La firma de Marcos Galperin dejó la capital en medio cruces con la política. Ahora, negocia un polo tech en Sierras Chicas. Beneficios por inversión y empleo.
Mercado Libre se expande en Córdoba
La posible vuelta de Mercado Libre a Córdoba no sería un regreso, es una señal. La compañía de Marcos Galperin analiza reinstalar operaciones en Villa Allende, ciudad aledaña a capital y con un dato que explica todo el movimiento: podría reducir su carga tributaria en más del 90%.
El movimiento, todavía en evaluación, expone una trama que excede lo empresarial y pone en tensión el esquema impositivo municipal, la competencia entre jurisdicciones y el vínculo cada vez más áspero entre las grandes plataformas tecnológicas y los gobiernos locales.
La salida de la empresa en julio de 2025 había sido contundente. Cerró sus oficinas en las torres Capitalinas, migró a más de 1.200 empleados a modalidad remota y dejó un mensaje explícito: el nivel de tasas municipales hacía inviable sostener una operación física en la ciudad de Córdoba.
“Creemos que los impuestos deben estar al servicio del desarrollo y no convertirse en un obstáculo para la actividad productiva. En este contexto, nos vemos obligados a revisar la localización de nuestras operaciones para garantizar eficiencia y sostenibilidad en el largo plazo”, señalaba el comunicado oficial de la empresa en aquel momento.
Desde entonces, la relación quedó atravesada por un ruido político persistente. El municipio defendió su esquema tributario y cuestionó la decisión de la compañía, mientras que la empresa sostuvo su posición con números en la mano. La diferencia de costos entre radicarse en la capital y hacerlo en otras localidades del Gran Córdoba terminó funcionando como argumento decisivo.
En ese marco aparece ahora Villa Allende. La localidad del corredor de Sierras Chicas -gobernada por el dirigente del PRO, Pablo Cornet- ofrece un combo difícil de ignorar: presión fiscal significativamente menor y la posibilidad de acordar beneficios impositivos atados a inversión y generación de empleo.
El proyecto en análisis incluiría un centro de desarrollo tecnológico sobre la avenida Padre Luchesse y eventualmente infraestructura logística, en línea con el modelo que la empresa despliega en otros puntos del país.
La eventual relocalización se apoya en un esquema fiscal diseñado a medida para captar inversiones: el régimen de simplificación tributaria que impulsa Villa Allende. En números, la diferencia es determinante. La empresa pasaría de pagar alrededor de $770 millones mensuales en tasas en la ciudad de Córdoba (números de julio de 2025) a unos $56 millones en la nueva jurisdicción. No es un ajuste: es un cambio de escala.
El paquete incluye, además, un sistema de beneficios progresivos que busca asegurar permanencia. Durante los primeros años, la exención es total como incentivo de radicación. Luego, el alivio fiscal se sostiene atado a metas concretas como niveles de inversión millonarios y, en una fase posterior, la incorporación de empleo local. El esquema se completa con ventajas adicionales para la operación logística, con fuertes descuentos en tributos vinculados a la flota de vehículos.
Más que una política de promoción, el régimen funciona como una declaración de competencia: una localidad dispuesta a resignar recaudación en el corto plazo para ganar volumen económico en el largo.
Nueve meses después, la jugada no es menor. No se trata de un regreso, sino de una relocalización con lógica propia: salir del corazón urbano para instalarse en una periferia más amigable en términos fiscales. Un mensaje directo para la capital cordobesa, que quedaría expuesta en la comparación.
Mientras tanto, la compañía nunca abandonó del todo la provincia. En paralelo al conflicto, consolidó su red logística en ciudades como Río Cuarto y Villa María, con impacto en empleo y en el entramado de pymes locales. El negocio siguió, pero sin oficinas en la capital.
El posible desembarco en Villa Allende abre un escenario más amplio. Por un lado, profundiza la competencia entre municipios por atraer inversiones tecnológicas. Por otro, instala una discusión incómoda: hasta qué punto las grandes compañías pueden “elegir” jurisdicciones dentro de un mismo conglomerado urbano en función de ventajas fiscales.
El trasfondo es estructural. Con esquemas de trabajo cada vez más flexibles y menor dependencia de la presencialidad, las empresas tienen mayor margen para definir dónde asentarse. Y los gobiernos locales, más presión para ajustar sus reglas si quieren retenerlas.
Sin anuncios oficiales y con negociaciones en desarrollo, el caso de Mercado Libre en Córdoba se encamina a ser algo más que una decisión corporativa. Es, en todo caso, un síntoma: el de una disputa silenciosa donde impuestos, territorio y poder empiezan a redibujar el mapa productivo.