29|7|2022

El búmeran electoral de la segmentación de tarifas que preocupa al Gobierno

17 de junio de 2022

17 de junio de 2022

La necesidad de registrarse para no perder subsidios mete presión en el desgastado vínculo oficial con la clase media. El riesgo de la judicialización.

La decisión del gobierno de avanzar con la segmentación de las tarifas de servicios de energía eléctrica y gas natural por red golpeará de lleno en la clase media, un sector que es sensible a los cambios y en donde el oficialismo busca poder permear para sus intenciones electorales del año próximo. La necesidad de que usuarios y usuarias deban anotarse en un registro para no perder los beneficios de los subsidios y evitar, así, quedar dentro del 10% más rico de la población, abriría la puerta al malestar social, a eventuales situaciones erróneas y, probablemente, la judicialización por parte de asociaciones de defensa del consumidor. Tanto en las empresas distribuidoras como en sectores del propio oficialismo alertaron por las "complicaciones" que generaría "una medida apurada, que además genera poco impacto económico en lo que resta del año".

desPertar

Un análisis útil para enfrentar
una realidad desafiante

Recibilo todas las mañanas en tu mail

desPertar

Un análisis útil para enfrentar

una realidad desafiante

Recibilo todas las mañanas en tu mail

 

Fuentes de un sector del Gobierno vinculadas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, consultadas por Letra P, admitieron que "si bien la segmentación es una necesidad para comenzar a redistribuir de manera más equitativa la reducción del déficit del gasto público, en este caso en materia de subsidios, su implementación a las apuradas y sin criterios técnicos dispararía múltiples reclamos y malestar social". De hecho, en las distribuidoras de los servicios públicos admitieron a este medio que "una cantidad de errores en la implementación podría abrir la puerta de la judicialización". Ambas situaciones chocarían contra el plan del presidente Alberto Fernández de lograr un efecto positivo ante la desigualdad.

 

Las empresas se encontraban ante una problemática difícil de abordar, porque desconocían la forma de aplicación de la segmentación de las tarifas. Según confiaron a Letra P en las distribuidoras habían alertado que necesitarían entre dos y tres meses para implementar la medida, ya que las empresas deberán readecuar sus sistemas de cobro para poder enviar las facturas con los montos actualizados. De hecho, habían reclamado acceder a la base de datos que el Gobierno tiene para poder discriminar entre clientes, pero ante la novedad que se conoció en el Boletín Oficial, hubo "sorpresa" por la falta de la utilización de un registro previo.

 

"Puede traer aparejados inconvenientes y eso hace todo más complejo, porque generará reclamos a partir de los errores que se pueden cometer. Eso implica poner una nueva área en funcionamiento, por lo que el gasto de las empresas se incrementará de manera inevitable, sumando un costo a los retrasos en las tarifas que existen hasta el momento, que superan el 110%. En la implementación de la segmentación, la cuenta debería ser neutra", explicó a Letra P una fuente empresaria.

 

Habrá tres sectores divididos en el cobro de las nuevas tarifas: quienes "tienen ingresos mensuales y netos superiores a un valor equivalente a tres y media canastas básicas y totales; son titulares de tres o más automóviles con una antigüedad menor a cinco años, o de tres o más inmuebles, o de una o más aeronaves o embarcaciones de lujo, o de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena". Este grupo de ingresos altos sufrirá una reducción de subsidios gradual que se aplicará en tercios bimestrales y, al finalizar el año, abonará el costo de la tarifa sin subsidios.

 

El segundo segmento está integrado por quienes reciben el beneficio de la tarifa social. El tercero es un nivel intermedio entre los dos anteriores. Ambos, ya tuvieron los ajustes tarifarios correspondientes, equivalentes respectivamente al 40% y al 80% de la variación salarial del año pasado, y no volverán a tener incrementos en 2022. 

 

Asimismo, se crea una nueva categoría de usuario que contempla los casos de inquilinos de viviendas que podrían estar a nombre de titulares con altos ingresos, a los efectos de evitar complicaciones para delimitar la segmentación.

 

Para un sector del Frente de Todos, la aplicación de la medida se aplicará en un clima de conflictividad económica, producto de los efectos de la pandemia y de la guerra entre Rusia y Ucrania, y sin consenso en el área de Energía. Sucede que el plan de segmentación nació en la cuna camporista de la subsecretaría de Energía Eléctrica, que conduce Federico Basualdo, y los entes reguladores del Gas (Enargas) y de la electricidad (ENRE), que presiden Federico Bernal y Soledad Manin, respectivamente. A partir de las tensiones políticas y planes diferentes en torno a los tiempos de aplicación, el ministro de Economía, Martín Guzmán, le dio el poder al subsecretario de Planificación Energética, Santiago López Osorio, un hombre de su confianza, que terminó de definir el programa.

 

Con todo, la reducción de los subsidios para el achicamiento del déficit del Estado, incluido en el programa de refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), es solamente simbólica, porque su efecto durante 2022 apenas afectará en un 0,06% del Producto Bruto Interno (PBI). "Hacerlo de esta manera, apurada y sin tener todos los elementos, lo único que generará es malestar social en la clase media, que es el votante al que se debe seducir con la idea de ser equitativos", se quejó una fuente del Gobierno.