Apenas Alberto Fernández anunció que le pagará a la Ciudad de Buenos Aires con bonos de la deuda pública, Horacio Rodríguez Larreta comenzó a correr una carrera contra el tiempo. Por un lado, reclamó el pago en efectivo de la devolución del porcentaje de coparticipación que había sido retenido por la Nación, pero también apoyó que el diputado macrista Álvaro González, considerado su mayor espada legislativa, retruque con un proyecto para investigar la distribución de la coparticipación desde 2019 hasta ahora. Aún así los plazos apremian a la Ciudad: si la Corte no contesta en los próximos tres días, todo pasará a febrero y la deuda recién podría ser exigible ante la Justicia a fines de 2023, por la aplicación de una norma que mencionó el Presidente y genera bronca en el larretismo.
La creación de una comisión investigadora, según confiaron cerca del alcalde, fue pensada como una forma de responder a la decisión presidencial de llevar al poder legislativo una parte de la controversia por la distribución de la coparticipación federal. "He instruido al Ministerio de Economía para enviar al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la Ley 23.982 en su artículo 22", escribió el Presidente en Twitter.
Esa misma norma estira los plazos de pago: el artículo 22 que citó Fernández le da un año a Larreta para legitimarse ante la Justicia y reclamar la ejecución. El período de ordinarias fue extendido por un decreto presidencial hasta el 30 de diciembre, pero según el artículo 22, el crédito presupuestario debería ser debatido el año que viene y sería exigible judicialmente recién cuando haya concluido, es decir, después del 30 de noviembre de 2023, cuando hayan concluido las elecciones presidenciales del año que viene.
La mención al artículo 22 cayó pésimo entre los interlocutores de Larreta que se conocen la Ley de Administración Financiera de memoria. Vieron de inmediato que hay "ardid" por el estiramiento de los plazos. "Leen las leyes cuando les conviene, porque cuando nos quitaron la coparticipación no se acordaron de este artículo", bramó uno de los diputados involucrados con el proyecto que redactó González para proponer la creación de una Comisión Investigadora.
El texto lleva la firma de 14 integrantes del PRO, entre ellos el titular del bloque, Cristian Ritondo y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Plantea "investigar y analizar el marco jurídico vigente en materia de percepción, administración y distribución de recursos coparticipables entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y entre éstas, así como la gestión, desempeño y cumplimiento de este marco jurídico". También pretende determinar "si durante el período bajo análisis el gobierno nacional dio cabal y oportuno cumplimiento a las normas y resoluciones judiciales firmes o ejecutorias en materia de coparticipación federal de impuestos". Si detectan incumplimientos de los funcionarios involucrados podrán demandarlos, pero la comisión tiene dos años para dictaminar.
El proyecto que redactó González también entra en el atolladero de los plazos. Por eso la urgencia está puesta en que la Corte haga algo antes del 31 de diciembre, una instancia que asoma improbable. Para la propuesta de la investigadora deberán esperar a marzo, o a que el Presidente firme un decreto para convocar a extraordinarias e inserte el tema de coparticipación en el temario. Según su último tuit, buscará que el cuerpo funcione en febrero, pero para adecuar el Presupuesto 2023. Para eso el Ejecutivo debe mandar un borrador de proyecto de ley donde debe elegir donde podar para pagarle a la Ciudad. Esa misión correrá por cuenta del secretario de Hacienda, Raúl Rigo, que tuvo la lapicera final durante la sanción del último plan de cuentas nacionales.
En el macrismo porteño temen que el Ejecutivo envíe un proyecto de adecuación presupuestaria que afecte los planes de obras públicas para la mayoría de las provincias. Si Fernández y Massa hacen eso podrían poner en pie de guerra a gobernadores y legisladores contra Larreta. A esa ofensiva en el PRO buscarán resistirla con la propuesta de investigar la distribución de los fondos coparticipables, pero todo dependerá de la llegada de febrero. Lo mismo puede suceder con la Corte: si sus miembros no deciden nada en los próximos cuatro días todo quedará para después de enero, siempre y cuando no habiliten la feria.
El radicalismo sólo levantó los pedidos de juicio político contra el Presidente por el parcial cumplimiento del fallo. En el macrismo, el diputado Pablo Tonelli hizo lo contrario y presentó uno con su firma. También rubricó la iniciativa larretista.
El proyecto de la comisión investigadora de González no tiene el gancho de ningún miembro de la UCR ni de la Coalición Cívica. Entre los demás bloques opositores hay cautela y silencio. "Habíamos venido reclamando que el Gobierno cumpliera el fallo de la Corte. Hubiese sido un grave error no hacerlo. Ahora, también queda expuesto el desatino de salir a revolear pedidos de juicio político sin esperar que se cumplan los pasos y tiempos que corresponden", opinó Alejandro Topo Rodríguez, que conduce el interbloque Federal, con ocho bancas clave para el cuórum que busca el oficialismo.
En ese espacio dudan del llamado a extraordinarias. "Si la hay, está dentro de las facultades presidenciales y debe respetarse. Pero que no suceda lo del año pasado, que el oficialismo no pudo avanzar con ninguno de los 18 temas solicitados por el Ejecutivo para extraordinarias. Deberían retomar el camino del diálogo. Nada se logra a cara de perro", sentenció el exministro bonaerense que esta dispuesto a rediscutir la coparticipación.
