03|2|2023

Tumbas en el mar: procesan a encubridores de los “vuelos de la muerte”

13 de noviembre de 2022

13 de noviembre de 2022

Un juez, un municipal y nueve policías, acusados por “segunda desaparición”. Cuerpos en la Costa Atlántica, entierros en fosas comunes y ninguna investigación.

A mediados de cada diciembre la sudestada sacude la Costa Atlántica y entonces el mar devuelve a la playa todo lo que anda perdido en sus aguas cercanas. Reglas oceanográficas que Guillermo Villanueva prefiere interpretar de otro modo. “El mar no quiso ser cómplice”, opina. En diciembre de 1978, en plena sudestada, la marea trajo a la costa de Villa Gesell el cuerpo de su padre, Santiago Villanueva, quien permanecía desaparecido desde julio. Otros restos aparecieron en Pinamar, Santa Teresita, San Clemente, La Lucila: cuerpos desnudos, manos atadas, algunos con impactos de bala. Víctimas de los “vuelos de la muerte” que, sin identificar, sin investigar qué les había ocurrido, fueron inhumadas en diferentes cementerios y –denuncian- también en comisarías y hasta en los médanos. “La Policía local en connivencia con la Justicia lo volvieron a desaparecer”, denunció Guillermo. La negligencia tiene, desde principios de mes, nombres y apellidos.

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Los restos de Santiago Villanueva fueron identificados en 2007 por el Equipo Argentino de Antropología Forense. En 2011, la Justicia federal de Dolores comenzó a avanzar con la denuncia que había radicado años antes Daniel Iglesias, un vecino de Villa Gesell, sobre la inacción de funcionarios en relación con los restos de víctimas de “vuelos de la muerte” aparecidos en las costas bonaerenses, y su responsabilidad en su segunda desaparición. En diciembre de 1978, un grupo de Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, Josefina “Pepa” Noia y Hebe Pavello de Mascías habían sido testigos de aquellos delitos: intentaron que el entonces juez penal de Dolores Carlos Facio les dejara ver si los cuerpos hallazgos en la costa, eran de sus hijos. No lo lograron. 

 

Una década después de iniciada la causa en Dolores, y más de tres desde el intento de las Madres, el juez federal de Dolores, Martín Bava, procesó a Facio por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También dictó el procesamiento del exfuncionario municipal Juan Domingo Montenegro y de nueve expolicías de la Bonaerense: Francisco Aristegui, Mario Castronuovo, Edgardo Luchetti, Alberto Martínez, Ednio Llorens –actual presidente de la Sociedad Rural de General Lavalle–, Santiago Piñero, Juan Antonio Estrada, Domingo Martínez y Miguel Cabral, médico policial. 

 

Facio tiene 83 años y sigue perteneciendo a la “aristocracia” de Dolores donde, después de ejercer como juez durante casi toda la dictadura, se dedicó al derecho privado y a enriquecer y fortalecer sus contactos a lo largo y ancho de la ciudad y alrededores. “Un tipo de peso, reconocido”, cuentan fuentes judiciales locales. Tres fiscales de Dolores –Juan Pablo Curi, Laura Ahumada y Natalia Corbetta– se excusaron de intervenir en la causa que tiene a Facio como procesado por encubrir delitos de lesa humanidad a raíz de sus vínculos laborales y personales. Desde hace algún tiempo, la fiscal Laura Mazzaferri subroga la causa.

 

El último vuelo del Olimpo

Santiago Villanueva había sido secuestrado en julio de 1978. El último lugar donde se lo vio con vida fue en “El Olimpo”. Cuando ese centro clandestino de detención fue desmantelado, las víctimas fueron asesinadas en “vuelos de la muerte”, Villanueva entre ellas. Durante 29 años, su cuerpo permaneció en una tumba NN del cementerio de General Madariaga. Había sido recogido de la costa de Villa Gesell por personal policial el 17 de diciembre de 1978, trasladado a la Comisaría 1ra de esa ciudad y de ahí, al cementerio. Entre el 16 y el 20 de diciembre de aquel año, aparecieron los restos de otras 13 personas en diferentes playas de la llamada “Costa chica”, que fueron inhumados en los cementerios de Madariaga, Lavalle y Villa Gesell. También en tumbas NN.

 

En relación con estos 14 cuerpos –los de Villanueva y otras nueve personas fueron identificados en 2007–, Bava indagó a Facio, a Montenegro y a los nueve expolicías, mientras que la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos regional Tuyú Sur había solicitado la indagatoria de cerca de 50 personas. A todos los procesó por su responsabilidad en “hechos de encubrimiento y abuso de funciones”, fundamenta el magistrado, acusándolos de armar sumarios judiciales sin cumplir sus roles de investigar de dónde provenían esos cuerpos, qué había ocurrido con ellos, quiénes eran. Los expedientes que tuvo a su cargo Facio, y que clausuró en tiempo récord sin tomar ninguna medida, dice Bava, “sirvieron como una maniobra de montaje llevado adelante por la dictadura para aparentar una investigación que lejos de echar luz sobre los crímenes cometidos, impidió la identificación de las víctimas y de los autores”. 

 

Un paso importante

Para el abogado Pablo Llonto, la decisión de Bava es un primer paso “fundamental” en la causa, a la que se sumó como querellante de las familias de Villanueva y de otras tres personas identificadas. La otra querella es la de Iglesias y la Asamblea Permanente por los derechos Humanos regional Tuyú Sur. “Yo quería llegar a los responsables del después, de desaparecerlos tras los asesinatos. Esta causa no investiga a ningún centro clandestino, pero echa luz sobre esta porción del plan sistemático. Ahora también queremos saber dónde están los otros cuerpos que aparecieron, qué hicieron con ellos, quiénes eran”, dijo Iglesias a Letra P. El militante investigó el tema desde mediados de los 90. Recogió una importante cantidad de testimonios de personas que levantaron y vieron numerosas cantidades de cuerpos que el mar devolvió a la costa en años de la dictadura; consultó archivos desclasificados, registros de los cementerios de la zona, entrecruzó datos y finalmente llevó todo a la Justicia.

 

En 2005, los antropólogos forenses habían identificado a las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Mary Ponce y Esther Ballestrino, y a la religiosa Leonie Duquet, cuyos cuerpos habían aparecido en las playas entre diciembre de 1977 y enero de 1978 e inhumados como NN en el cementerio de General Lavalle. Con el correr de los años fueron identificados restos de otras ocho personas enterradas en las mismas fosas. En estos casos tampoco se sabe quién escondió esos restos.