No hubo alarmas previas ni aviso por parte de los funcionarios abocados a la relación con el Poder Judicial. La decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender las elecciones en Tucumán y San Juan tomó por total sorpresa a la Casa Rosada, a los gobiernos de las provincias afectadas y a toda la dirigencia del Frente de Todos (FdT), que reaccionó con estupor ante lo que consideró una jugada política de los cortesanos, alineados con la oposición.
“En una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias, la Corte Suprema se alineó hoy con la oposición para anticiparse a lo que se preveía como posibles triunfos del peronismo en las provincias de San Juan y Tucumán el próximo domingo”, escribió el presidente Alberto Fernández en su cuenta de Twitter pasadas las 17, dos horas después de que se conociera la noticia.
Mientras la oposición celebraba la decisión del máximo tribunal como un triunfo propio, en el oficialismo reinaba el desconcierto. Ni en Balcarce 50 ni los gobernadores Sergio Uñac (San Juan) y Juan Manzur (Tucumán), afectados por la decisión, barajaban ya la posibilidad de que la Corte suspendiera las elecciones provinciales cinco días antes de su celebración. Ambos mandatarios transitaban los últimos días de campaña en sus distritos.
Las consideraciones jurídicas quedaron aparte. En el Gobierno hubo voces que advirtieron que la decisión de la Corte estaba en línea con los antecedentes del propio tribunal, por lo que los funcionarios que se refirieron al tema evitaron pronunciarse sobre el fondo de la cuestión y cuestionaron el fallo por la oportunidad elegida. A contrarreloj, en Tucumán y en San Juan comenzó el análisis de alternativas. Mientras se preparan para responder en términos formales ante los jueces, Uñac y Manzur evalúan nuevas fechas y estrategias electorales. “Tiene que ser cuanto antes, lejos de las elecciones nacionales”, explicó el vocero de uno candidato provincial a Letra P.
https://twitter.com/p_justicialista/status/1656045742882996269
“Curiosamente todo esto pasa mientras la Cámara de Diputados avanza en el proceso de juicio político contra los cortesanos”, sembró la sospecha el jefe de Gabinete, Agustín Rossi. No fue el único que interpretó la decisión del máximo tribunal como “un vuelto” de los jueces, acorralados en el Congreso por el juicio político que impulsó el Poder Ejecutivo junto a un grupo de gobernadores y de las tensiones entre el peronismo y el Poder Judicial por las causas de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El Partido Justicialista Nacional y el de la provincia de Buenos Aires también reaccionaron. "Nos pone al borde de la ruptura democrática", dice el comunicado que difundió el PJ bonaerense.
La sorpresa de la Casa Rosada y de ambas provincias dio cuenta del estado de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, ya que ninguno de los funcionarios señalados como nexo ante los magistrados pudo advertir sobre la decisión. Los cuestionamientos internos por la falta de información - satelitales en la coalición, no surgidos dentro de la administración albertista- recayeron sobre el ministro de Justicia, Martín Soria, el viceministro, Juan Martín Mena y el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro.
Cerca de las 21.30, el ministro del Interior emitió una declaración con un video de Youtube, en el que catalogó de "irresponsable" la decisión de la Corte. "Estamos frente a una virtual intervención federal de dos provincias", denunció.
La decisión de la Corte: Un hecho de gravedad institucional.
El fallo lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz y no fue rubricado por el cuarto integrante del Tribunal, Ricardo Lorenzetti, de viaje en el exterior y enemistado con los otros tres. El trío quedó envuelto en un escándalo luego de las declaraciones, en los últimos días, del exadministrador de la Corte, Héctor Marchi, en el marco de la comisión de juicio político, que conduce la oficialista Carolina Gaillard.
Marchi, hombre de Lorenzetti que fue desplazado de su cargo, había intentado enviar al Congreso auditorías que darían cuenta de irregularidades millonarias en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial. Todo se ventiló en la comisión de juicio político, donde el exadministrador fue citado como testigo.
El pedido de juicio político fue impulsado por el Presidente los primeros días de enero con apoyo de 12 provincias. Como contó entonces Letra P, entre las firmas no estuvo la de Uñac, que ya entonces temía que un fallo adverso de la Corte la trabara la posibilidad de pelear por un nuevo mandato como gobernador. El 3 de enero, cuando Fernández recibió en la Casa Rosada a los mandatarios que apoyaron el pedido de juicio político. el sanjuanino mandó a decir que desaprobaba la iniciativa.
A mediados de diciembre, el dirigente sanjuanino Gustavo Fernández, de Dignidad Ciudadana, había presentado una acción declarativa de certeza ante la Corte para que definiera si el gobernador podía presentarse nuevamente a elecciones. Lo mismo había hecho en Tucumán el intendente de la capital y candidato a vicegobernador por la oposición, Germán Alfaro, contra el actual gobernador Juan Manzur.
La Corte se mantuvo en silencio hasta este martes, cuando publicó el fallo que hizo lugar a ambos pedidos y decidió suspender las elecciones provinciales. Lo mismo había hecho en 2013, bajo la presidencia de Cristina Kirchner, cinco días antes de los comicios de Santiago del Estero. El cuestionamiento había sido el mismo. La Unión Cívica Radical (UCR) había impugnado la posibilidad de que Gerardo Zamora compitiera por un nuevo mandato. El máximo tribunal le dio la razón y el entonces gobernador designó como candidata a su esposa, Claudia Ledesma Abdala. Aquel fallo había tenido la firma de Lorenzetti, Maqueda, Carlos Fayt y Enrique Petracchi.
