El procurador Eduardo Casal lanzó la convocatoria. Es el primer paso para implementar el sistema acusatorio federal en 2027. La falta de infraestructura, clave.
Alerta en la Justicia. Eduardo Casal llamó a concurso en tres fiscalías de Entre Ríos, pero faltan personal y recursos.
La implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal es inminente en Entre Ríos y el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal dio un paso clave al convocar a concurso para la cobertura de cargos vacantes en la provincia. Esto disparó alarmas en la Justicia local ante la falta de infraestructura para la puesta en marcha del nuevo sistema.
A través de la Resolución PGN N° 40/26, el procurador convocó a concursos abiertos y públicos de oposición y antecedentes para cubrir las vacantes en fiscalías federales de Paraná, Victoria y Concordia.
La decisión es un paso trascendente para la puesta en vigencia del sistema acusatorio, que viene implementándose por etapas en todo el país y está previsto que llegue a Entre Ríos a partir de junio de 2027.
El sistema acusatorio, lejos de ser solo una modificación procesal, propone un cambio de paradigma en el curso de las investigaciones penales: en la actualidad, son los jueces federales quienes dirigen los procesos y recolectan las pruebas; en el nuevo esquema, la conducción de las investigaciones pasa a manos de los fiscales y los jueces asumen un rol de garantes de los derechos de las personas involucradas.
También desaparece el expediente en papel, como actualmente se lo conoce, y las pruebas deben ser producidas por las partes, el fiscal y la defensa, en presencia de los jueces. Esto supone una desformalización de las investigaciones, lo que busca agilizar la tramitación de causas.
A principios de julio, el procurador interino y jefe de los fiscales federales convocó a concursos para cubrir 17 vacantes en fiscalías ante los juzgados federales y unidades fiscales en 10 provincias.
En el nuevo mapa que impone el sistema acusatorio se prevé que haya, en Entre Ríos, un fiscal de distrito o fiscal revisor; cinco unidades fiscales, en Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia, Gualeguaychú y Victoria; y una unidad de derechos humanos.
Sin embargo, a la fecha, seis de ocho cargos están vacantes, con la salvedad de que en los próximos días se espera que el Senado apruebe el pliego de Pedro Rebollo como fiscal federal de Gualeguaychú, lo que reduciría la cantidad de interinos a cinco. El resto son fiscales designados por el procurador: Leandro Ardoy, en Paraná; Francisco José Bernhardt, en Concordia; y Matías Scilabra, titular en Rosario y designado recientemente para intervenir en Victoria.
Eso ayuda a explicar, en parte, la decisión de Casal de apurar los concursos. Otra razón responde a un imprevisto: en los últimos meses, distintos tribunales del país han dictado fallos que invalidan la actuación de fiscales interinos en ciertas instancias del proceso, como las audiencias de imputación, las de revisión de medidas cautelares (prisión preventiva) y el momento de formular acusación y pedir una condena en los juicios. En el caso entrerriano, la falta de fiscales titulares obligaría a quienes sí lo son a recorrer cientos de kilómetros de una ciudad a otra para intervenir en audiencias donde no puedan hacerlo los interinos, desnaturalizando los objetivos del sistema acusatorio.
La sensación que predomina entre los operadores judiciales es que las condiciones para implementar el nuevo sistema acusatorio son bastante precarias, por la falta de personal, infraestructura y equipamiento.
Durante 2025, la Procuración General de la Nación efectuó un análisis comparativo de la jurisdicción en torno a las características territoriales, infraestructura edilicia disponible, dotación de recursos humanos y volumen de carga de trabajo, entre otras cuestiones.
En la provincia, las fiscalías federales funcionan en edificios cedidos del Poder Judicial; también demandan una mayor cantidad de recursos, humanos y físicos, desde el número de secretarías, cantidad de agentes y espacios propios en cada oficina; hasta lugares para el alojamiento de detenidos y sitios donde guardar objetos secuestrados, por ejemplo.
También se requiere equipamiento. La eliminación del expediente en papel se reemplaza con audiencias orales, videograbadas, pero no se cuenta con esa tecnología. Peor aún, el año pasado, los fiscales federales hicieron un llamado de atención al procurador por la falta de recursos informáticos para sobrellevar las investigaciones. No reclamaban computadoras, sino discos externos, pendrives o dispositivos donde poder almacenar las grabaciones de escuchas telefónicas.
“Las necesidades del Ministerio Público Fiscal deben ser superadas con un fortalecimiento integral en materia de recursos humanos, edilicios y tecnológicos que garantice que la implementación del sistema acusatorio se desarrolle en un contexto en el que su principal actor procesal disponga de los medios que este nuevo ordenamiento le demanda”, advirtió la Procuración General de la Nación en un informe interno.
En ese contexto, con los motores del sistema acusatorio en marcha, el llamado a concurso para la cobertura de cargos de fiscales parece apenas uno de los desafíos que deberá resolver la Justicia federal en Entre Ríos.
