Revés judicial y soledad. No son buenas horas para el intendente de Vicente López, Jorge Macri, quien deshoja la margarita y debe reperfilar la estrategia para poder abrir las escuelas en el distrito. Fue el único intendente del PRO que copió la estrategia del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: judiciales el DNU 241 de Alberto Fernández que mandó a los estudiantes a seguir en clases, pero desde la virtualidad.
Macri es uno de los jefes comunales que integra el Grupo Dorrego junto a sus pares Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Néstor Grindetti (Lanús) y Julio Garro (La Plata). Este espacio, que le disputa la interna de poder a la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal también es integrado por otros alcaldes del interior de la provincia, pero allí las escuelas siguen (por ahora) abiertas.
Tras el decreto presidencial que suspendió las clases por dos semanas, volvió la tensión política entre el gobierno bonaerense y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), cuyos mandatarios tomaron caminos distintos. Axel Kicillof se alineó sin fisuras a la Casa Rosada, el porteño acudió a la justicia. En una resolución emitida el domingo por la noche (publicada en los medios de comunicación antes de que se firmara), tres jueces locales fueron contra el decreto de alcance federal. Aún con el caso en trámite ante la Corte y con el objeto de llevar la cuestión al ámbito federal, la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo de Carlos Zannini, realizó un planteo para que se inhibiera a la justicia porteña de seguir interviniendo en el conflicto.
Pero en la provincia de Buenos Aires la realidad fue otra. Macri fue el único intendente que acudió a la justicia federal, en busca de un amparo que lo autorizara a abrir las escuelas en uno de los distritos que integra la Primera sección electoral, donde, en fecha a definir, se desarrollará una de las contiendas de la madre de las batallas electorales. No tuvo suerte. Un juez federal subrogante de San Martín rechazó el pedido.
El primo del expresidente quedó solo. Sus pares del dorreguismo eligieron estrategias diferentes. Lanús y Tres de Febrero no judicializaron pero el distrito que administra Valenzuela acompañó las presentaciones judiciales de las familias que recurrieron en búsqueda de un amparo. La explicación es que no tienen establecimientos educativos de gestión municipal. En tanto, La Plata, que sí tiene escuelas municipales, optó por esperar a ver la configuración final del escenario.
Strepitus iuris
La decisión (por mayoría) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de declararse competente para resolver el pleito entre CABA y el Gobierno nacional trajo sensaciones encontradas. Por un lado, da certezas de tomar una posible decisión de fondo para cerrar este tramo de la grieta. Además, pone un paño frío al resto de las presentaciones realizadas en distintos juzgados federales con asiento en la provincia de Buenos Aires por grupo de padres muy activos en redes sociales, aunque con mínimo poder de movilización social. Por otro lado, la intervención de la Corte abre todo tipo de especulaciones políticas y aumenta ansiedades en un territorio crispado por la grieta política.
La Corte se declaró competente para intervenir en el litigio por la acción declarativa de inconstitucionalidad interpuesta por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires contra la decisión del Gobierno nacional de suspender las clases presenciales, entre las medidas sanitarias para mitigar la expansión de la segunda ola de coronavirus.
“La presente causa es de la competencia originaria de la Corte Suprema de la Nación”, concluyeron el presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz y los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, mientras que Elena Highton, remitiéndose a la postura en planteos similares, votó en disidencia.
Tras asumir su intervención directa en la “acción declarativa de inconstitucionalidad”, la Corte decidió imprimir al proceso los tiempos del trámite “sumarísimo” y notificar la demanda para que sea contestada dentro del plazo de cinco días y, en igual término, ofrecer la prueba de la que quiera valerse.
La comunicación de lo resuelto se hará vía “oficio” a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, consignó la parte dispositiva de la resolución firmada este lunes en forma digital.
La decisión mayoritaria de la Corte coincidió con el dictamen previo de la Procuradora Fiscal de la Nación, Laura Monti, quien el viernes último se había expedido a favor de la competencia originaria del máximo tribunal.
