Algunos anuncios o debates recuerdan cada tanto una dimensión olvidada de las políticas sobre el audiovisual: la participación ciudadana. Se trata de aquellos mecanismos pensados para que distintos grupos opinen, controlen, interpelen y proyecten políticas y contenidos audiovisuales. Es algo que va más allá de los mensajes de oyentes o de las opiniones impresas en redes sociales. Son instancias formales, con reglamentos y objetivos.
En los últimos días, el canal estatal infantil Paka Paka anunció la creación de un Consejo de Niños y Niñas para analizar y proponer contenidos. Se trata de una experiencia inédita por el sector convocado (chicos de siete a diez años de las distintas regiones) y por la modalidad propuesta. Si bien este instrumento no forma parte de ninguna legislación, retoma el objetivo de acercar las audiencias a los medios.
Además, en la última semana circuló el pedido del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, para transmitir el clásico del fútbol rosarino por fuera del Pack Fútbol (el codificado, según el decir popular) para evitar aglomeraciones en bares y reuniones en casas. Las opciones apuntadas fueron emitir por el paquete básico de cable o por la TV Pública, que ya transmite algunos encuentros de la Liga Profesional de Fútbol. Visto desde los laberintos regulatorios, el episodio desnudó un abandono: el de los organismos participativos creados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
El Consejo Federal de Comunicación tiene entre sus misiones elaborar un listado de eventos de interés público. Con este insumo se puede implementar el artículo 77 de aquella norma, que impide alegar derechos exclusivos de emisión frente a los derechos de los ciudadanos para acceder en directo y en forma gratuita a los acontecimientos de la lista. Este resorte legal permitió que la TV Pública transmitiera participaciones internacionales de equipos y deportistas argentinos entre 2011 y 2016. Para que eso ocurra, debe funcionar el Consejo, pero eso no ocurrió nunca desde que fue creado en 2016 para asumir las tareas del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, disuelto por el DNU 267 de diciembre de 2015. Ni el gobierno de Cambiemos ni el Ejecutivo actual han encontrado tiempo para impulsar la integración de este espacio pluripartidario, multisectorial y con representación de las provincias.
Pero no solo allí podrían canalizarse pedidos de este tipo en un contexto excepcional como el actual. También existe un Consejo Consultivo de los Medios Públicos, creado por la ley audiovisual en 2009 en la órbita de Radio y Televisión Argentina (RTA), conformado recién en 2015 y desarticulado en 2016. Su corta trayectoria les permitió a sus miembros convocar a una audiencia pública y presentar un informe al Congreso, que son dos de sus mandatos. En este caso, tres administraciones consecutivas decidieron desconocer este espacio, que contempla múltiples representaciones para el control de los medios en manos del Estado nacional. Este mecanismo podría habilitar un canal institucional para que el exdirector de RTA Emilio Lafferriere presentase las dudas que hoy solo puede expresar en redes sociales en relación a los últimos movimientos en la TV Pública. Sin embargo, mientras estuvo en el directorio de los medios públicos, no impulsó la conformación de su Consejo Consultivo.
En marzo de este año, la Defensoría del Público retomó sus audiencias públicas en las distintas regiones del país, que no realizaba desde agosto de 2018. El tema central que se propone abordar es la actividad informativa de los medios en relación a la pandemia del COVID-19. Este organismo fue descubierto por muchos a partir de las numerosas denuncias que recibió luego de las informaciones falsas difundidas en televisión por la presentadora Viviana Canosa. Sin embargo, esta Defensoría, creada por la ley audiovisual, convocó desde 2013 cada año a la ciudadanía a sus audiencias. La acefalía desde 2016 y su posterior intervención en 2018 hicieron que estas convocatorias se realizaran en forma intermitente en ese periodo. El nombramiento de Miriam Lewin como nueva defensora, el año pasado, promete recuperar la regularidad de ese mecanismo para revisar la tarea de comunicadores y comunicadoras en medios audiovisuales, poco acostumbrados a la crítica sobre sus emisiones.
Si bien se trata de organismos que no dependen directamente del Ejecutivo, los oficialismos de cada etapa marcan el interés en dar impulso a estos canales de participación institucional. Las restricciones impuestas por las medidas para enfrentar la pandemia del COVID-19 señalan un límite real a las convocatorias públicas y a la acción política, pero esas mismas limitaciones deberían empujar el relanzamiento de estos olvidados canales de expresión, control y propuesta para el sector audiovisual.
