El exgobernador enfrenta un pedido de diez años de prisión y aguarda el juicio en medio de admisiones de pagos indebidos para beneficiar a un empresario.
El exgobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri (PJ, 2007-2015) enfrenta un nuevo juicio rodeado de confesiones de exfuncionarios que admitieron haber cobrado coimas para favorecer al empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, señalado como testaferro del exmandatario en otra causa que investiga la justicia entrerriana.
La denuncia, promovida en 2018, avanzó hasta la etapa de remisión a juicio y la fijación de fecha para un nuevo debate es inminente.
Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano sostienen que el exgobernador se interesó personalmente para favorecer la contratación de la firma Relevamientos Catastrales, de Cardona Herreros, para desarrollar e implementar un software en distintas reparticiones de la administración pública.
En el requerimiento de elevación de la causa a juicio, los fiscales adelantaron que pedirían una condena de diez años de prisión para el exmandatario y nueve años para el empresario Cardona Herreros.
Urribarri rechazó todas las imputaciones y sostiene que todas sus acciones de gobierno fueron auditadas y aprobadas por los organismos de control. Ahora espera una resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que demore el juicio.
De acuerdo con la acusación, en tiempos en que gobernaba Urribarri, se conformó una mesa operativa que integraban funcionarios públicos y representantes de Relevamientos Catastrales SA para gestionar distintos negocios y que la firma tuviera toda la información disponible para facilitar la adjudicación de licitaciones del Estado.
El acuerdo establecía que en el precio final que pagaría el Estado se contemplaba el costo del servicio, la ganancia de la empresa y un sobreprecio del 25% para distribuir entre funcionarios y empresarios implicados en la operación.
Inicialmente, el contrato era por $10.564.205 y se pagaron coimas por $3.022.000 a funcionarios y representantes de la empresa. Urribarri habría percibido el 36,47% del monto fijado como sobreprecio, más una mensualidad de $20 mil por 14 meses. Luego se firmaron adendas y extensiones de contratos que elevaron los términos del acuerdo inicial hasta los 26,8 millones de pesos, con las respectivas contribuciones para los funcionarios públicos.
Cuatro exfuncionarios admitieron haber cobrado coimas. Lo hicieron en juicios abreviados que les implicaron condenas, pero evitaron la cárcel, de acuerdo con las penas que adelantaron los fiscales que solicitarían en un juicio oral.
Guillermo Smaldone, exministro de Trabajo e hijo del exvocal del STJ Juan Smaldone, acordó cumplir una condena de dos años y ocho meses de prisión condicional, inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de $90 mil.
Del mismo modo lo hicieron Miguel Ángel Ulrich, exdirector de Ajustes y Liquidaciones del Ministerio de Economía; José Humberto Flores, exsecretario de Hacienda de la provincia; y Luis Alfonso Erbes, exsubsecretario de Presupuesto y Finanzas, que intervinieron en distintas etapas del proceso de licitación.
El exgobernador está acusado por delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, peculado y cohecho. Rechazó todas las imputaciones y repitió que todas sus acciones de gobierno fueron aprobadas por los organismos de control del Estado.
Ante la consulta de Letra P, en su entorno aseguraron que están a la espera de la resolución del STJ a distintos planteos. El más importante está relacionado con las evidencias que pretenden utilizar los fiscales: cuestionan, por ejemplo, que se incorporen pruebas producidas en otros expedientes, que la defensa dice desconocer y que no pudieron controlar. “Eso impide preparar el juicio y hacer una defensa eficaz”, advirtieron.
Por otra parte, que algunos funcionarios admitieran en los tribunales haber cobrado coimas no implica que Urribarri también lo hiciera. En todo caso, tal vez deja en una mala posición a Cardona Herreros, señalado como pagador.
Asimismo, el reconocimiento de responsabilidad por parte de quienes firmaron juicios abreviados tampoco genera ninguna presunción en contra del resto de los imputados, ya sea Urribarri o Cardona Herreros.
En un escrito incorporado a la causa, Urribarri hizo una defensa política: “Tengo la tranquilidad de haber hecho las cosas como corresponde y el orgullo de haber llevado adelante una gestión transformadora de la mano de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, quienes escribieron uno de los capítulos más importantes en la historia argentina y entrerriana”, expuso.
En un escrito incorporado a la causa, Urribarri hizo una defensa política: “Tengo la tranquilidad de haber hecho las cosas como corresponde y el orgullo de haber llevado adelante una gestión transformadora de la mano de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, quienes escribieron uno de los capítulos más importantes en la historia argentina y entrerriana”, expuso.
En términos jurídicos, las confesiones de los exfuncionarios no tienen implicancias para el resto de los acusados. Es ahí donde se dirimirá la suerte del exgobernador, que ya carga sobre sus espaldas una condena de ocho años de prisión por delitos de corrupción. La política, sin embargo, corre por otros carriles.
