USHUAIA (Corresponsalía Patagonia) En el inicio del camino a la contienda electoral de 2023, el gobernador fueguino Gustavo Melella decidió reflotar una vieja promesa de campaña y avanzar con una reforma previsional en Tierra del Fuego que permitiría a quienes trabajan en las islas jubilarse entre los 45 y los 50 años, ya que el régimen que impulsa el mandatario contempla 25 años de aporte sin límite edad. La movida se contrapone con los objetivos del Poder Ejecutivo nacional, en el cual se referencia políticamente Melella, que propuso revisar todas las exenciones impositivas y beneficios fiscales que otorga el Estado federal como una posibilidad de echar mano a esas partidas para enfocar el recorte de recursos y que tiene a Tierra del Fuego en el centro de las discusiones. La falta de sincronía entre ambos procesos promete chispazos a nivel local y federal.
El debate responde a un compromiso que Melella había asumido con el gremio docente provincial durante su camino a la gobernación en 2019 y toma impulso justo en el momento en que el Congreso debate en torno al régimen tributario especial que beneficia a Tierra del Fuego. Los beneficios que percibe la provincia austral está en la mira de la oposición, al punto de que provocaron un cortocircuito de proporciones en Juntos por el Cambio, y fueron advertidos por el ministro de Economía, Sergio Massa, en la “separata” que envió junto al proyecto de Presupuesto 2023. Cuestionando abiertamente esa iniciativa y haciendo oídos sordos a los discursos que braman por reformas estructurales que apunten a recortar el gasto, Melella habilita un debate que va ganando terreno y entusiasmo en el mundo sindical sureño.
El actual régimen jubilatorio fueguino data de 2016, durante el gobierno de Rosana Bertone. Aquellas modificaciones que fueron aprobadas por la. Legislatura desataron un conflicto gremial en el sur argentino que terminó con acampes y manifestantes procesados por la Justicia. En aquel momento, no solo se eliminó el 82% móvil sino que se implementó una particular tabla que establece una situación progresiva que implicaría que en 2035 todas las jubilaciones provinciales se comiencen a cobrar con un piso de 30 años de aportes y 60 años de edad, sin diferenciar géneros. También se establecieron nuevos parámetros para el haber mínimo, que empezó a calcularse a partir de los salarios de los últimos diez años y no de los últimos 24 meses, tal como era hasta aquel momento.
Conocedor de un malestar del sector pasivo que se venía extendiendo desde tiempos en los que Fabiana Ríos ocupaba la gobernación, Melella tejió una red de alianzas con los gremios, con los que se comprometió volver a implementar el 82% en la provincia. Los tiempos políticos y la pandemia fueron frenando el tratamiento, que se aceleró en las últimas horas, justo en paralelo a una discusión nacional en la que la Coalición Cívica pidió por "la eliminación progresiva" del Régimen de Promoción Industrial de Tierra del Fuego creado por la Ley 19.640, que básicamente exime del pago de impuestos a quienes se instalen a desarrollar su actividad en tierras australes.
Si bien la ley que discute la Legislatura fueguina implicaría mayores gastos para la caja de jubilaciones provincial, lo cierto es que una de las discusiones más álgidas en materia de envío de fondos nacionales hacia las diferentes administraciones que forman parte del esquema federal tiene que ver con el financiamiento del déficit generado por esas cajas provinciales que funcionan con regímenes diferentes al que se establece a nivel nacional.
En la actualidad, la Comisión de Legislación discute la elaboración de un dictamen que conjugue el proyecto original del gremio docente, que ya avanza en algunos cambios acordados previamente a partir de otro texto presentado por la administración provincial. La intención original del Sindicato Unificado de la Educación Fueguina (SUTEF) era establecer un régimen especial para el sector, que básicamente quitaba el requisito etario y sólo establecía la necesidad de dar cuenta de 25 años de aportes. Además, fijaba el cálculo del haber a partir de los mejores 24 salarios consecutivos y restablecía el 82% móvil.
Lo que era esperable a partir del visto bueno de Melella a sus aliados docentes finalmente sucedió y, a partir de un pedio de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), ese régimen que fue ideado para el personal de la enseñanza empezó a discutirse como aplicable a la totalidad del personal estatal de la provincia. Para eso, ATE avanza con replanteos sobre el cálculo y la edad, que aceptarían en un piso de los 55 años, es decir, entre cinco y diez años menos que lo que se aplica actualmente a nivel nacional.
