El oficialismo acompañó el proyecto libertario para ampliar plazos, habilitar prestadores y liberar precios. La reforma expone una nueva convergencia política.
Con apoyo del PRO, La Libertad Avanza dio este miércoles un paso clave para reformar el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) de la Ciudad. El proyecto amplía los plazos de revisión, abre el mercado a nuevos prestadores y elimina el esquema de precios regulados.
Más allá de los cambios técnicos, la iniciativa dejó al descubierto una dinámica que empieza a repetirse en la Legislatura porteña. El oficialismo acompañó una propuesta impulsada por la libertaria Pilar Ramírez que, en los hechos, revisa regulaciones construidas durante los propios años de gobierno del PRO y profundiza la convergencia con la agenda desreguladora de La Libertad Avanza.
El proyecto presentado por Pilar Ramírez propone una transformación profunda del sistema vigente. Entre los principales cambios figura la ampliación de los plazos de revisión para vehículos particulares. La primera verificación pasaría a realizarse a los cinco años del patentamiento, mientras que los automóviles de hasta diez años de antigüedad deberían revisarse cada dos años. Recién a partir de esa edad la VTV volvería a tener carácter anual.
La iniciativa también elimina el esquema cerrado de plantas verificadoras. En caso de aprobarse, talleres mecánicos, concesionarios e importadores podrán incorporarse al sistema y emitir certificados de verificación siempre que cumplan con los requisitos técnicos establecidos por la reglamentación.
Otro de los puntos centrales es la libertad tarifaria. Las estaciones habilitadas podrán fijar sus propios precios y la autoridad de aplicación dejará de establecer valores mínimos o máximos para la prestación del servicio.
La discusión excede la cuestión técnica. El acompañamiento del oficialismo porteño dejó expuesta una dinámica que empieza a repetirse en la Legislatura: la utilización de iniciativas impulsadas por La Libertad Avanza para revisar regulaciones construidas durante los propios años de gobierno del PRO.
La reforma modifica uno de los sistemas de control más visibles de la Ciudad. Actualmente la verificación puede realizarse en un número limitado de plantas habilitadas y bajo un cuadro tarifario definido por el Gobierno porteño. La propuesta libertaria reemplaza ese esquema por un mercado abierto donde cualquier taller, concesionario o importador que reúna las condiciones técnicas exigidas pueda realizar verificaciones y emitir certificados.
Detrás de esos cambios aparece una discusión política más amplia. Allí donde las administraciones porteñas construyeron durante años sistemas de habilitación, registros y controles específicos, los libertarios proponen reemplazarlos por esquemas de competencia abierta con menor intervención estatal sobre la prestación de los servicios.
Lo llamativo es que esa agenda ya no encuentra resistencia automática dentro del oficialismo. Por el contrario, empieza a funcionar como una herramienta útil para revisar aspectos del modelo regulatorio heredado de etapas anteriores de gestión sin que la iniciativa parta directamente del Poder Ejecutivo.
La dinámica ya había empezado a insinuarse en otros debates legislativos, pero la reforma de la VTV ofrece un caso especialmente visible por tratarse de una política pública que alcanza a millones de automovilistas porteños y por el impacto económico que puede tener sobre un mercado hasta ahora regulado.
La VTV podría convertirse así en el primer caso testigo de una estrategia que promete volver a aparecer en los próximos meses. Este jueves la Legislatura discutirá la denominada Ley Hojarasca porteña, otro proyecto orientado a eliminar, modificar o simplificar regulaciones vigentes. Si vuelve a contar con acompañamiento del PRO, la reforma impulsada por Pilar Ramírez podría leerse como el primer paso visible de una revisión normativa más amplia que comienza a redefinir la relación entre el macrismo y la agenda libertaria en la Ciudad.
