Leonardo “Leo” Álvarez dejó de ser el jefe de Gabinete de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, en septiembre de 2021. Sin embargo, en la provincia patagónica nadie creyó que ese movimiento lo alejara del poder. El exjefe del bloque del Frente para la Victoria en la Legislatura local y exministro de Producción ya era un pez que nadaba con fluidez entre el sector público y el privado. Su condición de exfuncionario, lejos de quitarle margen de maniobra, lo consolidó en el ámbito de los negocios. Volcado ahora completamente al rubro empresario, en algunos tinglados políticos no descartan que busque incidir en el armado electoral del peronismo. Ponen la lupa sobre su vínculo con el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, quien está en campaña para alzarse con la candidatura oficialista a la gobernación.
Minería, petróleo, transporte, energía, servicios, medios de comunicación. No hay sector productivo que le resulte ajeno al empresario oriundo de San Julián. Quienes le cuentan las costillas hablan de una docena de empresas que forman parte de su patrimonio. En voz baja, sugieren que tendría participación en varias más. Principal armador de la campaña de Alicia en 2019, aunque por fuera de la estructura tradicional y de La Cámpora, su influencia en el gobierno provincial le permitió tejer un ida y vuelta entre la función pública y los negocios. Su crecimiento vertiginoso le granjeó enemistades en el mundo privado. Sin embargo, las figuras del empresariado que quisieron plantarle pelea finalmente abandonaron sus intereses en Santa Cruz y migraron a Chubut.
Álvarez siempre se mostró cerca de la mandataria y nunca dudó en refrendar su vínculo. “Dejo un cargo, pero no abandono un proyecto político en el que creo. Acepto y valoro cada decisión de la gobernadora Alicia Kirchner, a quien admiro y quiero”, dijo al renunciar tras la derrota de las PASO de 2021, cuando dio un paso al costado menos por discrepancias que por oportunismo. La versión local de Juntos por el Cambio le había sacado 12 puntos al Frente de Todos (FdT). El empresario buscó ponerse a salvo de una gestión problemática a la que no le vio futuro y apostó a consolidar la red de negocios que ya tenía tendida en Santa Cruz sin las limitaciones de ser funcionario. Olfato pareció no faltarle. Dos meses después, en las elecciones generales, el FdT retrocedió al tercer lugar, superado por la lista del sindicalista Claudio Vidal.
Quienes le siguen la trayectoria al empresario y lo sindican como un pulpo santacruceño que amasó su poder de los dos lados del mostrador enumeran variados ejemplos. En 2015, cuando Álvarez era diputado provincial, el cuestionamiento caía sobre Transporte Álvarez, la empresa con base en San Julián que abastecía a las empresas mineras de la zona.
El portal de noticias OPI Santa Cruz apuntaba que “el legislador es proveedor minero y legisla sobre minería, como integrante de la comisión respectiva en la Cámara de Diputados. Una extraña forma de combinar lo público con lo privado y dejar la sospecha de cuándo actúa en uno u otro sentido". Además, lo catalogaba como "uno de los más férreos defensores de las empresas mineras, cuando el Ejecutivo pretendía aprobar un proyecto de ley que exigía a las empresas un canon inmobiliario por los negocios multimillonarios que hacen las multinacionales, vendiendo las riquezas del subsuelo de Santa Cruz”.
Otro caso de relevancia pública fue la adquisición de La Opinión Austral, el diario de Río Gallegos que fue una herramienta clave en la campaña electoral de 2019 en el norte provincial del actual vicegobernador Eugenio Quiroga, uno de los propietarios del medio. En la operación, también quedó en la mira el ministro de Economía, Ignacio Perincioli.
Meses después, en plena pandemia, la creación de la financiera Onix Inversiones y de Desmalezar SRL, destinada a prestar servicios en el sector de la minería y el petróleo, reflotaron las sospechas sobre la utilización de Álvarez del andamiaje del sector público en favor de sus intereses en el sector privado.
El diputado provincial José Luis Garrido denunció que quien entonces era un alto funcionario de gobierno estaba inscribiendo empresas que luego prestarían servicios en actividades reguladas por el propio Ejecutivo. “Un director expresidente de Servicios Públicos, el hermano del Jefe de Gabinete y la esposa de un Secretario General de la minería generan una empresa para hacer prestaciones de servicios al sector”, denunció el legislador, quien no necesitó desplegar una sesuda investigación para poner el grito en el cielo: Álvarez figuraba en el aviso legal de creación de la compañía en el Boletín Oficial del 29 de octubre de 2020.
La denuncia no tuvo eco. La gobernadora dejó seguir. Ambas empresas pudieron prestar servicios a las grandes compañías mineras y petroleras de la provincia. Álvarez estaba de los dos lados del mostrador. En 2023, consolidado como uno de los empresarios más poderosos de Santa Cruz, hay quienes presumen que puede intentar otra vez pegar el salto.
