Las cerealeras dedicadas a la industrialización de la soja fueron las perjudicadas directas por el retoque del diferencial de retenciones que el Gobierno implementó como medida para la declarada guerra contra la inflación. Si bien, al principio, el sector agroindustrial pataleó y hasta amagó con judicializar el tema, esta semana bajó la intensidad: no quiere que la pelea empañe su objetivo mayor, la ley de exportaciones con beneficios fiscales por diez años.
El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), donde las cerealeras son las que llevan el timón, logró ser el actor que el Gobierno prioriza para discutir los temas del campo y la agroexportación. No discute medidas y, de hecho, muchas veces los dejó en offside, pero, al menos, lo tomó como interlocutor y le compró el tentador proyecto de ley para aumentar en U$S40.000 millones las exportaciones en una década.
El trato es más divisas frescas para el Banco Central y el pago de la deuda al FMI, que en diez años se seguirá devolviendo, a cambio de reducción impositiva para inversiones; a priori, negocio para ambos. Sin embargo, se encendió la alerta amarilla cuando el Gobierno le quitó el beneficio de dos puntos porcentuales de las retenciones a las exportaciones de aceite y harina de soja y llevó el gravamen al 33%, al igual que la exportación del grano sin procesar. Justamente, la agroindustria que comanda el CAA fue la damnificada.
Después de la medida del viernes pasado para recaudar unos u$s400 millones para subsidiar el precio de la harina en el mercado interno, el Consejo explotó. Según supo Letra P, en la discusión interna dada el fin de semana, distintos sectores pidieron romper todos los puentes con el Gobierno. Las agroexportadoras nucleadas en la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), como las cooperativas AFA y ACA, Cargill e incluso algunas voces de la estatal YPF Agro fueron quienes más molestas con la medida se mostraron, pero terminó ganando la mesura.
Más allá de que no les causa gracia perder millones, lo que se planteó es que no se persigue la coyuntura sino un mediano y un largo plazos donde la zanahoria es la ley de exportaciones. Siguen interpretando que los gobiernos toman al agro como caja fiscal de emergencia, pero decidieron no meter la discusión de las retenciones en el proyecto de ley que duerme en el Congreso.
“Los argentinos tenemos que pasar de exportar trigo a exportar fideos; eso es la ley de agroindustria que está en el Congreso”, simplificó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien maneja los tiempos del proyecto y los contactos para darle envión. Según entienden en el CAA, el proyecto de ley no tendrá demasiados retoques ni modificaciones que se ajusten al reciente acuerdo con el FMI y podría empezar a debatirse en breve.
La judicialización fue una de las opciones en caliente, pero toma fuerza la idea de que el incremento del diferencial será temporal, hasta fin de año. Por lo tanto, razonan que judicializar sería más costoso y generaría mayor pérdida de tiempo. Presionarán en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo para que el Congreso señale la falta de fuerza legal de la medida.
