El ministro de Economía, Martín Guzmán, tomó nota del impuesto a los "beneficios extraordinarios" que el gobierno de Italia le aplicó a las empresas eléctricas con mayores ganancias debido a la suba en los commodities, producto de la invasión rusa a Ucrania, para evitar una disparada de los precios de la energía domiciliaria y de fábricas en crisis. De allí nació la doméstica "renta inesperada", el plan con el que la administración de Alberto Fernández buscará tener ingresos extra para financiar las medidas que le hagan frente al efecto de la inflación sobre los ingresos y que los empresarios ya tachan por exceso de presión impositiva.
Hace poco más de un mes, el primer ministro italiano, Mario Draghi, anunció que su país ponía en marcha un impuesto "para dar una respuesta a la guerra en Ucrania" y que consistía en el cobro del 10% de las ganancias extras que surgieron por las mejores condiciones en los precios en materia energética. "Gravamos una parte de los beneficios extraordinarios que están obteniendo los productores gracias al aumento de los costes de las materias primas, y distribuimos ese dinero entre empresas y familias en dificultades", argumentó.
El primer ministro italiano fue concreto: el gobierno lograría quedarse con 4.000 millones de euros para reducir en 25 céntimos el litro de "gasolina y gasóleo"; incrementar a 5,2 millones el número de familias con congelamiento de tarifas, crear un fondo de ayuda a sectores del transporte por carretera, la agricultura y la pesca; y refinanciar el desempleo temporal en las empresas, una especie de Repro similar al aplicado en pandemia en la Argentina.
El plan italiano siguió en línea con el acuerdo global alcanzado recientemente por 137 países para imponer una tasa mínima global a las multinacionales, algo que podría aumentar la recaudación por estas vías en casi un 14% en todo el mundo. La iniciativa surgió del G7 y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y espera el visto bueno de la Unión Europea para recuperar, por vía fiscal, los efectos de la pandemia.
"Los países más desarrollados aplican estos impuestos extraordinarios, tanto para afrontar las consecuencias de la pandemia, como para la situación desatada por la guerra. En la Argentina todos hablan de la necesidad de entrar en el primer mundo, pero se aplican las mismas medidas y se empiezan a quejar", lanzó, como dura crítica a empresarios y oposición legislativa, una fuente cercana al ministro Guzmán.
La queja apuntó contra el lobby empresario y político que el gobierno nacional denunció para ponerle trabas al proyecto que Guzmán adelantó días atrás en trazos gruesos, en un acto junto al Presidente, pero del que aún no se conocen precisiones. De hecho, uno de los reproches entre la oposición, las empresas e incluso referentes oficialistas es haber realizado el anuncio sin precisar alcances ni destino de los fondos.
El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, se quejó ante Letra P por la "presión tributaria muy elevada, que se vuelve asfixiante para el contribuyente cumplidor". "Esta carga mina la competitividad de las empresas e incluso genera un 'éxodo fiscal' de personas físicas. En este contexto, la instauración de un nuevo tributo sin dudas sería algo muy negativo. Para progresar como Nación, necesitamos que las empresas existentes se expandan y que se constituyan otras nuevas", sostuvo.
Grinman también reclamó la necesidad de lograr "más y mejores inversiones", al sostener que "es la única manera de generar puestos de trabajo genuinos", pero para lograrlo aseguró que se "requiere de un clima de negocios apropiado". "La inestabilidad de las reglas de juego es un mal recurrente en nuestro país y la creación imprevista de un nuevo tributo no haría más que potenciarlo, por lo sería algo ciertamente desafortunado", disparó.
De esta manera, la CAC se sumó al coro de voces que criticó la iniciativa del Gobierno, entre los cuales se anotaron la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA), el núcleo empresario aceitero de CIARA-CEC y algunas entidades del campo, entre otras. En línea con la dirigencia de Juntos por el Cambio (JxC), argumentan que la presión impositiva actual es alta y no resiste un nuevo tributo.
La base de las quejas empresarias y opositoras sobre el esquema tributario nacional es un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). Entre las consultoras también se abrió una grieta. Sucede que el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) salió al cruce de los presuntos 164 impuestos que existen en el país.
"La lista está deliberadamente agigantada. Un análisis simple muestra que, al menos, el 65% de los conceptos incluidos no son impuestos, sino tasas, contribuciones, derechos, fondos, cánones y otras formas de cobro por parte del Estado (en sus diversos niveles) que suelen tener asociada una contraprestación", denunció el CEPA. Según la consultora que conduce Hernán Letcher, dentro del listado de 164 “impuestos” se presentan 41 tasas, 27 derechos y 26 contribuciones. De esa forma, sostiene el CEPA; la lista inicial de 164 se acorta a 70 conceptos.
