No puede decirse que las medidas del lunes del Banco Central –coordinadas con los ministerios de Economía y Desarrollo Productivo– para controlar la salida de dólares por lo que Cristina Kirchner definió como un “festival de importaciones" constituyan una devaluación del tipo de cambio oficial. Eso no es así porque, en lo técnico, el tipo de restricción que suponen para el acceso a las divisas escasas es por cantidad y no por precio. Sin embargo, en los hechos, su efecto puede incidir en el costo cambiario de las compañías que deban acceder a insumos, bienes intermedios o productos finales para mantener sus actividades, lo que indica que, para ese universo parcial, el dólar puede adquirir un valor mayor. ¿Devaluación informal, sui generis, parcial o indirecta, entonces? Asimismo, ¿un nuevo balde de nafta para la inflación?
Ante la evidencia de que la temporada alta de la soja ha sido, hasta el momento, un fiasco en términos de acumulación de reservas, el titular del Central, Miguel Ángel Pesce, explicó este martes en radio Urbana Play que, "debido a la situación internacional, ha habido un incremento importante en el precio de la energía, lo que nos está trayendo dificultades en la balanza de pagos y la balanza cambiaria. El mes pasado, pagamos 1.600 millones de dólares y este mes están en el orden de los 2.000 millones (…). Sobre un total de 8.000 millones (de dólares), 2.000 millones son de energía".
"La forma de salvar la situación estos meses sin generar procesos recesivos es que las empresas consigan financiamiento para el pago de importaciones. No es bajar el volumen de importaciones. Es bajar el nivel de pagos", explicó. Traducido: muchos de quienes quieran importar deberán conseguir sus propios dólares.
"Esto evita que vayamos a una devaluación brusca. Buscamos que eso no sea necesario. Las medidas de estas características han sido exitosas y llegamos a la mejor solución posible. La medida que estamos tomando tiene efecto hasta el 1 de octubre para superar esta coyuntura", abundó.
Dos elementos surgen de esta última definición. Primero, se evita "una devaluación brusca", lo que lleva a preguntarse si estas medidas serían una parcial y de facto, como se sugirió más arriba. Además, el carácter temporal de la restricción para el acceso de muchas compañías al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) plantea una duda recurrente: ¿lo transitorio terminará por volverse permanente?
Ante esa nueva incertidumbre, un economista que prefirió opinar bajo reserva de identidad le dijo a Letra P que "el Gobierno trata de no frenar la actividad, pero lo va a terminar haciendo en alguna medida porque las importaciones van a reducirse debido a que no todas las empresas van a poder conseguir financiación propia para sus operaciones, que es lo que se les exige".
¿Será inflacionario este set de medidas? "Seguramente. Ante el temor de que la normativa haya llegado para quedarse, "las que logren autofinanciarse van a recurrir a la cotización del dólar ‘contado con liquidación’ para hacer su proyección de repago de las deudas que contraigan, algo que va a impactar en el proceso de formación de precios", agregó.
El “contado con liqui” surge de operaciones legales que implican la compra de un bono en pesos para su reventa en dólares, de lo que surge un tipo de cambio determinado. En esas operaciones, las divisas terminan en el exterior, algo que sería inevitable si se tratara de pagar deudas.
De tal modo, importaciones –una parte de ellas, en rigor– que hasta ahora se pagaban a un tipo de cambio mayorista que al cierre de esta nota era de 124,87 pesos, podría ser calculado en los costos futuros a 246,15 pesos. El salto, de darse, sería nada menos que del 97%.

Fuente: Rava Bursátil.
La sábana corta conocida de la economía argentina funciona (mal) a pleno: una limitación de importaciones implica menor actividad productiva, dada la dependencia de la industria nacional de insumos y partes extranjeros. Sin embargo, en el contexto actual, eso permitiría evitar que un drenaje mayor de divisas pusiera en riesgo el pago de una factura energética encarecida por la guerra en Ucrania y que eso llevara a una paralización productiva. El remedio, seguramente demorado y no carente de efectos adversos, es establecer un dólar semilibre para la importación de bienes “no esenciales” que sean traídos al país por empresas capaces de financiarse por sí mismas o en base a créditos de sus casas matrices. El problema es que pagar esos préstamos a tipo de cambio oficial no es algo que, en la percepción del Círculo Rojo empresarial, esté asegurado. Nadie, claro, trabaja a pérdida.
Con estas restricciones, Pesce, Martín Guzmán y Daniel Scioli le sacan el capuchón a la lapicera que Cristina le dio al Gobierno un tanto de prepo. El problema es que nada es gratis y que los efectos de las mismas –sumados a una actualización del tipo de cambio oficial que, se espera, sería más agresiva; a la suba de tarifas en curso; a la inercia general de la economía; al gasto público creciente contra el que advirtió el FMI; a la prolongación de la guerra en Europa y a los efectos nocivos de la otra, la del Frente de Todos– auguran que los precios sigan apuntando al cielo y hagan mucho más difícil la recuperación de los ingresos populares.
El panperonismo enfrenta un camino cada vez más empinado hacia 2023.