La discusión sobre los planes sociales no es exclusiva del Gobierno. En Juntos por el Cambio (JxC), desde hace más de un mes, diferentes equipos técnicos están abocados a determinar un camino a seguir en el caso de que la coalición opositora vuelva a ser gobierno en 2023. La única certeza que tienen los dirigentes que están inmiscuidos en el tema es que todo depende de la situación del país que se encuentre.
“No podemos predecir el nivel de pobreza y de informalidad que podemos llegar a tener en 2023. No es lo mismo proyectar esquemas de trabajo y soluciones con los niveles actuales o con un escenario con un 20 o 30% más”, le dijo a Letra P uno de los encargados del armado del esquema para abordar los planes sociales.
En coincidencia con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la dirigencia de JxC cree que los movimientos sociales no pueden oficiar más de intermediarios. “Hay que terminar con esa cuestión porque terminan oficiando como un método de presión y, además, hay que federalizar todo lo relacionado a la asistencia social”, agregó uno de los dirigentes que elaboran un plan en nombre del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
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Al igual que sucede con la Educación y la Salud, que en la década del 1990 bajo la administración del expresidente Carlos Menem pasaron a la órbita de las provincias, en JxC quieren que los programas de asistencia social, que hoy administra la Casa Rosada, sea transferido a los gobiernos provinciales y municipales. Es decir, que los gobernadores e intendentes tengan la potestad de determinar cómo se reparten los planes sociales.
La federalización de la asistencia social y la eliminación de intermediarios son los dos ejes que tiene en mente en JxC. El tercero apunta a que los planes sociales no se puedan extender en el tiempo. Como sucede con el seguro de desempleo, que se puede percibir por un máximo de 18 meses, en la coalición opositora están convencidos de que la temporalidad oficiará como un incentivo para la búsqueda de empleo. Por ahora el principal programa que está en la mira es el de Potenciar Trabajo con el que el exministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, centralizó todos los que ya existían.
“El modelo del Potenciar Trabajo está agotado. No está sirviendo para que las personas salgan adelante. Todo lo contrario: quedan rehenes del sistema. Los incentivos están mal alineados. Hay que rediseñarlos para que se conviertan en un puente entre donde estamos y dónde queremos estar”, sostuvo la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat porteña, María Migliore.
Ese puente tiene que ver con la condicionalidad que buscan que comiencen a tener todos los sistemas de asistencia social. El objetivo final, entonces, pasa porque la persona que recibe un plan social en el mediano o largo plazo tenga un trabajo registrado y deje de percibirlo.
Otro de los puntos neurálgicos del proyecto sobre los planes sociales que elaboran los técnicos de JxC está vinculado directamente al mercado laboral: la informalidad y la economía popular. Las cifras sobre las que debatieron la semana pasada en la ciudad de Salta arrojaron que hay más de 7 millones de personas que están inmersas en el sistema de la economía popular. Si a eso se le suman el 1,3 millones de Potenciar Trabajo, la cifra llega casi a la mitad de la población económicamente activa.
Por este motivo es que ya proyectan que toda discusión sobre lo social tiene que ir en sintonía con la política económica. “Son dos puntas del mismo proceso. Sin macroeconomía ordenada, sin crecimiento sostenido, no se puede. Con esto solo no alcanza”, agregó Migliore.