El juez federal Ernesto Kreplak, quien investiga el presunto funcionamiento de una mesa judicial durante la gobernación de María Eugenia Vidal a partir de la denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y su aporte del video del Gestapo-gate, pidió registros para analizar los ingresos de personas a las oficinas de esa repartición entre los meses de mayo y diciembre de 2017. Según confirmaron fuentes judiciales a Letra P, también ordenó identificar los números telefónicos de los empresarios que participaron de la reunión de junio de aquel año en la sede porteña del Banco Provincia para hacer entrecruzamiento de llamados con integrantes del sector político.
La justicia intentará determinar si hubo encuentros presenciales, y cuántos, entre los “17 participantes” que quedaron registrados en el video del escándalo, pero de la que no hay constancia en los libros de ingresos de personas a la entidad bancaria. El primero de los focos fue puesto en las dependencias de la agencia de inteligencia. El organismo, a cargo de la interventora Cristina Caamaño, deberá responder si en esas oficinas hay registros documentales de reuniones de los involucrados en esa sede oficial, entre los que incluyó a la exgobernadora Vidal, pese a que no figura presente, al menos, en el extracto de la grabación que tomó estado público y dio origen a la radicación de la causa en curso.
En paralelo, el juez intentará determinar con evidencia concreta si hubo contactos previos entre el ala política de la exgobernadora con empresarios de la construcción de La Plata. Para eso ordenó identificar los números de teléfonos de los empresarios y representantes de colegios profesionales, los que serán sometidos al scanner de comunicaciones.
En el video quedaron registrados el exministro de Trabajo Marcelo Villegas (el hombre de la Gestapo antisindical), el exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi, el exministro de Infraestructura bonaerense Roberto Gigante, el senador provincial de Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata, Julio Garro, y cinco empresarios, según surge del texto de la denuncia. También estuvieron presentes Diego Dalmau Pereyra, exjefe de Contrainteligencia de la AFI; Darío Biorci, cuñado y exjefe de Gabinete de Silvia Majdalani, y Sebastián De Stéfano, exjefe del área de jurídicos de la central de espías, ligado al expresidente de Boca Daniel Angelici.
En la causa que lleva adelante Kreplak se investiga la comisión de los posibles delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos y falsificación de documentos en general, como la violación a las leyes de inteligencia criminal. Resta determinar cómo concursan esos delitos (de manera real o ideal). Una vez comprobado eso, se podrá establecer la pena en expectativa que enfrentan. En cualquiera de los escenarios, supera ampliamente los tres años de prisión y podrían terminar tras las rejas.
Como contó Letra P, la fiscal Ana Russo pidió que se ordene un entrecruzamiento de llamadas entre la exgobernadora bonaerense y todos los imputados en la causa. El pedido se incluyó en un dictamen firmado en el cual la fiscal amplió la imputación a todos los que participaron de la reunión que se realizó el 15 de junio de 2017. La exmandataria provincial contaba con un teléfono encriptado que le había otorgado la AFI. Similares equipos de comunicación tenían el actual procurador general bonaerense, Julio Conte Grand; el exministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y Angelici.
La Justicia deberá determinar qué hacía ese video en manos de la AFI, comandada entonces por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y si lo que allí quedó registrado es efectivamente la planificación de una estrategia para perseguir a dirigentes a los que el gobierno de Vidal consideraba adversarios políticos.
