A un año de la ordenanza que habilitó el fallido bingo, la comunidad reclama información completa y advierte sobre decisiones técnicas que podrían reabrir el conflicto en el municipio comandado por Ariel Sujarchuk.
A un año del intento de instalar una sala de juegos sobre la Ruta 26, vecinos y organizaciones de Escobar reactivaron su estrategia institucional. El eje del reclamo se centra en el Bingo en Escobar y en el contenido del Plan Estratégico Territorial (PET), al que exigen acceder de forma íntegra para evitar un regreso indirecto del proyecto.
El planteo se formalizó mediante pedidos de acceso a la información pública dirigidos al intendente Ariel Sujarchuk, al Concejo Deliberante y a funcionarios del Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El mensaje sostiene que la planificación urbana no puede transformarse en una vía técnica para reinstalar una iniciativa rechazada socialmente.
Las solicitudes invocaron la Ley Provincial 12.475, la Constitución Nacional, la Constitución bonaerense y el Acuerdo de Escazú. Los firmantes remarcan que, por su impacto territorial y ambiental, el PET debe ser público, accesible y verificable por cualquier ciudadano.
En los escritos se indicó que el Municipio de Escobar elaboró un anteproyecto que fue tratado durante la 12ª Sesión Ordinaria del período legislativo 2025 del Honorable Concejo Deliberante, celebrada el 28 de noviembre de 2025. Allí se habría dispuesto su elevación al Departamento Ejecutivo para remitirlo a análisis provincial.
El pedido incluye la copia completa del expediente administrativo municipal, la versión consolidada de las normas urbanísticas, informes técnicos, diagnósticos, planos, antecedentes normativos y eventuales instancias de participación ciudadana incorporadas al trámite.
La presentación también puso el foco en el control bonaerense del ordenamiento territorial. Las cartas fueron dirigidas al subsecretario de Asuntos Territoriales, Agustín Robla, y a la directora provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, Carla Filippini, áreas clave para la convalidación técnica del plan.
Los vecinos aclararon que no atribuyen vínculos personales entre esos funcionarios y empresarios del juego como Daniel Angelici, Daniel Moutone o Fabio Fernández. Sin embargo, advierten que cada categoría urbana o corredor incorporado en el PET podría habilitar, o bloquear, un eventual retorno del bingo en la zona cuestionada.
El reclamo también alcanzó al intendente Ariel Sujarchuk y al cuerpo legislativo local, a quienes se señaló como responsables del recorrido administrativo del PET. Según el planteo, la experiencia de la ordenanza 6350/24 dejó en claro que las decisiones técnicas no podían quedar aisladas del control ciudadano.
Las organizaciones sostienen que el plan debe ser un instrumento de planificación transparente y no una herramienta indirecta para proyectos de alto impacto social. En ese sentido, reclaman claridad sobre cada etapa del trámite y sus fundamentos.
El escrito incluye además, un apercibimiento formal: si no existiera respuesta expresa en un plazo de ocho días hábiles administrativos, podrían iniciarse acciones judiciales por mora para garantizar el derecho constitucional de acceso a la información pública.
Con el calendario de fin de año como telón de fondo, el mensaje finaliza con una definición política que marca el clima del conflicto. Los vecinos aseguran conocer la cadena de decisiones y anticipan que seguirían el avance del PET “organizados y atentos”, con la intención de revisar cada paso antes de que el debate vuelva a encenderse.