El plan de ajuste de las cuentas públicas, que incluyó el congelamiento de la emisión monetaria, impactó en la economía de la clase media y de los que pelean por no caer en situación de pobreza, al punto de que su efecto en el clima social y político comenzaba a vislumbrarse como un problema para el Frente de Todos. El diputado y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, lanzó un reclamo al ministro Sergio Massa para que los trabajadores que menos tienen puedan afrontar la escalada inflacionaria que se potenció en julio y que promete sostenerse alta en agosto. Hábil de reflejos, el tigrense anunció dos medidas que alivió las tensiones: un ingreso extra de 20.000 pesos para los hijos e hijas de los asalariados con menores ingresos, que abarca a alrededor de 1,1 millón de familias. La zanahoria después del garrote.
La movida del superministro contrastó con la reticencia que había mostrado el exministro Martín Guzmán, que resistió al reclamo de los socios del FdT de poner en marcha otras ediciones del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que sólo se activó en tres oportunidades en el medio de la crisis por el covid-19, y que luego se focalizó en ayudas puntuales. La medida anunciada el martes por Massa, junto con la jefa de la Anses y camporista, Fernanda Raverta, significará poco menos de la mitad de la inversión que se necesitó para un IFE en 2020. Mientras que ahora la ayuda directa será de 20.000 pesos, el bono universal antipandemia había sido de 10.000 pesos.
Esta jugada contrastó con el ajuste de las cuentas públicas que Massa le llevará a Washington la semana próxima, en forma de plan, a la directora-gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, de modo de conseguir la venia para avanzar con la segunda revisión del cumplimiento del programa de facilidades extendidas por la renegociación de la deuda pública por los 45.000 millones de dólares tomados por la administración de Mauricio Macri. Los fondos para costear el alivio no saldrán del Tesoro nacional de manera directa, sino que se destinará casi un cuarto de los 250.000 millones de pesos que el Gobierno espera recaudar del anticipo del impuesto a las Ganancias que deberán pagar las empresas que se beneficiaron con ingresos extra debido al contexto mundial bélico.
"Queríamos dejar claro que no queremos a ningún trabajador argentino debajo de la línea de pobreza. Esta decisión de reforzar y llevar a 20 mil pesos las asignaciones familiares de los trabajadores de ingresos más bajos, un millón en todo el país, tiene por objetivo recuperar el ingreso de los trabajadores, protegiendo y cuidando el orden fiscal", afirmó el titular del Palacio de Hacienda, en un acto que compartió con Raverta y dirigentes gremiales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en el Centro de Servicios Metalúrgicos Ferrosider en la localidad bonaerense de Escobar.
No resultó raro que Massa y Raverta hayan elegido como escenario al mismo sindicato que, durante el fin de semana, había escuchado a Máximo Kirchner pedir un bono para redistribuir las riquezas de las empresas metalúrgicas. "Vamos muchachos, ¿no pueden con una suma fija de $ 30.000 mientras se desarrollan las paritarias?", les había dicho, ante la mirada atenta del secretario general de la UOM, Abel Furlán. Lejos del retorno de la tensión de recientes épocas, fue más un pase de baile que dejó bien parados a ambos: mientras el jefe del PJ bonaerense alentaba a una paritaria libre, el superministro se mostró "sensible" a las necesidades de los trabajadores con menores ingresos, que sufrirán el golpe inflacionario de agosto, que estará por encima del 6%, según el consenso de las consultoras.
"El ajuste es una de las medidas que debemos aceptar para poder tener futuro económico, pero a la vez se necesitan paliativos para cuidar a los más golpeados, más allá de la ayuda social. El recorte, que impactará más fuerte con la quita de subsidios en los servicios públicos, necesitaba una contraparte. Este bono es algo, aunque no sea mucho, para demostrar que se pueden ordenar las cuentas públicas sin pensar en las necesidades de los trabajadores", admitió un funcionario de una de las áreas que integran el gabinete económico.
Fue el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, el que buscó componer las dos variables que asustaban al Gobierno: “Estabilizar, pero manteniendo el poder adquisitivo del salario”. Consideró que la decisión es “muy novedosa en la historia argentina” y explicó que para ese objetivo es que “se convocó al Consejo del Salario y a los sectores del trabajo y al sector empresario para mantener el poder adquisitivo del salario”. Además, aseguró que tiene “órdenes precisas” de Massa, respecto de “mantener el nivel de actividad, porque si no se crece todo el resto es inútil”.
Entre los alivios para una clase media que perderá los beneficios de los subsidios energéticos, apareció el programa Previaje 3, que además busca reimpulsar a la economía del turismo: estará en marcha en septiembre para poder usarse en octubre y noviembre, antes de la temporada de verano. El tope máximo de dinero para cargar en el total de tickets seguirá siendo de 100.000 pesos por viaje, y la devolución será de un 50% de descuento para la población activa y un 70% para los jubilados.
