Legisladores y legisladoras del Frente de Todos (FDT) de la Ciudad denunciaron ante el Consejo de la Magistratura porteño, por mal desempeño en sus funciones, a los jueces María de las Nieves Macchiavelli Agrelo, Laura Alejandra Perugini y Marcelo López Alfonsin, que habilitaron las clases presenciales en las escuelas del distrito en contraposición a lo dispuesto por el DNU 241/2021 del Ejecutivo nacional.
Los tres integrantes de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad fallaron en forma unánime este domingo tal como reclamaba el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, lo que disparó la reacción de la bancada peronista. "El fallo es a todas luces arbitrario, temerario e incapaz de resistir el menor test de constitucionalidad y de razonabilidad", expresaron.
En la mañana de este domingo la fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, Karina Cichero, había resuelto a favor del pedido de dos organizaciones no gubernamentales para mantener las escuelas abiertas a contramano del decreto del Gobierno. Los camaristas actuaron ante el pedido de la fiscal y habilitaron las clases presenciales en la Ciudad, en línea con la voluntad del Ejecutivo local, que el viernes había presentado un amparo ante la Corte Suprema de Justicia.
En un comunicado, los diputados y las diputadas advirtieron que "los miembros del tribunal deberán hacerse responsables ante los habitantes de la ciudad y del país en su conjunto por el grave riesgo en que nos han colocado a todos y todas". En el terreno jurídico, sostuvieron que el fallo de los jueces denunciados "avasalla competencias constitucionales, demostrando un alevoso mal desempeño y un desconocimiento inexcusable del derecho".
Para los y las representantes del FDT porteño, la decisión de los camaristas "actúa priorizando la estrategia electoral" de Larreta "en un momento de grave crisis sanitaria y con argumentos carentes de sentido", lo que genera "una situación institucional grave".
"La segunda ola de COVID-19 avanza a velocidad alarmante, amenaza con saturar la capacidad del sistema sanitario y obliga a tomar medidas para salvar la vida de la mayor cantidad posible de argentinos y argentinas. Ante tal estado de situación epidemiológica, no es tiempo de especulaciones electorales ni judiciales y tampoco de sacar ventajas políticas irresponsablemente", concluyeron.