El Presupuesto previsto para el año que viene establece una pauta de crecimiento fresquita, de solo el 2% del producto bruto interno (PBI), y un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 60%. Ratifica, asimismo, que el déficit primario –antes del pago de deuda– se reduzca del 2,5% de este año al 1,9%, tal como surge del acuerdo en vigor con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El punto de partida de la economía del año electoral es, claro, el cierre del actual. De acuerdo con el ejemplar de agosto del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la encuesta entre analistas que el Banco Central realiza cada mes, 2022 finalizará con un crecimiento económico del 3,6% –3,7% de acuerdo con el top ten de mejores pronosticadores de esa variable– y con un IPC del 95% –99,4% para quienes más se destacan en esta materia–.
Las proyecciones del REM para el año próximo son, respectivamente, de apenas 1% y 84%. Sería un año áspero.
Lo que ocurrirá con los precios mantendrá al país en el régimen de alta inflación en el que ha entrado, uno en el que el fenómeno básicamente se alimenta de sí mismo: el IPC sube… porque sube el IPC. En semejante contexto y en un país en el que el dólar siempre es un barrilete cósmico, resulta prácticamente impensable que la economía encuentre caminos para un crecimiento significativo y para que los ingresos de la población superen la evolución de los precios.
Ahora bien, ¿qué dice el Presupuesto 2023 sobre la economía del año electoral?
Martín Kalos, director de la consultora Epyca y especialista destacado en la materia, le dijo a Letra P que, "en lo que se refiere al PBI, este año dejará un crecimiento del 4%. Como en el primer semestre la expansión fue del 6,9%, eso habla implícitamente de un estancamiento y hasta de algunos meses de caída de la actividad económica en el segundo. Para el año próximo propiamente dicho, el Presupuesto establece un crecimiento del 2%, muy moderado en relación con lo que venía siendo la recuperación pospandemia y signado por la escasez de divisas que afecta a buena parte del tejido productivo, rasgo que no va a desaparecer de buenas a primeras el año que viene".
En términos de inflación, "el Presupuesto 2023 fija un 95% para este año, en línea con lo que esperamos los centros universitarios y las consultoras. Para 2023 habla de un 60%. Cabe recordar que ese número no es una meta del Gobierno, sino una pauta que tiene que cumplir con el principio de prudencia. El número que establezca el Gobierno impacta sobre la recaudación tributaria y, si proyectara una perspectiva de inflación más alta y la recaudación no llegara a lo que se debe proyectar en base a aquella, debería recortar gastos. Esto explica que siempre se ponga un número más bajo que el esperado", explicó.
Lo cierto es que ese 60% luce muy bajo frente al REM y, más importante, frente a lo que deja 2022. Pensar en una caída de entre 30 y 40 puntos porcentuales no parece precisamente realista, algo que, sin dudas, centrará las críticas opositoras en el Congreso. De cualquier forma, no habría que especular con que Juntos por el Cambio dejara al Gobierno sin esa herramienta ya que eso significaría desatarle totalmente las manos en materia de gasto discrecional justo antes de la apertura de las urnas.
Por otra parte, Kalos advierte que "el proyecto de Presupuesto cumple con todas las metas que se plantearon con el FMI, como la reducción del déficit fiscal, que viene de la mano de la disminución de los subsidios a la energía y, en menor medida, al transporte: ambas caen abruptamente en términos reales desde el 12% que tenían asignado en el Presupuesto 2022".
Asimismo, explica que "hay un aporte, no menor, una caída real del 4% del gasto en seguridad social. Ante una aceleración inflacionaria como la que tenemos y que va a seguir constatándose en los próximos trimestres, la ley de movilidad jubilatoria corre siempre a la inflación con un atraso de un trimestre, lo que le reduce al Gobierno las erogaciones en jubilaciones y en las prestaciones de seguridad social que están asociadas a ellas. Para que las jubilaciones le ganen a la inflación, esta debería empezar a caer, pero falta para que eso ocurra".
En ese sentido, el economista recuerda que "la ley de Administración Financiera, que data de mediados de los años 90, establece que, una vez que se supera el monto de recursos que indica el Presupuesto, todo lo extra que ingrese como recaudación de impuestos es asignado a discreción por el jefe de Gabinete por resolución administrativa. Eso podría darse desde septiembre, pero, en general, podría esperarse desde la segunda mitad del año". Aparece, por fin la carta de Massa y del Frente de Todos.
Todo indica que el Gobierno acelerará al máximo posible la ejecución de los gastos presupuestados y que podría comenzar a gastar los impuestos no previstos, pero que se cobrarán tan pronto como mayo… justo cuando comiencen a definirse las candidaturas y la campaña tome temperatura.
A propósito, el mismo Massa que dice en diálogos privados, pero que nunca convierte en un compromiso público, que apunta a ser candidato presidencial en 2027 afirma en privado que decidirá "en abril o mayo" si juega en este turno o lo deja pasar.
¿Por qué piensa en esas fechas? Porque espera, mientras junta reservas tranquilizadoras y sopesa cómo marcha la nueva temporada alta de los sojadólares, que la inflación baje para entonces, si no para finalizar el año en el mencionado 60%, sí, al menos, para que caiga a alrededor del 4% mensual, lo que acercaría la proyección de los 12 meses siguientes a ese fetiche. Eso le daría, si no grandes concreciones, al menos una narrativa, la de estar abatiendo a la inflación sin lanzar la bomba neutrónica de un shock que dejara en pie los edificios pero terminara con la vida humana. El problema es que el contexto está demasiado corrido a la derecha y el mundo tira para abajo.
¿Le alcanzaría a Massa o, lo que casi es lo mismo, al Frente de Todos parea dar pelea con semejantes números? En esos cálculos anida un dilema: si la reducción de la inflación es una condición indispensable para un sueño presidencial, el incremento del gasto en base a la percepción de impuestos no previstos sería un nuevo acicate para el empinamiento de los precios. Claro que eso también podría tonificar en el margen el nivel de actividad y hasta el empleo, pero la sábana del panperonismo es desesperantemente corta.
Por último, ese eventual incremento del gasto, que empezaría por paliar a través de la asignación de sumas fijas el deterioro de las jubilaciones y los planes sociales, podría comprometer o no la meta fiscal ratificada hace poco con el Fondo. Todo, claro, depende de las medidas.
Así las cosas, hacia mediados del segundo trimestre del año próximo podría comenzar a percibirse un incremento decidido del gasto público. Llegaría la hora de tirar toda la carne al asador… Ya se verá si el menú alcanza para que coman todos los invitados.
