PARANÁ (Corresponsalía Entre Ríos) No es la primera vez que Daniel Edgardo Alonso toma una decisión rodeada de polémica. El juez federal de esa ciudad entrerriana, que quedó en el ojo de la tormenta por un fallo favorable al Gobierno en la composición del Consejo de la Magistratura, tiene una sinuosa reputación atravesada por maniobras y fallos cuestionables.
El domingo de Pascua, Alonso abrió su juzgado para rechazar de manera exprés la apelación de la fiscalía y dejar firme su decisión que ordena a los presidentes de las cámaras del Congreso, Cristina Fernández y Sergio Massa, abstenerse de nombrar a los representantes de la oposición para el Consejo de la Magistratura, a instancias de una petición que presentó el diputado nacional por Entre Ríos Marcelo Casaretto, enrolado en el Frente de Todos.
La maniobra puso a Alonso en el centro de la polémica a nivel nacional, pero su nombre ya es controversial en Entre Ríos por varios fallos. El caso más reciente da cuenta de una maniobra favorable a la defensa de supuestos integrantes de una asociación ilícita que habrían desviado fondos de la Legislatura provincial entre 2008 y 2018.
La causa denominada “contratos truchos” investiga a legisladores y personal administrativo que se desempeñaron en el Parlamento provincial durante esa década. La acusación sostiene que los implicados destinaban dinero público a personas sin que mediara una prestación. La mayoría era gente de bajos ingresos que sólo se conformaba con prestar su firma a cambio de tener una obra social o que se le pague el monotributo, mientras que el monto del contrato retornaba al contratante.
La investigación, que estima un fraude de 1.100 millones de pesos, avanzaba en jurisdicción provincial, pero los abogados defensores entendían que el delito era federal. En rigor electoral, el dinero que se sustraía –según dicen - era para costear las campañas políticas. Ante la necesidad de sacar el legajo de los tribunales provinciales, se acudió al juez Alonso, quien les dio la razón en un fallo muy pobre en argumentos.
Sacar la causa de corrupción más importante que se tramitaba en los tribunales de Paraná fue producto de una maniobra política gestada en Buenos Aires. Fueron tantas las ondas expansivas tras la explosión de esa bomba que debieron actuar a los dos lados de la grieta. Los operadores políticos del fórum shopping fueron el peronista macrista Miguel Ángel Pichetto y el radical kirchnerista Leopoldo Moreau.
Un detalle: en ese grupo de abogados defensores se encontraba José Velázquez, quien patrocinó a Casaretto en el pedido por el Consejo de la Magistratura. Velázquez es el representante de Pedro Báez, el exministro de Cultura y Comunicación que acaba de ser condenado junto a Sergio Urribarri. Pero también integra el equipo que defiende a Lázaro Báez en la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública durante el gobierno de la actual vicepresidenta.
Las maniobras de Alonso ligadas a la política desconciertan. En 2009, estaba todo dado para que asuma en la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, pero el kirchnerismo decidió retirar su pliego. Volvió a concursar para el mismo cargo, quedó ternado, pero el entonces presidente Mauricio Macri lo dejó afuera en 2017. Al inicio de la pandemia fue propuesto como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
Oriundo de Victoria, Alonso guarda de sus tiempos de abogado la cocarda de ganarle el juicio de filiación al expresidente Carlos Menem como patrocinante de Carlos Nair. Hizo sus primeros pasos en el Poder Judicial en Formosa, luego de integrar el escuadrón de Gendarmería entre 1985 y 1999. De allí guardó algunos contactos que, dos décadas después, ya en Paraná, se reactivaron cuando un grupo de abogados comenzó a litigar en su juzgado en representación de gendarmes de distintos puntos del país que reclamaban una reformulación de sus salarios.
Alonso falló a favor de integrantes de esa fuerza patrocinados por la abogada formoseña Adriana Spinelli, lo que generó sospechas. No obstante, la mayoría de esas presentaciones las hizo el abogado Juan Alberto Manuel Liva, que cumplió funciones en el escuadrón de Gendarmería de Formosa con el juez. Llegó a representar a 10 mil gendarmes. El letrado fue procesado por el delito de estafa procesal.
En la instancia de apelaciones, Alonso encontró una socia para seguir dándole la razón a los gendarmes: Cintia Gómez, esposa del dirigente del Frente Renovador de Santa Fe, Oscar Martínez. “El Cachi”. Se generó una industria del juicio fenomenal. En 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Nación mostraba el exuberante crecimiento de litigios en el Juzgado Federal Número 2 Paraná, de Alonso. Solo ese año habían ingresado 36.386 nuevos expedientes. Todavía no estaba de modo el fórum shopping.
Como abogado no tuvo la vidriera que tiene como juez, aunque sí un momento de gloria. Fue cuando representó a Carlos Nair Menem en el juicio por filiación para que se lo reconozca como hijo del expresidente.