La denuncia y pedido de juicio político para tres fiscales aliados de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal y del procurador general bonaerense Julio Marcelo Conte Grand sumó una nueva adhesión con pedido de ampliación para dos camaristas y otro fiscal del departamento judicial de Lomas de Zamora, documentación que ya fue enviada a la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados, confirmaron fuentes judiciales a Letra P.
En el marco del expediente abierto para investigar conductas de los fiscales Sebastián Scalera, Pablo Rossi y Sebastián Bisquert, todos del departamento judicial de Lomas de Zamora, la asociación civil Grupo de Litigio Estratégico (GLE) adhirió a las denuncias presentadas por la Asociación de Abogados por la Justicia Social (AJUS), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y Comisión Provincial por la Memoria (CPM). También solicitaron que se amplíe el pedido de juicio político al fiscal Javier Gustavo Martínez y de los jueces de la Sala II de la Cámara de Garantías y Apelación en lo Criminal y Correccional, Pablo Alberto Litlle y Alejandro Adrián Rojas, todos funcionarios judiciales de Lomas de Zamora
La denuncia lleva la firma del abogado y docente universitario Adrián Albor, quien sostuvo en el documento que el departamento judicial de Lomas de Zamora “padeció durante el período 2016/2019 la influencia política desplegada por la denominada “Mesa Judicial”, convirtiéndose en un espacio de persecución y propaganda política”.
Además, desplegó una puntillosa serie de argumentos en los que pone el foco en las causas iniciadas contra los líderes sindicales de Camioneros Hugo y Pablo Moyano; las denuncias al abogado Daniel LLermanos, defensor de los Moyano; la acusación al abogado Víctor Hortel, defensor de un arrepentido de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista; las presiones que recibió el juez de Garantías Luis Carzoglio de parte del expresidente Mauricio Macri para detener a Pablo Moyano y las reuniones del fiscal Scalera con la exministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich; coacciones de parte del exfuncionario Gerardo Milman, entre otras situaciones vidriosas señaladas en el escrito de denuncia al que accedió Letra P.
En el texto se señala que el fiscal Scalera ejerció “un rol central para la formación ilegal de las distintas causas mencionadas”, conducta que se vio “potenciada” contra los gremialistas y los abogados Hortel y Llermanos. “Actuaron de manera muy similar a la de la dictadura del 76. En ese tiempo se hacía desaparecer a los gremialistas y abogados, ahora, en cambio, procesarlos y privarlos de la libertad procurando que esa actividad parezca legal”.
El pedido de juicio político sigue su trámite en la Comisión Bicameral que está integrada por 12 legisladores (seis del Frente de Todos, cinco de Juntos por el Cambio y el restante, perteneciente a un monobloque), quienes serán los encargados de definir el futuro de las denuncias en trámite.
Tal como informó Letra P, la comisión no se expidió sobre las denuncias, pero solicitó la incorporación de nueva documentación para definir si finalmente corresponde abrir o no el proceso de destitución. El organismo está conformado por los diputados bonaerenses Juan Pablo De Jesús, Carlos Julio Moreno, Luciana Padulo, Germán Di Césare (del Frente de Todos), Maricel Etchecoin Moro y Guillermo Sánchez Sterli (Juntos por el Cambio) y Mario Giacobbe (17 de noviembre). Por el Senado, la integran Lorena Petrovich, Leandro Blanco, Walter Lanaro (Juntos por el Cambio), Agustina Propato y Adrián Santarelli (Frente de Todos).
El oficialismo cuenta con seis votos para dictaminar por el avance de las denuncias, mientras que la oposición tiene cinco soldados para la resistencia. La presidencia de la comisión está en manos de Giaccobe, quien, desde su monobloque, por el momento, se muestra cercano al oficialismo. Desde su banca le permite al Frente de Todos contar con la mayoría en el recinto y en las comisiones.
La función de la bicameral es recibir denuncias de los particulares y analizar la verosimilitud de los hechos para girarlas a la Secretaría Permanente de Jury. El organismo puede requerir informes que considere pertinentes. Tiene un plazo de 90 días corridos para formalizar la denuncia ante la Secretaría Permanente u ordenar el archivo de las actuaciones. También puede asumir, si hubiere mérito, el rol de acusador.
