Soy trabajador de la ciencia, la cultura, el arte y la educación. Es decir que soy parte de múltiples universos colectivos que terminamos 2023 con preocupación y comenzamos 2024 ya en estado de alarma. Mucho de aquello que se decía durante la campaña electoral, que La Libertad Avanza “no iba a hacer si llegaba al poder” en términos de derechos laborales, soberanía nacional y progreso científico, está ocurriendo a tan sólo un mes y algunos días de haber asumido.
Soy investigador de Conicet, docente y extensionista de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), específicamente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo (FCNyM), donde además soy presidente del Centro de Graduadxs, como parte de la agrupación Construcción Graduadxs [1]. Somos profesionales de la biología, la geología y la antropología, que trabajamos en ámbitos diversos, aportando a la soberanía de nuestro pueblo a través de prácticas inclusivas y democráticas y construyendo redes científico-académicas para la transformación socioambiental. Y, ante este panorama que se nos presenta, estamos realmente en estado de alarma.
Hay mucho para decir, pero a los fines prácticos dividiré esta columna en dos grandes temáticas. Por un lado, todo aquello que se refiere a cómo afecta en temáticas ambientales el Proyecto de Ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (Ley Ómnibus). Por otro, el grado de retroceso e incertidumbre que está viviendo el sistema científico nacional, en particular el Conicet.
Lo primero que hay que decir es que el proyecto de ley ómnibus se opone sin ninguna sutileza al derecho constitucional (Art. 41) a un ambiente sano y equilibrado. Derecho que apunta al desarrollo económico de nuestro pueblo en sintonía con el cuidado del ambiente. Se opone porque suprime regulaciones estatales clave en favor de pocos capitales privados y modifica de forma alarmante normativas vinculadas al ambiente.
Por ejemplo, las modificaciones de las leyes de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para Control de Actividades de Quema y de Protección Ambiental de los Bosques Nativos habilitan el avance de la frontera agrícola-ganadera y del sector inmobiliario sobre bosques nativos, ambientes esenciales para nuestra vida, muchos de los cuales hoy están protegidos. ¿De quién es esa particular necesidad y urgencia de contar con parcelas para aprovechamiento productivo en perjuicio del ambiente?
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Por su parte, la modificación de la ley de preservación de glaciares habilita la explotación económica de los periglaciares y la modificación de los balances hídricos en ambientes vulnerables, lo que beneficia sólo a la megaminería, en perjuicio de la protección del agua, algo que resulta por demás preocupante. ¿O alguien duda de la importancia del agua para el sostenimiento de la vida?
En cuanto a la pesca, este proyecto apunta a la desregulación y flexibilización del proceso para otorgamiento de permisos de pesca y deroga la obligatoriedad de desembarcar la producción de los buques pesqueros en muelles argentinos. Esto perjudica al sector redundando en la pérdida de puestos de trabajo, afectando la transparencia y trazabilidad y dificultando el acceso a mercados internacionales por no combatir la pesca ilegal. ¿Ni hablar de soberanía, no?
Es cierto que estamos en una crisis ambiental sin precedentes y que el sistema económico moderno imperante que se basa en la utilización y transformación de los bienes naturales comunes ya ha sobrepasado los límites de la naturaleza profundizando las desigualdades sociales. Pero, si bien es absolutamente deseable mejorar la legislación ambiental para apuntar a un mejor vivir de toda la población, esa mejora nada tiene que ver con la desregulación y el retroceso propuestos por el Poder Ejecutivo Nacional.
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Nuestras incipientes legislaciones ambientales representan hoy un umbral básico, un piso inderogable que garantiza a cada habitante de Argentina una protección ambiental mínima. Nos gustaría pensar un futuro en el que el uso de los bienes comunes sea más sostenible, cuya gestión sea cada vez más integral y participativa, con mayor acceso a la información y con más y mejores acciones que promuevan la cultura científica y la educación ambiental integral de la población, y de hecho, estamos trabajando para eso. El sistema nacional de ciencia y técnica posee sobrados ejemplos de iniciativas que apuntan a mejorar nuestra relación con el hábitat a partir de la generación de conocimiento.
El sistema científico
Si hablamos de ciencia nacional, el Conicet, el organismo promotor de la misma por excelencia, que ha sido numerosas veces ubicado en los rankings más altos a nivel internacional, y donde trabajan unas 28 mil personas, se encuentra en peligro.
Muchas personas no saben si podrán contar con las becas que les permitan ingresar al sistema, lo que redunda en la dificultad de avance y crecimiento de los equipos de trabajo. La no publicación de los resultados de la convocatoria a Becas ataca directamente a la producción científica nacional y deja en una situación de mucha incertidumbre a quienes apostaron por insertarse en el sistema científico tecnológico, luego de años de formación en la Universidad Pública y Gratuita.
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Entre les trabajadores administrativos, que son esenciales para el funcionamiento de todo el entramado del sistema, 50 han sido echados y el resto se encuentra en una situación de incertidumbre total. Lo que se está viviendo no hace más que confirmar el recorte presupuestario a ciencia y tecnología definido por el gobierno de Javier Milei(al degradar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a una secretaría, tal como lo hizo Mauricio Macri). Estamos frente a un gobierno con tendencia libertaria en temas económicos, pero conservadora en temas sociales, por lo que el desarrollo de la ciencia no le importa, sobre todo si la pensamos en términos de soberanía y justicia social.
Quienes trabajamos en el Conicet venimos llevando adelante una carrera que comienza mucho antes, en la carrera universitaria de grado, donde empieza un camino que no es fácil, cuyo propósito es ser parte de este sistema para trabajar por la ciencia pública, para todes les habitantes de nuestro país, algo que nada tiene que ver con los objetivos específicos del mercado o los intereses particulares de unos pocos.
La Argentina posee un sistema de ciencia y universidad públicas perfectible, seguro, pero que ha sido alabado en todo el mundo. Ingresar al Conicet es muy difícil. Los estándares, de nuevo perfectibles, son muy elevados, y las exigencias… miles. No es fácil ser parte, y sin embargo, es evidentemente muy fácil ser “carne de cañón” ante ataques maliciosos viralizados sobre determinados objetos de estudio (sobre todo de las ciencias sociales) y ante un imperante discurso “anticiencia” que está siendo promulgado por el gobierno nacional. ¿O no han escuchado al Presidente negar el cambio climático? (entre tantas otras expresiones que, lamentablemente, encuentran todavía asidero en parte de la población).
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Sin embargo los/as científicos/as argentinos/as no somos “tristemente” célebres sólo cuando nos mandan a lavar los platos o cuando nos tildan de ñoquis (como cuando tomamos el edificio del ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación en 2016), porque en los últimos años la ciencia se ha vuelto una de las protagonistas de las noticias, ya sea por descubrimientos, vacunas, información vinculada a la pandemia por COVID-19, y además, aunque en este momento parezca sorprendente, dicho protagonismo va acompañado de un crecimiento en el interés de la población por la ciencia y un aumento en la valoración de sus profesionales (lo dicen las Encuestas Nacionales de Percepción Pública de la Ciencia). Sin embargo, ahora que otra vez la ciencia y los/as científicos/as volvemos a estar en el tapete de la opinión pública porque no sabemos si se van a poder pagar los servicios básicos de los institutos donde trabajamos, o incluso si tendremos o no sueldo después de mitad de año, vale preguntarnos y repreguntarnos un sinfín de cosas. Entre ellas, ¿a qué imaginario social de la ciencia hemos aportado? ¿Qué lugar le hemos dado al diálogo fuera de la academia? ¿Qué vínculo hemos creado (o no) con la sociedad?
Desde la militancia estamos seguros de que hay que tener cada vez más espacios de formación y reflexión para discutir de manera conceptual el rol de la producción científica para el desarrollo de un país más justo, soberano e igualitario y además, para problematizar nuestra formación e intercambiar experiencias que apunten a entender la ciencia como parte de la cultura. Sin embargo, nada de esto se logra achicando el apoyo del Estado, más bien todo lo contrario. Sólo basta con ver cuánto invierten en ciencia aquellos países que suelen ser tomados como modelo. Es preciso promover una ciencia más participativa, que conlleve la co-construcción del conocimiento a partir de las numerosas capacidades científico-tecnológicas que poseemos como país, consolidando un sistema público articulado y eficiente.
Por eso, finalmente, rechazamos esta avanzada liberal sobre los derechos laborales y la soberanía del conocimiento, exigimos la reincorporación de les trabajadores despedides y la publicación de los resultados de las becas y promociones y acompañamos la lucha de todos los sectores, como el de la cultura, al que también pertenecemos.
La Ciencia Argentina es Trabajo.
La Ciencia Argentina es Soberanía.
La Ciencia y la educación pública no se venden, se defienden.
[1] El contenido de esta columna está basado en las numerosas declaraciones realizadas en las últimas semanas por la Agrupación Construcción Graduadxs (Conducción del Centro de Graduadxs “Osvaldo Bottino” de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo - UNLP). @construcciongraduadxs
