26|11|2022

El gobierno bonaerense pone en marcha un aumento de los peajes

25 de septiembre de 2022

25 de septiembre de 2022

La suba se aplicará entre diciembre y marzo. Alzas de tres dígitos, pero lejos del IPC. Empresas de camiones, jaqueadas por la inflación, piratas y pirañas.

La administración bonaerense de Axel Kicillof puso en marcha el proceso regulatorio para autorizar un ajuste en los peajes bonaerenses del 125% entre diciembre y marzo del próximo año. La actualización de los cuadros tarifarios en la autopista La Plata-Buenos Aires y en las rutas del sistema vial atlántico arrancará en diciembre con un primer incremento del 90% que se sumará al ajuste del 50% promedio que rige desde agosto. El segundo tramo de la readecuación tarifaria se implementará en marzo con una suba adicional del 35%.

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De esta manera, entre agosto de este año y el primer trimestre de 2023, las cabinas de peajes que dependen de la provincia acumularán un ajuste tarifario que oscilará entre el 200% y 275%. La decisión oficial de remarcar los peajes quedó plasmada en el llamado a consulta pública que instrumentó el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini, para exponer los fundamentos técnicos y económicos de los aumentos y recabar la opinión y planteos del público usuario. La instancia de participación ciudadana se hará de manera virtual y finalizará el 21 de octubre.

 

En la nota enviada a Nardini para actualizar las tarifas, el titular de Aubasa, Ricardo Lissalde, planteó que “los porcentajes de aumentos resultan inferiores a los índices de actualización aplicables por contrato para mantener el nivel de las tarifas en niveles de sustentabilidad económica de la empresa y compatibles con la calidad de servicio”.

 

Según consignó el timonel de Aubasa, el aumento del 256% que acumularán hasta marzo los peajes en la autopista La Plata-Buenos Aires quedan muy lejos del incremento del 431% que registró el Índice de Precios Nivel General y la suba del 335% que tuvieron los salarios del sector asalariado en los últimos cuatro años.

 

Con los incrementos en juego, el peaje para los autos en las estaciones de Dock Sud y Hudson de la autopista saltará de $60 a $100 en diciembre y a $130 en marzo. En tanto en la autovía 2, la tarifa en las cabinas de Samborombón y Maipú que deberán abonar los automovilistas treparán de $180 a $350 en diciembre y luego a $450 en marzo.

 

En las últimas semanas, la autopista Buenos Aires-La Plata se convirtió en el escenario de una nueva disputa entre la empresa estatal bonaerense; y el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes (SUTPA), que agrupa a unas 1.100 personas y tiene como conductora a Florencia Cañabate, aunque en los hechos el fundador de la organización, Facundo Moyano, opera como un secretario general blue.

 

Junto con levantamiento de las barreras, que según la empresa implicó una pérdida económica diaria de $ 20 millones, y los cuestionamientos a la firma estatal, Moyano hizo responsable a Kicillof de “la destrucción del sector por mantener tarifas insignificantes por hacer populismo barato”. Para quienes conocen el paño, detrás de la embestida contra Lissalde habría también un interés por direccionar determinados contratos de provisión de insumos y tercerización de tareas a empresas afines al gremio.

 

Como contó Letra P, detrás de la pirotecnia mediática, se esconde la disputa por el manejo del presupuesto de Aubasa, en la que el Sindicato del Peaje reclama una mayor injerencia del representante que el gremio posee en el directorio. Al mismo tiempo, mediante un proyecto de ley, busca que se estaticen las concesiones del resto de las autopistas metropolitanas y que, una vez que estén en manos de la Nación, el gremio que conduce tenga un porcentaje societario. 

 

Más allá de las internas, las empresas transportistas de cargas ven con preocupación los aumentos en los peajes, como los que viene aplicando el gobierno nacional en las rutas que opera la empresa estatal Corredores Viales, porque no ayudan a descomprimir la presión alcista que registran los costos operativos del sector. Según el relevamiento que realizan los técnicos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), entre enero y agosto, los costos operativos y salariales aumentaron un 71% y ya acumulan una suba del 88% en los últimos 12 meses del año.

 

Piratas y pirañas

A la inquietud por los peajes, las empresas dueñas de los camiones le agregan otro problema creciente que impacta en la actividad del transporte de cargas. A los conocidos “piratas” que asaltan y secuestran los vehículos, se ha sumado en los últimos meses el accionar delictivo de las denominadas “pirañas” del asfalto.

 

El reciente informe elaborado por la “Mesa Interempresarial de Piratería de Camiones” destacó como novedad la entrada en escena de las “pirañas del asfalto”, conformadas por grupos de entre cinco y diez delincuentes que roban “al voleo” mercadería de camiones y camionetas en el momento de la carga y descarga o cuando los vehículos se detienen ante la luz roja de un semáforo.

 

El trabajo detalló que “piratas y pirañas” concretaron en promedio 4,4 robos por día entre julio de 2021 y el 31 de agosto pasado, período en el cual alcanzaron un total de 1.635 casos.

 

Tras señalar que esa marca resultó un 12% superior a la registrada en el relevamiento del año pasado, el informe indicó que el rubro más golpeado fue, nuevamente, del de los comestibles (alimentos, bebidas, golosinas y vinos) que concentró el 35% de los robos, seguido por el robo de “paquetería” (por el boom de entregas de las ventas online) con el 16% y los productos electrónicos, con el 12%.

 

Ese podio mostró también dos datos nuevos: en el último año, el rubro “materiales de construcción” saltó del 1% al 5% y el correspondiente a “granos” se sumó a la lista por primera vez con una incidencia del 1%.

 

El trabajo realizado por los abogados Víctor Varone y Gabriel Iezzi, con la información aportada por más de 90 empresas de cargas, transportistas, aseguradoras y operadoras logísticas, puntualizó que el 54% de los robos ocurrieron en la provincia de Buenos Aires, el 20% en la Capital Federal y el 26% restante en el interior del país.