A 32 años del atentado, la pesquisa aporta elementos clave. La compra del explosivo, el rol de un imputado, los tres días de espera y la conexión Panamá.
En la investigación que determinó los ocho procesamientos a ciudadanos iraníes y libaneses acusados de participar en la organización y ejecución del atentado contra la sede de la AMIA, el juez Daniel Rafecas aportó al menos cuatro pruebas reveladoras de la trama que concluyó en la voladura de la mutual judía.
La sentencia, de más de 600 páginas, advierte que “en Teherán comenzó a analizarse la posibilidad de cometer un nuevo ataque en la Argentina” después del atentado contra la Embajada de Israel, perpetrado el 17 de marzo de 1992.
Rafecas precisó que el 12 de agosto de 1993, “Hassan Nasrallah, máxima autoridad de Hezbollah, se reunió en Irán con la máxima autoridad religiosa del Estado iraní, Alí Khamenei. En esa reunión, se habló de los planes para la Argentina. Hezbollah era la organización que podía ejecutar la operación fuera de Irán, con una estructura clandestina entrenada para actuar en el exterior y con presencia en la Triple Frontera (donde limitan Argentina, Brasil y Paraguay). La decisión iraní necesitaba un brazo operativo, y ese brazo era Hezbollah”.
Dos días después, el 14 de ese mes, se reunió el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Allí se aprobó la realización del atentado contra el edificio de la calle Pasteur 633. Para Rafecas, ese día “el análisis dejó de ser una posibilidad y se convirtió en una orden criminal”.
El magistrado sostuvo que “la elección del momento no fue casual”. En esos días avanzaba el proceso de paz entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, un acercamiento que Irán y Hezbollah rechazaban.
Salman Raouf Salman, también identificado como “Samuel El Reda”, agente libanés de Hezbollah, procesado como cómplice necesario, recibió el 1º de julio de 1994 en el aeropuerto de Ezeiza a un integrante del grupo operativo de Hezbollah, procedente de San Pablo y con documentación paraguaya, a nombre de “Hassan Bailoun”.
El juzgado informó que “no pudo ser identificado fehacientemente hasta la fecha”, pero según fuentes consultadas por Letra P con acceso a la causa no sería el terrorista. Salman abordó un vuelo a Puerto Iguazú el lunes 18 y su última comunicación fue desde Aeroparque ese día a las 7:41; llamó al coordinador operativo ubicado en la Triple Frontera, alias “André Marqués”.
“Para ese entonces, ya no quedaban más pasos, ni tareas, ni aportes que efectuar. La operación había llegado a las puertas del inicio de su ejecución y consumación, de la mano del conductor suicida”, indica el fallo.
A través del rastreo de llamadas, que se hacían desde locutorios ubicados en la avenida Corrientes al 700 y desde cabinas cercanas a la zona de la mutual judía, en el barrio porteño de Once, la investigación determinó una geografía: “En Buenos Aires estaban los operadores. En la Triple Frontera, la coordinación. En Brasil, los apoyos. En el Líbano, la estructura principal”.
La investigación de Rafecas también puso la lupa en el financiamiento. Precisó que “desde finales de diciembre de 1993 y durante los meses siguientes, (Mohsen) Rabbani empezó a manejar fondos en una escala superior a la habitual. El flujo de dinero creció justo en el período en que la operación entraba en su etapa final y se mantuvo hasta el día del atentado”.
Más cerca de la fecha del atentado, entre el lunes 11 y el viernes 15 de julio, la Justicia argentina determinó que “el grupo operativo en Buenos Aires se dedicó a adquirir los insumos para fabricar el explosivo, acondicionar la camioneta, cargarla y dejarla lista para concretar la explosión”.
El 11 de julio Salman llamó a un comercio de fertilizantes (“Super Agro”), interesado en adquirir el compuesto químico para la fabricación del amonal, que se utilizó en el coche-bomba. A partir del viernes 15 por la noche y el sábado 16 y domingo 17 no hubo actividad del grupo operativo ubicado en Buenos Aires. Hasta el lunes 18 temprano por la mañana.
El 5 de julio de 1994 se registró, entre otras comunicaciones, una llamada de Salman a la ciudad de Colón, en Panamá. Seis días después, reapareció la coordinación con ese país: desde un locutorio en Tucumán 2901, a unas 6 cuadras de la AMIA, Salman llamó al mediodía a un hotel en esa ciudad costera.
La investigación judicial determinó que el atentado a la AMIA estuvo ligado a otro ataque suicida, al día siguiente. El 19 de julio, a las 16:45, salió desde el aeropuerto de la ciudad de Colón el vuelo comercial 901 de la aerolínea “Alas Chiricanas”, con destino a la capital de ese país. La justicia indicó que un terrorista suicida, de origen libanés, logró acceder como pasajero e hizo estallar la aeronave en pleno vuelo, 35 minutos después del despegue.
Murieron los tres tripulantes y los otros 17 pasajeros, de los 12 pertenecían a la comunidad judía local. “Esos tres llamados a esa localidad (los días 6, 8 y 11 de julio) obedecían entonces, a mantener una coordinación entre ambas fases preparatorias, con vistas a que su ejecución sea próxima la una de la otra, como efectivamente sucedió”, afirmó el fallo. Ambos atentados fueron reivindicados por Hezbollah.
Rafecas concluyó que “ordenados en el tiempo, esos hechos revelan que la explosión de Pasteur 633, fue el resultado de una operación clandestina de carácter internacional, ejecutada mediante una secuencia organizada de movimientos coordinados, comunicaciones permanentes y decisiones, a través de un aparato de poder, que culminaron, en la mañana del 18 de julio de 1994, con el atentado terrorista más grave sufrido por la República Argentina, en toda su historia”.
