SANTA FE EN LLAMAS

La Corte avaló el control político de la Legislatura sobre los fiscales

El máximo tribunal provincial apuntaló la potestad disciplinaria del Parlamento sobre el MPA. Ola polar sobre las discusiones para reformar el sistema.

La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe falló sobre uno de los conflictos institucionales más importantes que tenía en agenda: si la Legislatura tiene facultad o no de investigar y sancionar a los fiscales y defensores. Con una mayoría de 4 a 2, el máximo tribunal sostuvo que no hay incongruencias constitucionales en el actual sistema de remoción de funcionarios del Ministerio Publico de la Acusación, según el cual los y las 12 legisladoras que integran la Comisión Bicameral de Acuerdos investigan y juzgan las faltas.

 

A favor de sostener el mecanismo previsto en la Ley N° 13.807 – sancionada en diciembre del 2017 -  votaron los ministros Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler y la ministra María Angélica Gastaldi. Por el contrario, Daniel Erbetta y Mario Netri sí detectan un problema entre el procedimiento y la Constitución Provincial y firmaron en desacuerdo a que los y las legisladoras tengan la potestad exclusiva del control disciplinario. 

 

La discusión había llegado al máximo tribunal cuestionado con un amparo que presentó el fiscal de Homicidios de Rosario Adrián Spelta cuando la Legislatura local le inició un proceso disciplinario por haber acordado la excarcelación de Emanuel “Pimpi” Sandoval, un narco investigado por un intento de triple homicidio, famoso además por ser uno de los instigadores del ataque a la casa del exgobernador Antonio Bonfatti.

 

Spelta se presentó en queja en la Sala II de la Cámara Laboral de Rosario que en octubre del año pasado le dio la razón y alertó que la intervención de la Legislatura sobre el accionar del MPA generaba un desequilibrio en la división de poderes de la provincia. La postura de la Sala II había sido secundada por una resolución del Procurador, Jorge Barraguirre, quien además recomendó ir hacia un sistema de control mixto, para que la Legislatura retuviera solo el poder disciplinario de las máximas jerarquías del MPA. Ahora, con la resolución de la Corte, la Sala II deberá dictar un nuevo fallo siguiendo el criterio del máximo tribunal.

 

En diálogo con Letra P, el abogado defensor de Spelta, Hernán Martínez, dijo que van a esperar a ver los fundamentos para determinar si avanzan o no con un recurso extraordinario para que la Corte Nacional revise el fallo del tribunal provincial. Mientras tanto, queda en expectativa si en sesión conjunta el Senado y la Cámara de Diputados van a votar o no la sanción de 90 días de suspensión para Spelta que había decidido la comisión de Acuerdos en septiembre del año pasado.

 

La  primera lectura que se desprende de la posición de la Corte es que valida los procedimientos que hasta ahora llevó adelante la Legislatura a través de la comisión de Acuerdos y una de las consecuencias podría ser el enfriamiento en los diálogos que habían iniciado algunos diputados y algunas diputadas para modificar la ley N° 13.807, una norma que fue votada prácticamente por unanimidad pero se dio en un momento en el cual se producía un avance judicial sobre un grupo de senadores investigados por enriquecimiento ilícito. El senador del bloque PJ opositor, Armando Traferri, era uno de ellos. Además de la forma en la que fue sancionada, otra de las críticas que se le hace al sistema es que permite procesar muy pocas de las denuncias que ingresan y la decisión sobre cuáles se toman suele ser discrecional. En el caso particular de Spelta, la Fiscalía de Estado había planteado la constitucionalidad de la norma, sin embargo, en declaraciones públicas el ministro de Gobierno y Justicia, Roberto Sukerman, opinó que el sistema exige modificaciones.

 

A un río revuelto

El fallo de la Corte llega en una semana de río revuelto y es el primero de una seguidilla de eventos judiciales con impacto institucional que se producirían en los próximos días. Entre ellos, se espera la respuesta de la provincia de Santa Fe al recurso de amparo que presentó el exministro de Seguridad, Marcelo Sain por el pedido de suspensión que pesa en su contra al frente del Organismo de Investigaciones  (OI), luego de que la Comisión Bicameral de Acuerdos lo acusara por “faltas graves”. Entre sus fundamentos, Sain también objeta la constitucionalidad del proceso y la connotación política de la acusación. Y en paralelo, podría resolverse en el corto plazo la decisión del juez penal José Luis Mascali sobre si archiva o no la causa en la que se investiga a Traferri por su vinculación al juego clandestino.

 

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