EL NUEVO GOBIERNO

Efecto Javier Milei: intendentes de Córdoba ya aplican motosierra por mano propia

Algunas ciudades realizan ajustes presupuestarios, poda de gabinetes y búsqueda de recursos como estrategia preventiva. En alerta, otras esperan que el gobierno camine.

Mientras los gobernadores empiezan a impacientarse por la falta de definiciones sobre el plan de recorte del Estado que llevará adelante el presidente electo, Javier Milei, en Córdoba ya son varios las autoridades locales que activan anticuerpos institucionales para hacer frente al ajuste que impactará en las finanzas públicas. Recortes y adaptaciones presupuestarias son algunas de las recetas del “plan atajarse”, con el que buscarán que el impacto no pegue de lleno en el día a día de la gestión y termine complicando el devenir cotidiano en la vida en el pago chico.

Como ya contó Letra P, Martín Llaryora analiza un repliegue del esquema original que imaginaba para su primer gabinete. A dos semanas de su jura como sucesor de Juan Schiaretti la decisión no está tomada, aunque todo parece indicar que Córdoba, que tiene el equipo de gestión más grande del país, disminuirá el número de carteras. Al menos desde lo formal, reorganizará su equipo para salir a jugar un partido que tendrá al poder central como aliado estratégico, pero también como potencial escollo.

Los ministerios y agencias, que se perfilaban para ser casi treinta, con seguridad serán menos de veinte, aunque por estas horas se habla de funciones que serán absorbidas por otras áreas, y no del Estado desligándose de la tareas que hasta el momento viene cumpliendo.

Algo similar ya sucedió en Carlos Paz, donde Daniel Gómez Gesteira le puso el traje de agrimensor y preparó el terreno para que Esteban Avilés asuma la intendencia con una reducción de la planta municipal del 20%. En Alta Gracia, la gestión de Marcos Torres anunció que pasará de tener siete áreas centrales de gobierno a tener cinco. Además, este lunes se dio otro guiño en sintonía a los nuevos tiempos porque en la ciudad cabecera del departamento Santa María el área de Seguridad también estará conducida por una mujer, la actual viceintendenta María Cristina Roca.

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La capital provincial empezó a acomodar cuentas a futuro esta semana. Con el futuro intendente, Daniel Passerini, sentado en la presidencia del cuerpo, el Concejo Deliberante terminó aprobando una de las patas más importantes del paquete económico a aplicarse a partir del 2024. Según la norma, se habilita a que los impuestos municipales se actualicen a partir de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores (Ripte), para así evitar que los futuros ingresos queden atrás de la inflación. Algo no menor en la proyección de una liberación total de las regulaciones cambiarias.

En Villa María, la futura gestión de Eduardo Accastello se agazapa ante la reducción de las partidas destinadas a la obra pública y ya envió un proyecto de ordenanza para que la Municipalidad pueda “contratar empréstitos para obra pública”. El movimiento está habilitado por la Carta Orgánica, que de todos modos aclara que los montos destinados a tal fin no pueden comprometer más de la quinta parte de los recursos de cada ejercicio.

Algo similar plantean desde Río Cuarto, donde el intendente Juan Manuel Llamosas, que terminará su mandato el año próximo, ya reconoce abiertamente que las obras nacionales en ejecución podrían trabarse a partir de la plan que promete aplicar la gestión libertaria. Si bien una buena parte de las obras en proceso son costeadas con fondos locales, la gestión municipal no descarta buscan financiamiento para cerrar el mandato con los trabajos terminados.

Lo mismo piensan en el Ejecutivo de Río Tercero, comandada por el radical de Evolución, Marcos Ferrer. Allí ya enumeran las obras que se verán paralizadas, aunque piden ser cautelosos y esperar las medidas concretas que se tomen a nivel nacional. La preocupación mayor por estas horas está dada por los fondos destinados para la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero, aprobada por el Congreso de la Nación semanas antes de la primera vuelta presidencial.

El Km cero de Llaryora

En la ciudad de San Francisco, tierra natal del gobernador electo, se aprobó la semana pasada el Presupuesto 2024, que estima una suba en el gasto de casi un 100%, aunque asegura ingresos con un aumento impositivo de características similares. Buscando garantizar el equilibrio de las cuentas municipales, el intendente interino que asumirá el cargo definitivamente el 10 de diciembre, Damián Bernarte, lanzó una afirmación que abre un panorama de posibilidades para los intendentes que se preocupan por los recortes.

En la región, se están ejecutando dos tramos de la autopista 19, que contemplan unos 30 kilómetors de ruta. “O la termina la Nación o la va a terminar la provincia de Córdoba”, dijo Bernarte la semana pasada ante medios locales, abriendo una posibilidad que podría convivir con “la austeridad” propuesta por Milei.

El grueso de los intendentes de Córdoba, con viviendas, obras de asfalto, cloacas e infraestructura a mitad de camino no cree que la Provincia puede hacerse cargo de la ejecución final de los proyectos que abandonará la Nación.

Recortes obligados

La situación es más preocupante en el interior profundo, donde desde las localidades más chicas anticipan la necesidad de una reducción del gasto general y, lo que más preocupa, en las partidas destinadas a las políticas sociales. Todo terminará de definirse el 10 de diciembre cuando la asunción de las nuevas autoridades modifique el mapa del poder intendentista.

Sin embargo, hay quienes advierten que la crisis se viene acarreando desde hace ya algunos meses. “Subió el gasto y se achicó la coparticipación”, señalan desde el sur provincial. De hecho, hay mandatarios salientes que auditan sus propias gestiones para dejar “los números sobre la mesa” y evitar acusaciones futuras.

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El ministro Sergio Massa junto al intendente de Cruz Alta, Agustín González.

El ministro Sergio Massa junto al intendente de Cruz Alta, Agustín González.

Obras públicas financiadas por la Nación sin terminar y partidas retrasadas demarcan un mapa que preocupa transversalmente a actores de todas las fuerzas políticas, que no ven salida si el presidente electo cumple a rajatabla con sus promesas de campaña. “Nos vamos a tener que poner espalda con espalda con los intendentes para defender lo que nos corresponde”, dice Agustín González, que comenzará su segundo período al frente de la Municipalidad de Cruz Alta.

Perteneciente de una de las zonas agrícolas más importantes de la provincia, González advierte que una buena cosecha podría empujar el movimiento local, aunque señala que esa realidad podría empezar a observarse a partir del mes de julio. Antes, aclara, “los productores deberán hacer frente a las deudas generadas por las malas cosechas anteriores”, producto de la sequía.

Juan Schiaretti
Martín Llaryora pasó la lista de reclamos a Javier Milei.

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