Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF, máxima instancia judicial de Brasil) anuló todas las condenas contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción y ordenó comenzar nuevamente la investigación en otros fueros debido a la parcialidad de la Fiscalía y del exjuez y exministro Sergio Moro, que dio por probadas. Con esa determinación, el líder de la izquierda recuperaría sus derechos políticos y podría ser candidato en las elecciones de octubre del año que viene.
El ministro Edson Fachin tomó esa decisión al hacer lugar a un habeas corpus impuesto por la defensa del expresidente en el marco de las causas impulsadas por la hoy cuestionada y desactivada operación Lava Jato (“lavadero de autos”), que ventiló casos de corrupción en Petrobras.
La sentencia debe ser revisada por el pleno del STF, pero la tendencia es que ese foro ratifique las decisiones del magistrado encargado de instruir las causas en el cuerpo.
La decisión individual de Fachin, un juez conocido por haber estado alineado con la operación anticorrupción que puso patas para arriba el sistema político brasileño, se produjo luego del escándalo generado por la filtración de mensajes que desnudaron lo que Lula y el PT siempre denunciaron: el trabajo conjunto y secreto de los fiscales y el entonces juez Moro para condenar al exmandatario a fin de evitar que compitiera en los comicios de 2018, que llevaron al poder al ultraderechista Jair Bolsonaro.
En efecto, el socialista no pudo concurrir a los mismos por haber recibido condena en segunda instancia, lo que lo incluyó en la llamada ley de “ficha limpia”, que retira los derechos políticos a exfuncionarios condenados por corrupción.
El caso es un emblema del lawfare que denuncian numerosos políticos progresistas latinoamericanos implicados en causas por corrupción y las sospechas de los involucrados se acrecentaron cuando Moro terminó convirtiéndose en el primer ministro de Justicia de Bolsonaro.
A pesar de no tener fallo firme en contra, Lula da Silva pasó 580 días preso en la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná, y, tras ser detenido en medio de un operativo que fue transmitido en el mundo entero, tuvo que bajar definitivamente su candidatura.
El habeas corpus declaró la incompetencia de la 13ª Sala de la Cámara Federal de Curitiba para revisar cuatro causas que involucraron a Lula da Silva, la del tríplex en Guarujá, la de una propiedad en Atibaia, la de los fondos destinados al Instituto Lula y la de las donaciones a este. Para el magistrado supremo, ese tribunal de alzada no era el “juez natural” de esos casos.
“Aunque la cuestión de la competencia haya sido suscitada indirectamente, es la primera vez que ese argumento (de la defensa) reúne condiciones procesales para ser examinado, profundizado y perfeccionado por el Supremo Tribunal Federal”, dijo un comunicado del alto tribunal.
De acuerdo con la prensa brasileña, todos esos casos deberán ser examinados por la Justicia Federal del Distrito Federal (Brasilia).
"Con la decisión, se declaran nulas todas las decisiones de la 13ª Sala de la Cámara Federal de Curitiba y se determina el envío de los respectivos autos a la Sección Judicial del Distrito Federal”, añade el texto.
Si la decisión quedara firme, Lula da Silva recuperaría la posibilidad de competir por la presidencia el año que viene para enfrentar a un Bolsonaro que buscaría su reelección.
Tal como ocurriría en 2018, cuando fue proscripto, Lula figura al frente de las encuestas de intención de voto para los próximos comicios.
