Ligado al expresidente Mauricio Macri desde que eran compañeros en el Colegio Cardenal Newman y actual asesor de negocios de la terminal de contenedores de Mar del Plata, el extitular de la Administración General de Puertos (AGP) Gonzalo Mórtola ingresó a la lista de funcionarios del gobierno de Cambiemos que quedaron en la mira de los tribunales de Comodoro Py. Tras una denuncia presentada en 2018, el juez federa Marcelo Martínez de Giorgi dictó esta semana el procesamiento de Mórtola por haber contratado desde la AGP de manera directa e irregular a la consultora privada española Indra por un monto cercano a un millón de dólares.
El titular del juzgado federal 8 cargó contra el extimonel del organismo portuario tras haber sido hallado “prima facie” como autor penalmente responsable del delito de violación de los deberes de funcionario público. Esa acusación lo expone inicialmente a una sanción de hasta dos años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, aunque la misma podría ampliarse a “fraude contra el Estado”, que tiene penas de hasta seis años de prisión efectiva.
Encargado de la recolección de fondos en las compañas electorales de Macri en la ciudad de Buenos Aires y para la elección presidencial de 2015, Mórtola había desembarcado al frente de la Administración General de Puertos (AGP) en diciembre de ese año sin ninguna experiencia ni conocimiento previo del sector.
Ahijado político del senador José Torello, amigo íntimo y exjefe de asesores de Macri, Mórtola desplegó una activa y polémica gestión como interventor del ente portuario nacional. Con vuelo propio y respaldado en su llegada directa a la Casa Rosada, Mórtola mantuvo una tirante relación tanto con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como con el exministro de Transporte Guillermo Dietrich, de quien dependía orgánicamente.
Con la administración porteña las diferencias se plantearon por el incumplimiento de la promesa electoral de Cambiemos de traspasar a la órbita de la Ciudad el puerto capitalino, el único que sigue a cargo del Estado nacional. Tras haberse mostrado reticente a iniciar esa movida, Mórtola terminó de sepultar las aspiraciones de Larreta cuando decidió llamar a una licitación nacional e internacional destinada a renovar y extender hasta 2050 las concesiones de las terminales privadas que operan el puerto de Buenos Aires.
Con Dietrich, las disputas se generaron porque siempre se cortaba solo con las decisiones de fondo de la AGP, sin informar ni consultar previamente a la cartera de Transporte. El malestar de Dietrich quedó plasmado en el hecho de que le pasó la posta del ministerio a Mario Meoni el 10 de diciembre de 2015 sin haber aprobado los dos últimos ejercicios contables y los planes de acción que llevó adelante la AGP.
Una de las primeras medidas que tomó al acceder al despacho principal del edificio histórico de la AGP en la avenida Huergo fue la contratación de una decena de personas identificadas con el macrismo para tareas de asesoría. Además de otorgarles suculentos honorarios, dispuso que casi todas cuenten con un auto oficial con chofer para sus traslados habituales.
Desconfiado de la línea gerencial y el funcionariado histórico del organismo y de quienes ejercían la representación gremial del sector, armó con su staff una suerte de “gabinete paralelo” para conducir a la AGP.
Una de las acciones más cuestionadas que implementó fue la venta de los numerosos terrenos del área portuaria y del amplio predio que rodeaba a la histórica casa central en Puerto Madero. Entre 2017 y 2018, la gestión de Mórtola remató el equivalente de 33 manzanas en las zonas más caras de Buenos Aires, que quedaron en manos de las firmas Consultatio, de Eduardo Constantini; TGLT, vinculada a Nicolás Caputo, y Fidecomiso BAP, del banquero Edmond Zafra.
Esas ventas, según un análisis de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), habrían representado para el Estado una pérdida económica superior a los US$ 76 millones.
Aunque intentó acelerar los tiempos para poder adjudicarla antes de dejar el cargo, no pudo concluir la megalicitación que había puesto en marcha para la reprivatización del puerto de Buenos Aires que, según la mirada mayoritaria de las empresas y agentes del sector, estaba fuertemente direccionada para el grupo PSA, el operador del puerto de Singapur que tenía como principal lobista a Nicolás Caputo, el “hermano del alma y socio comercial” de Mauricio Macri y cónsul honorario de ese país en Argentina.
La crisis económica y financiera de 2018 y los traspiés políticos del macrismo en 2019 fueron postergando las presentaciones de ofertas hasta la llegada de la administración de Alberto Fernández, que optó por dejar sin efecto ese proceso licitatorio.
En el caso de la contratación directa de la consultora Indra por la que ha sido procesado, fundamentó la medida con un informe técnico favorable elaborado por los “expertos en materia portuaria Martín Hagelstrom y Ernesto Laborde”, que fueron contratos por el área de Finanzas y Sistemas de la AGP.
Puertas adentro del organismo, la decisión de Mórtola había generado desde el inicio dos cuestionamientos significativos que fueron tomados en cuenta por el juez federal Martínez de Giorgi. Uno de ellos apuntó al hecho de por qué se buscaron consultores externos cuando los equipos profesionales y técnicos de la casa estaban capacitados y en condiciones de confeccionar los pliegos licitatorios. A eso se sumó el llamativo y sospecho apuro por salir a contratar a Indra sin haber efectuado previamente una consulta rápida o pedido de cotización a otras empresas o universidades especializadas en temas de logística y negocios portuarios.
