestro Partido Justicialista Provincial, como lo establece nuestra carta orgánica, ya sean Legisladores, concejales, presidentes comunales; legisladores nacionales, gobernador y vicegobernador con mandato cumplido cuando reciban retribución por esa condición y quienes se desempeñen en cualquier cargo sin estabilidad o con acuerdo legislativo originado en el Poder Ejecutivo ya sean provincial o municipal”, dispararon.
Como todos los partidos grandes, el PJ de Entre Ríos se mantenía con el aporte financiero del funcionariado que revistaba en el gobierno provincial. Eso fue así durante 20 años hasta que Rogelio Frigerio cortó esa racha en 2023. Ahora, el 10% de los salarios que aportaban alrededor de 400 personas que integraban el funcionariado provincial debió ser sustituido (o debería) por otras fuentes de ingresos.
En este contexto de ordenamiento, que en la sede partidaria consideran “normal”, juega un rol importante el aporte de extraordinario de dirigentes de peso, como los que oblaron Guillermo Michel, el presidente del partido, José Cáceres, y la exdiputada Mayda Cresto.
Algunas voces de la estructura contrapusieron esta situación con quienes ocupan bancas en el Congreso. Sin embargo, del otro lado se escudan en un aspecto reglamentario y aseguran que por disposición de la normativa partidaria quienes trabajan en el Congreso deben aportar a PJ a nivel nacional. Sin embargo, el diputado nacional Tomas Ledesma y su par Carolina Gaillard también realizaron una transferencia importante y contradijeron el argumento, lo que posó la lupa sobre la diputada Blanca Osuna y su par Gustavo Bordet.
A la vez, como en el desierto que atraviesa el justicialismo en los planos provincial y nacional los bolsillos a los que recurrir para mantener la estructura se reducen, los municipios gobernados por el PJ son una fuente inestimable de recursos. Paraná es el municipio que más aportes realiza, a través de los salarios del funcionariado, según apunta una fuente peronista, aunque aclara que no es la única ciudad que ayuda a mantener una parte importante de la vida partidaria.
La otra ciudad grande en manos compañeras, Concepción del Uruguay, que gobierna José Lauritto, asegura que va en camino de aportar al pleno de sus posibilidades, aunque hoy lo hace sólo en parte. Del resto de las ciudades más chicas, como Villaguay, Tabossi y Maciá, hay muchas que aún no ponen en la caja provincial. En la capital están con el teléfono en la mano para acomodar los tantos.
En tanto, en la tropa legislativa de la provincia, el diputado Enrique Cresto aporta, al menos por unos meses más, una suma considerablemente superior al 10% de su dieta. La diputada Stefanía Cora fue otra que colaboró más allá de sus obligaciones. En otros casos, hay quienes aportan por estos meses $100.000 más de lo previsto.
Entre los aportes extra se cuentan al intendente de Feliciano, Damián Arévalo; el de Aldea San Antonio, Mauro Díaz Chávez; de Colonia Avellaneda, Ariel Weiss. También se cuenta a Carina Dominguez, vicepresidenta del PJ y secretaria Adjunta de UPCN, y al dirigente Gonzalo García Garro.
Por la ley de partidos políticos, cada municipio aporta recursos al PJ provincial y este, luego, distribuye a los municipios, comunas, juntas de gobierno y eventualmente a las unidades básicas. Estos fondos fluían hasta que el partido quedó sin la masa que aportaba el funcionariado provincial.
Sin embargo, la estructura que el partido debe mantener se mantiene invariable. Funciona con una plantilla de nueve personas en su sede que demandan una masa dineraria -entre salarios y aportes patronales- de un poco menos de 20 millones de pesos.
Para hacer frente a ese desembolso, quienes ocupan bancas en la Legislatura y sillas de poder en los municipios realidades muy dispares entre sí: en algunas localidades un concejal cobra medio millón de pesos y en otras, mucho menos. Incluso cero pesos, como en Cerrito.
Mientras se pasa la gorra, el PJ auditó el funcionamiento financiero y dio de baja algunos servicios en la sede del partido.