La denuncia penal contra el expresidente Mauricio Macri, quien vía Twitter instigó a los intendentes a desconocer el DNU presidencial y mantener abiertas las escuelas, registra los primeros movimientos investigativos, luego de que el escrito quedara radicado en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Morón. Tal como informó Letra P, fue presentada por un fiscal que lo acusa de tres delitos, cuya pena en expectativa trepa hasta los nueve años de prisión.
La presentación la hizo Javier Ignacio Baños, agente fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Juicio y Flagrancia Nro. 1 del Departamento Judicial de Morón, ante la fiscalía general de ese departamento. Acusa a Macri por "instigación al delito y desobediencia" por un posteo en sus redes sociales en el que pidió a los intendentes de la provincia de Buenos Aires "no apoyar las medidas" del Gobierno nacional y mantener las clases presenciales.
La investigación penal quedó en manos del fiscal Claudio Oviedo, titular de la UFI 5, quien tras analizar el planteo envió un escrito al juzgado de Garantías 4 de Morón, para que se solicite a la empresa Twitter que resguarde la publicación posteada el 15 de abril, a las 17:01 horas desde la cuenta @mauriciomacri. También pidió conocer desde qué lugar geográfico se realizó.
twitter_tweet
Con esta información el fiscal estará en condiciones de determinar si la causa debe seguir en la justicia bonaerense o debe ser investigada en el fuero federal. “Es una muy buena decisión la de preservar las evidencias, al menos el fiscal no la archivó”, señaló una de las fuentes consultadas por este medio.
En el escrito que publicó Letra P, se señala al líder de Juntos por el Cambio de “violación de medidas para impedir la propagación de una epidemia, instigación a cometer delitos y desobediencia”, delitos cuyo concurso material eleva la pena en expectativa a nueve años de prisión.
El fiscal denunciante consideró que "sucintamente, el expresidente de la Nación Argentina realiza a través de la mentada red social un llamado público a los gobernantes municipales a que desobedezcan las decisiones adoptadas por el gobernador de la provincia de Buenos Aires".
"Es que, más allá que puedan no resultar de su agrado, todas las medidas que los Estados –el provincial y los municipales– adopten para hacer frente a la pandemia y que puedan afectar o restringir el goce y ejercicio de derechos humanos, serán siempre limitadas temporalmente, ajustadas a los objetivos definidos conforme a criterios científicos, razonables, estrictamente necesarias y proporcionales, y por lo tanto legítimas y obligatorias", graficó.
Agregó que en este marco de situación "debemos recordar que el derecho a la libre expresión no es absoluto en cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio".
"En particular, como en el caso, cuando los dichos emanan de un anterior primer mandatario y los mismos conllevan una gravedad institucional tal que invita al caos en el Gobierno provincial", resaltó.
Sostuvo también que con sus manifestaciones "arenga adicionalmente al público en general para que desobedezca disposiciones lícitas emanadas del Ejecutivo provincial, y en definitiva, frustrándose toda legitimación y eficiencia concreta de los protocolos que se buscan implementar".