La situación de varios exfuncionarios bonaerenses y exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Cambiemos se complicó tras la decisión de la Justicia de imputarlos en el expediente que investiga el accionar de una supuesta mesa judicial para perseguir dirigentes gremiales opositores. Además, la fiscal del caso ordenó investigar el teléfono de la exgobernadora María Eugenia Vidal, según se desprende de la documentación judicial a la que tuvo acceso Letra P.
La fiscal federal de La Plata Ana Russo amplió la imputación a todos los participantes de la reunión de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, en la que se coordinó el supuesto armado de causas judiciales contra sindicalistas. En ese encuentro, que quedó registrado en un video, el exministro de Trabajo Marcelo Villegas se manifestó a favor de impulsar una "Gestapo" antisindical.
Además de Villegas, participaron de la reunión el exsubsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Adrián Grassi , el exministro de Infraestructura bonaerense Roberto Gigante, el senador provincial de Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata, Julio Garro, y cinco empresarios, según surge del texto de la denuncia.
También estuvieron presentes Diego Dalmau Pereyra, exjefe de Contrainteligencia de la AFI; Darío Biorci, cuñado y exjefe de Gabinete de Silvia Majdalani, y Sebastián De Stéfano, exjefe del área de jurídicos de la central de espías, ligado al expresidente de Boca, Daniel Angelici.
"Se está investigando en autos la supuesta organización de una estrategia, elaborada en el gobierno nacional, provincial y municipal durante el año 2017, dirigida a impulsar denuncias para involucrar en investigaciones penales a personas vinculadas con la práctica sindical relacionada con actividades de la construcción en la Ciudad de La Plata", se detalla en el documento judicial.
En el texto, la fiscal también pide que se libre oficio a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para que informe, previo levantamiento de secreto, "si alguno de los presentes en la reunión del día 15 de junio de 2017 se les ha provisto de aparatos de telefonía encriptada o satelital y, en su caso, se indique se indique el o los números de abonados, y si los mismos han sido devueltos al organismo".
En la causa que lleva adelante el juez Ernesto Kreplak se investiga la comisión de los posibles delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos y falsificación de documentos en general, como la violación a las leyes de inteligencia criminal. Resta determinar cómo concursan esos delitos (de manera real o ideal). Una vez determinado eso se podrá establecer la pena en expectativa que enfrentan. En cualquiera de los escenarios supera ampliamente los tres años de prisión y podrían terminar tras las rejas, siempre dentro del plano hipotético.
La semana pasada, Vidal se refirió por primera vez al video que involucra a exfuncionarios de su gestión con empresarios y espías en la supuesta persecución de dirigentes gremiales. “En mi gobierno no hubo ni mesa judicial ni causas armadas ni a sindicalistas ni a nadie. Todos aquellos que hoy se invocan como perseguidos fueron investigados por la Justicia no por mi gobierno, con pruebas claras y concluyentes, y por eso se pidió su detención”, argumentó.
"Nosotros no armamos ninguna causa. La reunión fue institucional, fue ilegalmente grabada y además fue llamativamente presentada ahora luego de dos años por la AFI", se defendió en declaraciones televisivas al canal LN+.
Conexiones encriptadas
La fiscal Russo pidió que se ordene un entrecruzamiento de llamadas entre la exgobernadora bonaerense y todos los imputados en la causa. El pedido se incluyó en un dictamen firmado en el cual la fiscal amplió la imputación en la causa a todos los que participaron de la reunión que se realizó el 15 de junio de 2017. La exmandataria provincial contaba con un teléfono encriptado que le había otorgado la AFI. Similares equipos de comunicación tenían el actual procurador general bonaerense, Julio Conte Grand; el exministro de Seguridad, Cristian Ritondo y el expresidente Xeneize.
La fiscal imputó a otras 14 personas y aclaró que reclama investigar "también a toda persona que resultare autor/a, coautor/a, cómplice, partícipe y/o instigador de los hechos" y que "pudieran ser identificados en el devenir de la instrucción". De este párrafo se desprende que la exgobernadora será imputada “en breve” señalaron las fuentes judiciales consultadas.
“Todavía restan algunos detalles menores para que se impute a Vidal, no tardará demasiado en que eso ocurra”, aclararon fuentes judiciales con acceso al expediente judicial. En tanto, otras versiones indican que “el solo hecho que la fiscal dejó abierta la investigación a más personas eso la pone a Vidal a tiro de imputación porque ella era la jefa política de la provincia y principal responsable de la administración”.
La representante del Ministerio Público Fiscal presentó el requerimiento de instrucción ante el juez Kreplak, quien deberá determinar los pasos a seguir y afianzar el rumbo de la investigación.
La Justicia deberá determinar qué hacía ese video en manos de la AFI, comandada, entonces, por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y si lo que allí quedó registrado es efectivamente la planificación de una estrategia para perseguir a dirigentes a los que el gobierno de Vidal consideraba adversarios políticos.
