El pedido de juicio político para tres fiscales del departamento judicial de Lomas de Zamora, aliados de la exgobernadora María Eugenia Vidal y del procurador general Julio Marcelo Conte Grand, sigue su trámite en la Comisión Bicameral de Enjuiciamiento de Magistrados, que está integrada por 12 legisladores (seis del Frente de Todos, 5 de Juntos por el Cambio y el restante, perteneciente a un monobloque), quienes serán los encargados de definir el futuro de las denuncias en trámite.
Tal como informó Letra P, la comisión no se expidió sobre las denuncias pero solicitó la incorporación de nueva documentación para definir si finalmente corresponde abrir o no el proceso de destitución. El organismo está conformado por los diputados bonaerenses, Juan Pablo De Jesús, Carlos Julio Moreno, Luciana Padulo, Germán Di Césare (del Frente de Todos), Maricel Etchecoin Moro y Guillermo Sánchez Sterli (Juntos por el Cambio) y Mario Giacobbe (17 de noviembre). Por el Senado, la integran Lorena Petrovich, Leandro Blanco, Walter Lanaro (Juntos por el Cambio), Agustina Propato y Adrián Santarelli (Frente de Todos).
La denuncia que tomaron los legisladores es la que presentó el colectivo judicial AJUS, “porque es la única que tiene pruebas, las otras dos denuncias, por el momento, no cuentan con el respaldo documental”, señalaron fuentes del caso consultadas por este medio. Los pedidos de jury fueron presentados para los fiscales Sebastián Scalera, Pablo Rossi y Sebastián Bisquert, todos del departamento judicial de Lomas de Zamora donde, se sospecha, se abrieron causas de manera irregular para realizar espionaje sobre opositores al expresidente Mauricio Macri y la exgobernadora Vidal.
Mario Giacpbbe, presidente de la Comisión Bicameral
El oficialismo del Frente de Todos cuenta con seis votos para dictaminar por el avance de las denuncias, mientras que la oposición tiene cinco soldados para la resistencia. La presidencia de la comisión está en manos de Giaccobe, quien desde su monobloque, por el momento, se muestra cercano al oficialismo. Desde su banca le permite al Frente de Todos contar con la mayoría en el recinto y en las comisiones.
La función de la bicameral es recibir denuncias de los particulares y analizar la verosimilitud de los hechos para girarlas a la Secretaría Permanente de Jury. El organismo puede requerir informes que considere pertinentes. Tiene un plazo de 90 días corridos para formalizar la denuncia ante la Secretaría Permanente u ordenar el archivo de las actuaciones. También puede asumir, si hubiere mérito, el rol de acusador.
Las denuncias
Según consta en los expedientes, los fiscales Scalera, Rossi y Bisquert realizaron investigaciones arbitrarias sin control judicial y operaciones de inteligencia ilegal al interior del departamento judicial de Lomas de Zamora para presionar a magistrados y lograr resultados en causas de interés político y mediático durante la gestión de Vidal y Macri. Entre los hechos denunciados se cuestiona la actuación simultánea de Scalera como fiscal general adjunto y titular de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado, esquema del que se habría valido para direccionar ciertas causas de relevancia política para sí o hacia las unidades de Rossi y Bisquert.
“Excediéndose en sus funciones y sin la existencia previa de una investigación penal en trámite, el fiscal Scalera instruyó una auditoría ilegal en el Juzgado de Garantías de Gabriel Vitale -quien intervenía en causas de interés para el poder político, como la denuncia contra Hugo Moyano por asociación ilícita en la barra brava del Club Atlético Independiente- para detectar una supuesta irregularidad administrativa acusándolo de firmar una resolución de competencia sin estar presente en su despacho”, graficaron.
Tal como publicó Letra P, se cree que “esa prueba obtenida de forma ilegal dio lugar a la denuncia por falsedad ideológica contra Vitale, que fue asignada por Scalera de forma arbitraria a la Unidad de Delitos Económicos y Violencia Institucional, encabezada en aquel entonces por Pablo Rossi y actualmente a cargo de Sebastián Bisquert”.
“Este último fue quien inició un operativo de investigación ilegal sobre el juez Vitale y su familia, que incluyó informes de migraciones, bienes, cuentas bancarias y llamadas telefónicas, sin autorización ni control por parte de un juez de Garantías. La misma persecución ilegal padecieron otros integrantes del juzgado”, graficaron.
