El escándalo desatado en relación al video donde se escucha el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas decir que le gustaría armar una “Gestapo” para perseguir a gremialistas ubicó en otro plano a dos sindicalistas detenidos durante la gestión de María Eugenia Vidal en Buenos Aires: Juan Pablo Medina (UOCRA La Plata) y Marcelo Balcedo (SOEME) presentaron una denuncia en los tribunales federales de La Plata que apunta directamente al fiscal Carlos Stornelli, ligado al macrismo y procesado en la justicia federal de Dolores. La causa quedó radicada en el mismo Juzgado donde se investiga a la "mesa judicial" provincial. El funcionario judicial fue denunciado por presunto encubrimiento agravado.
En el año 2019, Medina había denunciado en Comodoro Py que era víctima de una persecución política. Esa causa quedó en manos del fiscal Stornelli. Según los denunciantes, el expediente tuvo poco impulso de parte del fiscal. Sospechan que la cajoneó y es por ese motivo que solicitan que se lo investigue, pero fuera de los tribunales porteños.
La denuncia lleva el patrocinio letrado del abogado César Albarracín, quien contó a Letra P que, según una denuncia previa en la causa que tiene Stornelli del año 2019, se puede observar que existió “una clara maniobra de encubrimiento de los responsables de esta mesa judicial que ahora está saliendo a la luz”.
“En noviembre de 2019, luego de que el periodista Hugo Alconada Mon diera cuenta de la existencia de esa reunión en el Banco Provincia donde participó Marcelo Villegas, empresarios y demás, nosotros hicimos la pertinente denuncia penal en Comodoro Py”, indicó el letrado e indicó que esa denuncia tramitó en el Juzgado en lo Criminal y en lo Correccional N° 6.
Albarracín dijo que, pese a que desde el primer momento había señalado los elementos de prueba y las diligencias indispensables que resultaban necesarias realizar, entre ellas, tomarle testimonial a Balcedo y a Alconada Mon, “lo que observamos es que existió una clara actitud obstructiva por parte del fiscal Stornelli para evitar que la causa avance”.
A su vez, el letrado afirmó que “existe una decisión” del exsecretario general del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme), Balcedo, de hacer la denuncia penal, “porque fue testigo directo de los gravísimos dichos de Marcelo Villegas; Balcedo había explicado que había otros testigos e incluso, posteriormente, se logró hallar un registro de audio de esa reunión donde se escuchaba al exministro ratificar todo lo que venía diciendo Balcedo, que había expuesto también Medina y que estaba reflejado en el libro de Hugo Alconada Mon”.
A entender del abogado defensor, “había elementos más que suficientes” para averiguar de qué se trataba todo lo que estaba diciendo y denunciando Balcedo y “no se hizo absolutamente nada”. Albarracín aspira a que se considere que Stornelli “efectivamente cometió irregularidades en lo que es el trámite de este expediente. Nosotros consideramos que las hay y son graves, empezando por un lapso de dos años de tiempo en los que no se hizo absolutamente nada. Además, en el medio, existieron tres pedidos de ratificación de denuncia hacia Juan Pablo Medina”.
“En el caso de Stornelli, si se comparte nuestra visión, debería ser procesado. Es un delito grave y, paralelamente, eso es motivo a enjuiciamiento disciplinario y suficiente para ser destituido como fiscal”, afirmó.
Los exsindicalistas están detenidos bajo la figura de arresto domiciliario. Con los procesamientos confirmados en todas las instancias, Medina espera el juicio oral en su vivienda de Villa del Plata, partido de Ensenada, acusado de “asociación ilícita y extorsión”, entre otros delitos. Balcedo está alojado en su mansión uruguaya, donde cumple la condena tras confesarse culpable de lavado de activos, contrabando y tráfico de armas. Cuando cumpla su pena en Uruguay, lo espera la justicia Federal de La Plata para indagarlo como presunto jefe de una asociación ilícita. El juez a cargo de la causa es Ernesto Kreplak, el mismo que (por el momento) investiga la persecución a sindicalistas por parte de la “mesa judicial” bonaerense durante la gestión de Vidal.
