La iniciativa es impulsada por UP y la UCR. Se incluyen penas de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por hasta diez años.
Diputados de UP presentaron un proyecto para sancionar a funcionarios por el uso indebido de sus redes sociales
Tras el escándalo por la criptomoneda $LIBRA, que sacudió la imagen de Javier Milei, diputados que integran los bloques de Unión por la Patria (UP) y la Unión Cívica Radical (UCR) presentaron un proyecto de ley para modificar el Código Penal y penalizar con prisión e inhabilitación de funcionarios públicos que utilicen las redes sociales de manera violenta o irresponsable.
La iniciativa legislativa cuya autoría pertenece a la chubutense Eugenia Alianiello, estipula penas que van de "dos a cuatro años de prisión para aquellas personas que públicamente o a través de redes sociales, por medio de publicaciones, aprobación expresa, replicaciones, ‘Me Gusta’, o cualquier forma de interacción digital que implique difusión o adhesión a la publicación, incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, cuando tal incitación sea idónea para generar un peligro cierto de afectación al orden público o la honorabilidad y/o la seguridad de las personas".
Además, detalla que si ese acto es realizado por un funcionario público, la pena aumenta "en un tercio e incluirá la inhabilitación especial para el ejercicio de la función pública por hasta diez (10) años".
El texto del proyecto plantea la modificación de los artículos 211, 212, 213 y 213 bis del Código Penal, introduciendo penas más estrictas en casos donde el delito sea cometido a través de redes sociales:
Artículo 211: Se penaliza con prisión de dos a seis años a quien infunda temor público o cause desórdenes, ya sea mediante amenazas directas o el uso de medios digitales. Si el responsable es un funcionario público, la pena se agrava y puede llegar a ocho años de prisión e inhabilitación por diez años.
Artículo 212: Se castigará con prisión de dos a cuatro años a quienes inciten a la violencia colectiva mediante publicaciones, aprobaciones expresas, “Me Gusta” o interacciones digitales.
Artículo 213: Se establece prisión de uno a tres años para quienes organicen o participen de asociaciones que busquen imponer ideas por la fuerza o el temor. Si esto ocurre a través de redes sociales, la pena aumenta en un tercio e incluye inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Artículo 213 bis: Se sanciona con dos a cinco años de prisión a quienes financien o promuevan grupos que atenten contra el orden público mediante publicaciones o interacciones digitales.
El proyecto ya se encuentra en la Comisión Permanente de Asuntos Constitucionales para ser abordado y tiene cómo finalidad "proteger a los ciudadanos de los abusos de poder que se cometen a través de plataformas digitales, y garantizar que los funcionarios públicos, como servidores del pueblo, sean responsables de sus acciones".
Esta iniciativa fue firmada por integrantes del bloque de UP: Victoria Tolosa Paz, Eugenia Alianiello, Pablo Yedlin, Guillermo Snopek, Nancy Sand, Liliana Paponet, Andrea Freites, Mónica Litza, Sabrina Selva, Roxana Monzón, Lorena Pokoik, Gabriela Pedrali, Ana Aubone y Jorge Romero. Además, adhirió a las modificaciones la radical Natalia Sarapura.