La vicepresidenta, Victoria Villarruel, no convocó a la sesión pedida por cinco integrantes de Unión por la Patria para tratar el decreto de necesidad y urgencia 70/23, conocido como decretazo, y las autoridades de ese bloque anunciaron que volverán a convocar cada semana hasta que la vicepresidenta abra el recinto. "Queríamos una audiencia pública para discutir uno por uno los temas para que den explicaciones válidas”, se lamentó José Mayans, jefe del bloque UP, que ofreció una conferencia en su despacho junto a referentes de su bancada.
La elección de los invitados no fue casual. Pusieron la cara tres representantes de Santiago del Estero, que no participaron de la sesión preparatoria; el catamarqueño Guillermo Andrada, que responde al gobernador Raúl Jalil; y la tucumana Sandra Mendoza, quien llegó tarde y se apuró en salir en la foto. Mayans necesitaba confirmar que no recibe órdenes del mandatario Osvaldo Jaldo, que rompió el bloque de Diputados.
Si sostiene la unidad de sus 33 miembros, a UP le restan cuatro para llegar a una mayoría. Tiene garantizada a la rionegrina Mónica Silva y confía en sumar a la dupla de misioneros (Oscar Arce y Sonia Rojas Decut), aunque dependerá del destino de la ley ómnibus. Aún no logran la colaboración de colegas que se expresaron en contra del DNU como Carlos Espínola y Edgardo Kueider (Unidad Federal); y la dupla santacruceña, que integran José Carambia y Natalia Gadano.
https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLetra_P%2Fstatus%2F1753122247433166997&partner=&hide_thread=false
Como anticipó Letra P, Villarruel no convocó a la sesión pedida por UP porque, a su entender, el reglamento no la obliga y sus asesores encontraron antecedentes de sesiones pedidas que fueron ignoradas. El Gobierno intentará pisar el tratamiento del DNU hasta marzo, con la expectativa de un fallo de la Corte Suprema que valida el capítulo laboral, que fue declarado inconstitucional.
Con ese objetivo, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, demoró la integración de la bicameral de trámite legislativo, que debe debatir los decretos. Si demora diez días hábiles en tratarlo desde su arribo, pueden votarse en los dos recintos y, si en ambos se rechaza, queda anulado. Villarruel impidió que Unión por la Patria hiciera el primer intento en el Senado.
Incumple los deberes
En UP consideraron que el reglamento no habilita a Villarruel a hacer caso omiso a un llamado de sesión especial. "Dice que la vicepresidenta dispondrá de llamarla, no le da la opción. Ergo, está incumpliendo los deberes de funcionario público. La postura de nuestro bloque es volver a insistir todas las semanas hasta que logremos que se trate este DNU, que tiene en vilo a todos en Argentina. La postura va a ser insistir hasta que podamos dar respuesta que el pueblo está demandando", sostuvo Anabel Fernández Sagasti, vicejefa de la bancada.
Fuentes de la bancada recordaron que el reglamento del Senado comentado por Eduardo Menem, padre del presidente de la Cámara de Diputados, no aparece la facultad a la vicepresidenta de ignorar un pedido de cinco representantes de la Cámara alta para sesionar.
Recuerdan que cuando los entonces bloques de la oposición convocaron a una sesión especial en abril del año pasado, el entonces bloque del Frente de Todos citó a otra reunión una hora antes para superponerla, pero no cajoneó el llamado de sus rivales. "Villarruel no es senadora y no puede decidir si se hace o no una sesión. Está para conducir el debate, pero no para decidir si se realiza. Viola la ley y se tendrá que hacer cargo", advirtió la senadora Juliana Di Tullio.
Pese a la amenaza, en bloque UP aclararon a Letra P que no está en los planes hacer una denuncia penal contra Villarruel. "Al menos nosotros no lo tenemos pensado", aseguró una autoridad de la bancada. La estrategia será convocar a la misma sesión todas las semanas hasta marzo, cuando ya estará definido un día y hora para abrir el recinto. Entienden que, en ese momento, Villarruel no podrá ignorarlos.
