La Dirección General de Aduanas (DGA) denunció ante la Justicia en lo penal económico a la empresa NRG Argentina S.A, por presuntas maniobras de sobrefacturación de importaciones entre enero 2019 y junio 2022. Se trata de un un total de 132 trámites, en su mayoría realizados con una empresa vinculada del exterior, según información oficial.
La DGA denunció en el expediente "la vinculación económica entre el importador y vendedor ya que -según registros de información pública- existe una vinculación comercial entre al menos un integrante de la firma proveedora del exterior Marull Heavy Equipment LLC con uno de la firma NRG Argentina SA, a través de una tercera sociedad en el país, MARDG S.A.S. registrada en 2019 en la Inspección General de Justicia, bajo el N° 52718/19.
El organismo señaló que "en un primer relevamiento se identificaron siete operaciones con una diferencia de 11,8 millones de dólares de sobrefacturación, según surge de la comparación entre lo declarado ante la Aduana Argentina y lo declarado ante la Aduana de Estados Unidos”. El objetivo de esto, precisaron, es “comprar dólares al valor oficial y girarlos al exterior a una empresa vinculada".
Por otra parte, el organismo fiscalizador remarcó que "el total de los giros de divisas al exterior efectuadas por la empresa NRG Argentina a su vinculada del exterior Marull Heavy Equipment ascendería a 63,5 millones de dólares, entre 2020 y 2022 ".
La mercadería en cuestión incluye máquinas para triturar piedra, excavadoras, cargadoras, remolques, camiones, todo ello destinado al montaje y puesta en funcionamiento de una "planta para producir arenas para fracking", para la industria del petróleo y el gas en la Cuenca de Vaca Muerta.
"Además, como la empresa está inscripta en el registro de Actividades Mineras, la importación de bienes de capital que hace la firma está exenta del pago de los derechos a la importación y de todo otro derecho, impuesto especial, gravamen correlativo o tasa de estadística. Esto hace menos costoso desde el punto de vista tributario la sobrefacturación de importación para la empresa", dijo la DGA.
El ente contralor del comercio exterior señaló que "a través de una fiscalización sistémica, se compararon los valores declarados por la firma importadora ante la Aduana Argentina con los valores declarados por el vendedor ante la Aduana de Estados Unidos. Asimismo, se constató la correspondencia entre las operaciones, a partir del peso declarado ante ambas aduanas, como así también descripción de la mercadería, número de VIN, nombre del exportador y destinatario final.
La causa está radicada bajo el Nº 561/2022 e interviene el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2. El 30 de junio, la Justicia ordenó allanar las oficinas de la empresa y solicitó un informe de colaboración a la UIF para analizar el origen de los fondos de las inversiones.