Hace más de dos semanas que las calles de Colombia se convirtieron en un gran escenario de manifestaciones contra el gobierno del presidente conservador Iván Duque. Lo que inició como un paro contra un proyecto de reforma impositiva devino en el proceso de protesta más importante de los últimos años. No bastó ni el retiro de la iniciativa ni la renuncia de su impulsor y exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ni la cruenta represión desatada por las fuerzas de seguridad que ya provocó, según distintas estimaciones, más de 40 muertos. “La reforma fue la gota que rebalsó una copa que ya existía y que estaba bastante llena”, analizó en entrevista con Letra P el senador del progresista del Polo Democrático, Iván Cepeda.
Desde Colombia, Cepeda aseguró que las manifestaciones se deben a “una acumulación que viene desde muy atrás” y que encuentra “factores diversos y heterogéneos, pero convergentes”, por lo cual cree que persistirán hasta la elección presidencial de 2022. En este sentido, responsabilizó al modelo económico del expresidente Álvaro Uribe, padrino político de Duque, de ser el detonante de los reclamos: “Las protestas son el efecto de la crisis estructural del neoliberalismo, del cual el uribismo ha sido uno de sus más fieles alumnos en el continente”, agregó.
Filósofo y defensor de los derechos humanos, el entrevistado es hijo de Manuel Cepeda, congresista asesinado por paramilitares en 1994. Durante su niñez vivió exiliado en países de la ex Unión Soviética. Es líder del Polo Democrático, uno de los partidos de izquierda más grandes de la historia colombiana.
–¿Por qué continúan las protestas si la reforma impositiva fue retirada?
–Porque las protestas no son simplemente un estallido social, sino el resultado de una acumulación que viene desde muy atrás y que tiene toda clase de elementos. Son el efecto de la crisis estructural del neoliberalismo, del cual el uribismo ha sido uno de sus más fieles alumnos en el continente: privatizaciones, reformas tributarias regresivas, endeudamiento externo, recorte de los derechos laborales... recetas que ya conocemos. También de la política contraria y enemiga del proceso de paz, que pudo ser la oportunidad de resolver los problemas, y la mezquindad con la que se ha tratado la pandemia. Eso hay que leerlo en clave de cada uno de los sectores que se están movilizando y que tienen reivindicaciones propias y generales. Hay sectores indígenas, juveniles, millones de personas que han perdido sus empleos y organizaciones de transportistas, entre otros. La reforma impositiva fue la gota que rebalsó una copa que ya existía antes y que estaba bastante llena. Es por eso que no basta, como ha creído Duque, con retirarla. Acá hay muchas y diversas razones y eso hace que a pesar de la pandemia y de la cruenta represión todavía se siga fortaleciendo y diversificando.
–¿Se pueden comparar con las protestas que vivió Chile en 2019?
–Tienen rasgos similares, aunque hay especificidades. Los rasgos comunes son que un hecho puntual, el aumento del subte o una reforma tributaria, termina volviendo a activar una serie de factores sociales que han estado ahí y que se han ido movilizando desde hace años. En Colombia comenzaron en 2013 con el movimiento indígena con un fenómeno que no se había visto: una movilización grande se extiende por semanas y dura meses con la incorporación de otras movilizaciones. En 2019 volvió a registrarse esa circunstancia con un paro que continuó hasta comienzos de 2020 y se vio interrumpido por la pandemia, que ha agudizado todos estos problemas y ha traído esta movilización general de factores diversos y heterogéneos, pero convergentes.
–¿Cómo continuará este proceso?
–Es difícil prever lo que va a pasar, pero vamos a unas elecciones en 2022 precedidas por estas movilizaciones y que pueden transcurrir en medio de ellas. Dudo mucho que terminen antes.
–¿Es posible una salida constituyente, como el caso chileno?
–Se ha discutido ese escenario y puede emerger como una propuesta, pero habrá que evaluarlo. No estamos ante el mismo escenario. Acá hay una Constitución que ha tenido muchos límites y grandes vacíos, pero también ha garantizado una serie de instancias. Es un escenario posible.
–¿Cómo describiría la represión que se ha visto de las fuerzas de seguridad?
–Lo que vimos es terrorismo de Estado. Con un conjunto de organizaciones de derechos humanos dirigimos una comunicación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que denunciamos varios hechos que nos permiten concluir que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Hemos detectado 22 patrones de conducta de la Policía y el Ejército, como el uso de armas de fuego; la utilización de armas no letales de forma letal, como con el disparo contra los ojos de los manifestantes; la suspensión de la electricidad en los lugares donde ingresa la policía para cometer abusos; el disparo de gases lacrimógenos al interior de viviendas o vehículos y un discurso que legitima la homologación de manifestaciones pacíficas con el terrorismo urbano. Hay cerca de 50 personas muertas, un número considerable de personas cuyo paradero no se ha identificado y más de 1.500 detenciones arbitrarias. Se están utilizando métodos que son propios del terrorismo de Estado. Lo que no se ve es que haya una Justicia capaz de dar cuenta de estos hechos.
–¿Cómo impactan las protestas en el gobierno de cara a las elecciones?
–Hay un profundo rechazo no solamente al gobierno, sino, sobre todo, al uribismo. La gente ha identificado que Duque es quien ejecuta las visiones de Uribe.
–¿Se puede esperar un cambio político profundo en las elecciones?
–Es probable, pero como en todo escenario electoral hay múltiples vectores que operan. Es un escenario que tiene una probabilidad significativa.
–¿Es posible la unidad de la izquierda y el progresismo?
–Es el único camino posible para lograr el cambio. Si no hay una alianza entre todas las fuerzas de la centroizquierda, va a ser muy difícil lograrlo y eso es fundamental en estos momentos.