El Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago José Martín, hizo lugar a una medida cautelar presentada por una ONG defensora del medioambiente y suspendió la exploración de petróleo offshore frente a las costas bonaerenses hasta que la causa tenga una sentencia definitiva.
Este viernes, el juez resolvió a favor de una medida cautelar presentada por la ONG Organización de Ambientalistas Organizado, que denuncia la ilegalidad de la resolución 436/2021 del Poder Ejecutivo, que encabeza el presidente Alberto Fernández, por la cual se habilitó la exploración sísmica y la explotación de hidrocarburos offshore en la cuenca marítima de Mar del Plata. La demanda se realizó en base al artículo 41 de la Constitución Nacional, las leyes 23.094, 22.351, 22.421, 24.543, 25.675, 27.520 y “todas las resoluciones que reglan la actividad de la autoridad nacional en materia ambiental”.
Asimismo, la ONG alegó el “riesgo de daño inminente en la que se encuentran las poblaciones de ballenas francas australes y de cetáceos en general” ya que la iniciativa petrolera puede “provocar daño grave e irreparable e inclusive hasta la muerte” de especies en peligro o amenazadas de extinción.
La resolución judicial se basó en tres puntos centrales. El primero, el “cumplimiento defectuoso de los estándares sobre información y participación que se desprenden de la legislación vigente y del Acuerdo de Escazú (Ley 27.566)”; el segundo, “la falta de una instancia de consulta al Municipio de General Pueyrredón en el proceso de toma de decisión”; y el tercero, en las “falencias del Estudio de Impacto Ambiental derivadas de la insuficiente proyección sobre los impactos acumulativos de las exploraciones a realizarse sobre el Mar Argentino”.
Según el fallo del juez Martín, las autoridades gubernamentales “no habrían cumplido con el estándar de máxima publicidad que las obliga a poner a disposición del público y difundir la información ambiental relevante para sus funciones de manera sistemática, proactiva, oportuna, regular, accesible y comprensible”. Además, consideró que el Estado nacional tampoco llevó a cabo una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), “que sería el instrumento adecuado para abordar el análisis de los impactos acumulativos de la exploración sísmicas en las distintas áreas del Mar Argentino sujetas a concesión”.
Con este panorama, la exploración y explotación de hidrocarburos en las profundidades del mar argentino, a más de 300 kilómetros de las costas de Mar del Plata, que impulsa la Casa Rosada deberá esperar hasta obtener una resolución definitiva en la Justicia para poder continuar adelante con sus planes estipulados.
A este panorama se le suma otro recurso de amparo que existe en la Justicia, pero en este caso presentado por el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, en base a que la población local no fue convocada en el procedimiento de información y participación ciudadana que estipula el séptimo artículo del Acuerdo de Escazú, aprobado por la ley nacional 27.566. Además, la Fundación Greenpeace Argentina presentó otra demanda que también espera una resolución.
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