Cómo operó el lawfare de Vidal para perseguir a exfuncionarios de Scioli

La triple fuga del penal de máxima seguridad de la localidad bonaerense de General Alvear que sacudió al país en diciembre de 2015 sigue generando turbulencias en el frente (ahora opositor) Juntos, y pone en el centro de la escena a la exgobernadora y precandidata en la Ciudad María Eugenia Vidal. Tras el hecho, fueron procesados la entonces titular del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Florencia Piermarini (quien fue nombrada por el exgobernador Daniel Scioli), y su superior jerárquico, el entonces Subsecretario de Política Criminal, César Albarracín, quien finalmente fue sobreseído, en una resolución que está firme y sacó a la luz una trama de alto impacto.

Todo comenzó en agosto de 2015. En la previa a las elecciones ejecutivas de ese año, el detenido Martín Lanatta (condenado a perpetua por el triple crimen de General Rodríguez) dio una entrevista televisiva en la que acusó al entonces candidato a gobernador bonaerense por el Frente para la Victoria Aníbal Domingo Fernández de ser responsable intelectual del triple crimen (finalmente la justicia determinó la falsedad de esa versión). Tras la emisión de ese informe, la jueza de Ejecución de Mercedes, Marcela Otermín, dictó una resolución "...extremando las medidas de seguridad del caso, asegurándole al detenido los derechos que consagra el art. 9 de la ley 12.256.-...", pero ese documento fue cambiado por otro que luego fue utilizado para imputar a Piermarini y Albarracín.

Según se estableció en la causa penal, la jueza Otermín “presentó un informe que contendría información falsa, empleando en respaldo copia de una decisión jurisdiccional previamente adulterada en los procesos judiciales a su cargo”, pero “en el resolutorio original del día 5 de agosto de 2015”, luego de la emisión de la entrevista al condenado Lanatta, “jamás se había ordenado la vigilancia con guardia armada 24 horas ni el monitoreo con cámaras de seguridad”. Esta adulteración generó la apertura de un proceso de juicio político para la magistrada.

Se concluyó que la resolución presentada como prueba en la denuncia contra Piermarini y Albarracín fue adulterada, es decir, se procesó a dos personas en base a un documento falso. “Esto no se pudo hacer sin la orden de autoridades superiores”, dijo Albarracín a Letra P en referencia al entonces secretario de Legal y Técnica del gobierno provincial Julio Marcelo Conte Grand, actual Procurador General de la provincia de Buenos Aires y quien está señalado de ser uno de los cerebros jurídicos de la persecución a dirigentes opositores al macrismo, mediante espionaje ilegal.

Al momento de la fuga, Albarracín ya había sido designado fiscal para la instancia de Casación. Solo faltaba que le tomaran juramento, pero la entonces gobernadora Vidal decidió cancelar momentáneamente su designación. Contra ese decreto de suspensión, Albarracín inició una demanda contenciosa que está en trámite “más allá de que el decreto ahora ya no tendría operatividad porque la suspensión de la jura era hasta tanto se deslinde mi responsabilidad penal o administrativa”, explicó el abogado que ahora está en condiciones de acceder al cargo.

Tras la evasión Piermarini fue corrida de la jefatura penitenciaria y ese cargo quedó en manos del actual titular, el abogado Xavier Areses. Las causas penales que tramitaron en Azul, Bahía Blanca y La Plata siempre apuntaron a un presunto plan orquestado por dirigentes o funcionarios del Frente para la Victoria para desestabilizar a los gobiernos nacional y provincial de Juntos por el Cambio. Nada de eso se pudo corroborar en los expedientes que se abrieron en la justicia ordinaria bonaerense ni en el fuero Federal, al contrario, esas versiones quedaron desacreditadas en distintas instancias, como fue una resolución de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Azul donde dos camaristas concluyen que la acusación no pudo desvirtuar la versión de Albarracín.

En el mismo sentido se explayó el juez que sobreseyó al exfuncionario al sostener que dio “claras explicaciones sobre las funciones que por entonces desempeñaba” y que “tales versiones no han logrado ser rebatidas por la acusación a pesar de lo prolongado de la presente instrucción” que se extendió durante más de cinco años.

Cada cambio de signo político en el gobierno provincial genera expectactivas en los mandos medios de las fuerzas de seguridad (policías y penitenciarios) quienes buscan ascender en el escalafón. La gestión de Piermarini se caracterizó por la firmeza en el cumplimiento de las normas por parte del personal penitenciario. En ese camino, hubo varios casos de sanciones en toda la fuerza penitenciaria provincial.

Una de las hipótesis que barajaron desde las defensas es la posibilidad que la fuga haya sido preparada por penitenciarios (en actividad y desplazados) para correr de la conducción a Piermarini, quien sigue procesada en una de las causas, y acceder ellos al control de la fuerza.

Tras el fallo que lo sobreseyó, Albarracín realizó su descargo en las redes y posteó: “Así funcionó y aún funciona el Law fare en la Provincia de Buenos Aires. Este es solo uno entre miles de casos. En su momento montaron una operación mediática y me impidieron asumir como Fiscal de Casación. Ahora se demostró que era todo trucho”.

Además en una entrevista radial declaró que “fue una causa armada con documentos truchos firmados por la propia jueza”.