La Justicia porteña destrabó la obra junto a un convento histórico. El arzobispo Jorge García Cuerva resiste. Villarruel opina. El alcalde elige no definir.
La Justicia porteña habilitó la construcción del megatemplo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días junto al histórico convento de Santa Catalina de Siena. El fallo reavivó la tensión con la curia que gobierna Jorge García Cuerva y dejó al alcalde Jorge Macri en el medio de un conflicto que combina fe, patrimonio y política.
Como viene reconstruyendo Letra P, la relación entre la administración porteña y la cúpula católica local no atraviesa su mejor momento: la retracción del apoyo estatal a comedores gestionados por parroquias y la parálisis de la urbanización de villas ya habían tensado el vínculo entre Macri y García Cuerva antes de que el templo mormón volviera a poner al jefe de gobierno en el centro de la escena.
La Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña revocó por unanimidad la medida cautelar que frenaba la construcción del templo, en un giro que la Iglesia mormona interpretó como una reivindicación después de años de demoras.
El proyecto, de más de 14 mil metros cuadrados entre el templo, un edificio administrativo y un estacionamiento subterráneo, quedó formalmente en condiciones de avanzar, aunque restan permisos técnicos.
La organización Basta de Demoler, que lleva casi dos décadas litigando por la preservación patrimonial de la Ciudad, ya anticipó que apelará ante el Tribunal Superior de Justicia porteño y, si es necesario, ante la Corte Suprema. Su argumento central no es religioso sino urbanístico: sostiene que un proyecto de esa escala, por normativa, debería haber pasado por la Legislatura y no resolverse con la firma de un funcionario del área de Interpretación Urbanística.
El Gobierno porteño evitó pronunciarse con claridad sobre el fondo del conflicto. Fuentes del Ejecutivo consultadas por este medio admitieron que el proyecto "todavía no tiene autorización definitiva" y que resta analizarlo tras el fallo judicial, una fórmula que le permite a Macri no tomar partido ni por la Iglesia católica ni por el culto mormón, mientras la obra de peatonalización de la calle Viamonte —impulsada por su propia gestión— quedó señalada como responsable de nuevas grietas en el convento colonial.
Esa ambigüedad se da en el peor contexto posible para la relación de Macri con el Arzobispado de Buenos Aires. García Cuerva viene marcando distancia con la gestión porteña por el recorte de apoyo a comedores católicos que asisten a los sectores más vulnerables y por la paralización de los planes de urbanización de villas, dos frentes que ya habían deteriorado el diálogo entre la Ciudad y la Iglesia antes de que el conflicto de Santa Catalina se sumara a la lista.
El corazón del conflicto es el megatemplo mormón y el monasterio de Santa Catalina de Siena, construidos en adobe desde 1745, sin cimientos modernos y declarados Monumento Histórico Nacional.
La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos ratificó un dictamen que considera "no viable" levantar construcciones de esa magnitud en el entorno inmediato del convento, por riesgos estructurales, alteración del microclima y posible destrucción de patrimonio arqueológico, ya que en el predio lindero habría dos cementerios coloniales.
El rector de la parroquia, sacerdote Gustavo Antico, llegó a cerrar el templo por "riesgo estructural" tras detectar rajaduras que atribuyó a las obras de peatonalización, aunque la administración porteña sostiene que los daños ya existían antes de esa intervención.
García Cuerva respaldó personalmente el reclamo presidiendo una misa en el atrio, en un gesto que funcionó como advertencia pública tanto para el gobierno porteño como para las autoridades mormonas: aclaró que su postura no responde a una disputa interreligiosa, sino a la fragilidad estructural de cualquier edificación colonial ante obras de gran escala en su entorno.
Victoria Villarruel se sumó a la controversia a través de redes sociales, donde calificó al proyecto como una amenaza estética para el casco histórico porteño.
La vicepresidenta deslizó también un comentario sobre la escasa vinculación del culto mormón con la identidad argentina, aunque aclaró no tener competencia formal para intervenir en la decisión, al tratarse de un asunto de jurisdicción porteña y no nacional.
El plan de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días contempla dos edificios —el templo propiamente dicho y una torre administrativa— además de un estacionamiento subterráneo y un espacio verde de acceso público que ocuparía buena parte del predio. Según sus responsables, el diseño busca funcionar como amortiguador frente al convento vecino y sumar un pulmón abierto a los vecinos de la zona.
El culto, fundado en 1830 en Estados Unidos por Joseph Smith, sostiene que sus templos —a diferencia de las capillas de uso comunitario— están reservados a ceremonias consideradas sagradas, como matrimonios "por la eternidad" y bautismos por inmersión, y que su funcionamiento cotidiano es de bajo impacto para el entorno urbano.
En Argentina el credo dice reunir a alrededor de medio millón de fieles, con templos ya en funcionamiento en Ezeiza, Salta, Córdoba, Bahía Blanca y Mendoza, y prevé otro en Rosario.
Mientras el litigio sigue su curso, la manzana de Córdoba, Viamonte, San Martín y Reconquista quedó convertida en el escenario de una disputa que excede lo religioso: pone en juego la preservación del patrimonio colonial porteño y expone, una vez más, las dificultades del gobierno porteño para sostener el equilibrio entre la Iglesia católica y otros credos en pleno centro de la Ciudad.
