Hace pocos días, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Iván Szczech, anunció que el empleo en el rubro superó levemente los números de febrero de 2020. Es una buena noticia, en general, pero, si se pone la lupa sobre la constitución de ese empleo, se encuentra que, según datos del INDEC del primer trimestre del año, en el sector trabaja un 97,4 por ciento de varones y un 2,6 por ciento de mujeres. ¿Sorprende? No. La construcción es una de las ramas más masculinizadas de la economía. La mayoría de esas trabajadoras, además, se desempeña en tareas administrativas, de atención al público o limpieza en obra.
Szczech destacó que en julio se habrían alcanzado los 336.000 puestos de trabajo mientras que en agosto quedarían en alrededor de 340.000. La cuenta es fácil: de ese total, según datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), registra, en los últimos años, entre 1.000 y 1.500 trabajadoras en el área, una cifra que no decrece, pero tampoco aumenta.
Hasta acá las buenas noticias para el sector y las malas para las mujeres. “La recuperación económica no puede ser sin nosotras”, enfatizan las funcionarias de las distintas carteras del Gobierno cada vez que se sientan en las mesas de decisión. Esta vez, el sector de la construcción recogió el guante. La cámara que agrupa a las empresas del sector empezó a trabajar fuertemente, a través de su comisión de Géneros, en la articulación con el Estado y con los sindicatos para promover la inserción laboral de las mujeres en el sector. Para Marisa Luero, presidenta de la comisión, “las mujeres hoy pueden trabajar de igual a igual”. “Quedan muchos prejuicios y barreras”, agrega, pero la voluntad está puesta en “mejorar las oportunidades y derribar el sesgo cultural asociado al género”.
Con el objetivo de sistematizar la información disponible, trazar un diagnóstico confiable y lograr una promoción efectiva de las mujeres en el sector, la Cámara firmó un convenio con la UOCRA, un sindicato cuya escasa presencia de trabajadoras se reproduce en los ámbitos de representación. El acuerdo incluye cuatro pasos (investigación, formación, análisis de normativas y difusión) y ya está en marcha el primero. Es imprescindible realizar un diagnóstico preciso, coinciden empresarios y gremio, para avanzar en las propuestas de inserción laboral y capacitación en oficios además de las posibles acciones afirmativas para aumentar o instituir la presencia de mujeres en los espacios de decisión. Diego Maza, gerente de formación de la Fundación UOCRA, menciona la tarea de UOCRA Mujeres –un área del sindicato que conduce Gerardo Martínez que trabaja en formación y producción de materiales desde hace varios años– y cree que a partir del trabajo conjunto con la cámara empresaria habrá, por primera vez, información sistematizada sobre la situación femenina en el sector. Aunque reconoce que puede haber resistencias, “la realidad y el movimiento de mujeres llegan a la industria”.
También algunos municipios, gobiernos provinciales y el Estado nacional impulsan poco a poco políticas de promoción de empleo para las mujeres en el área de la construcción. El Ministerio de Obras Públicas, además de constituir una mesa sectorial con la Camarco y UOCRA para erradicar las violencias por razones de género en la construcción y trabajar por espacios igualitarios de trabajo en el sector, promueve la incorporación de mujeres en obras de mantenimiento (por ejemplo en las rutas de Vialidad Nacional en Chubut), participa de un proyecto de Naciones Unidas para trabajos de mejoramiento urbano que exige un cupo mínimo del 30% de mujeres en cada obra que realizan cooperativas y lanzó los planes Agua/Cloaca+Trabajo (obras de agua y saneamiento en el área de concesión de AySA) y el Plan Argentina Hace (que apunta al mejoramiento de las condiciones de vida a nivel local), que cuenta con cuadrillas con participación de mujeres contratadas a través de los municipios.
La cartera conducida por Gabriel Katopodis cuenta con una Red de Género y Diversidad que acaba de publicar un informe que da cuenta de la brecha de género dentro del Ministerio: de cada 100 personas que trabajan en la cartera, solo 27 son mujeres. Ese dato, sostiene el relevamiento, “evidencia la segregación horizontal que existe para la planificación y ejecución de obras públicas, hídricas y viales”. “Además, la escasa presencia de mujeres se concentra en actividades administrativas y técnico-profesionales, mientras que la mayoría de los trabajadores varones realiza funciones operativas. Es decir, la brecha horizontal que segrega el mercado de trabajo entre sectores de actividad considerados tradicionalmente ‘masculinos´ o ‘femeninos' se reproduce al interior de las organizaciones de Obras Públicas”, concluye.
Construcción con perspectiva de género
Una de las experiencias locales que tuvo algo de repercusión fue la de un programa del Municipio de Avellaneda, responsable de la construcción de viviendas en el barrio La Saladita. Las albañilas –integrantes de una cuadrilla formada durante la pandemia por iniciativa de la jefa de Gabinete del municipio, Magdalena Sierra- fueron especialmente saludadas por el presidente Alberto Fernández durante el acto por la entrega de 48 viviendas realizado en mayo.
El programa Mujeres en Obra es otro ejemplo de políticas públicas con perspectiva de género. Empezó en julio en General Acha, La Pampa, con fondos del BID a través de un programa del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat junto con la provincia, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas. En este caso, seleccionaron a 20 mujeres (todas madres con alguna vulnerabilidad social) para construir un estacionamiento y una plazoleta. El objetivo final es la formación de una cooperativa para que perdure en el tiempo. El dato que empaña la iniciativa es que hace seis días la obra fue vandalizada con pintadas misóginas en uno de los paredones realizados por las albañilas que participan del programa.
La provincia de La Rioja también tiene, desde fines de junio, su programa Constructoras, que apunta a proporcionar herramientas para fomentar la inserción laboral de las mujeres en el sector. Lo anunció el gobernador Ricardo Quintela y de su lanzamiento participó Mercedes D’Alessandro, directora de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de la Nación. D’Alessandro describió el proyecto como parte de la “recuperación económica con las mujeres como protagonistas”.
La pandemia profundizó la brecha de género: el aumento de la precarización del trabajo, la pérdida de ingresos y las propias condiciones materiales de infraestructura de los hogares y barrios donde residen son sólo algunos indicadores de vulnerabilidad. Los resultados de la encuesta sobre el “Impacto del COVID-19 en la vida de las mujeres”, que lanzó el pasado mes de mayo el grupo que lidera la investigadora del CONICET Karina Bidaseca, en el marco de las acciones que realiza la “Unidad Coronavirus”, revelan que un 20% de las mujeres urbanas indicó una situación de precarizaciónlaboral. El estudio expuso la crisis de cuidados durante el confinamiento, con el agravante de que, en los centro urbanos, el 55,1% son jefas de hogar, además responsables, en su mayor parte, de los trabajos domésticos y de cuidados.
Las cifras también dicen que cada trabajadora de la construcción con empleo registrado es mucho más que un número.
