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Lula exige su liberación al revelarse que la Lava Jato manipuló su condena

La publicación de comunicaciones por chat entre los fiscales y el propio ex juez y actual ministro Moro causa conmoción. Politización de la Justicia. ¿Elección contaminada? Revuelo en el Supremo.
Por 10/06/2019 13:47

La explosiva revelación de que el ex juez y actual ministro de Justicia de Brasil, Sérgio Moro, y los fiscales de la operación Lava Jato manipularon el caso por el que Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero llevó a la defensa del expresidente a reclamar su “urgente liberación”. Mientras, en medio de una conmoción nacional, un centenar de abogados puso en marcha una iniciativa en el mismo sentido y los miembros del Supremo Tribunal Federal (STF) mantenían contactos reservados en vista de la posibilidad de que se derrumbe la construcción jurídica de la operación anti corrupción que cambió el mapa político del país.

“La acción concertada de los procuradores y del ex juez de la causa, con objetivos políticos, sometió a Lula y a su familia a las más diversas arbitrariedades. A ese escenario hay que sumar varias groserías legales”, indicó un comunicado difundido por la defensa del líder de la izquierda brasileña. Así, exige el “restablecimiento urgente de la plena libertad de Lula", preso desde abril del año pasado, a quien declara víctima de lawfare, esto es la búsqueda de fines políticos a través de procedimientos judiciales amañados.

Este escándalo, a no dudarlo, sonará fuerte también fronteras afuera de Brasil.

 

 

Lenio Luiz Streck, abogado constitucionalista y penalista, profesor universitario y ex procurador del estado Rio Grande do Sul, le dijo a Letra P que “más de cien juristas hemos firmado un manifiesto pidiendo que los órganos de investigación brasileños tomen providencias en este caso porque estamos, tal vez, ante la mayor crisis del Poder Judicial y del Ministerio Público desde (la aprobación de la Constitución en) 1988”.

El prestigioso jurista explicó que “ni Sérgio Moro ni el Ministerio Público niegan el tenor de las informaciones, sino que responden que sufrieron un hackeo. El punto de esto es que si las pruebas fueron producto de hackeo, es decir que son ilícitas, no pueden ser utilizadas contra los protagonistas, pero en el Derecho brasileño sí valen para probar la inocencia de un reo o para anular una pena”.

“Los defensores de mucha gente van a entrar con pedidos”, adelantó.

En efecto, los fiscales de esa mega operación anti corrupción emitieron un comunicado el domingo a la noche, ni bien se conoció la denuncia en el sitio brasileño de The Intercept, en el que admitieron que el material publicado “fue fruto de un ataque de hackers”.

“La fuerza de tareas de la Lava Jato en el Ministerio Público Federal (del estado) de Paraná informa al público que sus miembros fueron víctimas de la acción criminal de un hacker que practicó los más graves ataques a la actividad, la vida privada y la seguridad de sus integrantes”, indicaron en el texto.

 

 

De acuerdo con lo dicho por Streck, eso, que parece confirmar la autenticidad del material, impediría que la Justicia avance sobre esa base contra los procuradores. La suerte de Lula da Silva y de los otros condenados sería otro cantar.

Moro, por su parte, que se juega la promoción al Supremo, según afirmó hace poco el presidente Jair Bolsonaro, apuntó en una nota de prensa al origen ilegal del material y aseguró no haber incurrido en “ninguna anormalidad o direccionamiento” en su rol como juez federal en Curitiba, cargo que dejó en noviembre último para pasar a desempeñarse como ministro de Justicia.

 

 

Esa explicación no convence, sin embargo, a sus eventuales futuros colegas. Una fuente cercana al STF le dijo a Letra P que en el alto tribunal hay conmoción por las posibles repercusiones del caso, que se debaten reservadamente entre sus miembros, y se remitió a lo que declaró públicamente a Folha de São Paulo el juez Marco Aurélio Mello. Este apuntó a Moro, no sin ambigüedad, al indicar que las revelaciones “apenas ponen en duda, principalmente ante la mirada de los legos, la equidistancia del órgano que debe juzgar, que debe ser absoluta”. Se refirió así a los intercambios entre el ex magistrado y los fiscales, a quienes sugería abiertamente cómo encarar ciertas diligencias y recursos, algo que implicaba una intromisión en tareas investigativas que la ley brasileña veda tajantemente a los jueces.

“No conozco las consecuencias. Tenemos que esperar”, añadió. Con todo, admitió que la aparente relación impropia entre Moro y el jefe de los fiscales, Deltan Dallagnol, “tendrá que ser tratado en el proceso, con amplia publicidad. De forma pública, con absoluta transparencia”, agregó.

 

 

Ante el escándalo, el Ministerio Público promete investigar a los fiscales involucrados, mientras que el Congreso prepara una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) y Moro fue defendido por los hijos de Bolsonaro y por el vicepresidente Hamilton Mourão, quien dijo que “una conversación privada es privada”.

 

 

The Intercept afirmó haber accedido a “los archivos más grandes e importantes de material filtrado en muchos años”, conformado por “chats secretos, audios, videos y documentos de los fiscales y del ex juez Sérgio Moro, quien encarceló a Lula, que muestran vastas incorrecciones” procesales.

El sitio fue fundado por los periodistas Glenn Greenwald, Laura Poitras y Jeremy Scahill. El primero fue el profesional que recibió de manos del ex analista de la CIA Edward Snowden las pruebas del espionaje global de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de los Estados Unidos.

 

 

Los chats de la aplicación Telegram dan cuenta de contactos mantenidos por Moro y los fiscales durante años, los que, afirmó el medio, contienen "múltiples ejemplos de abuso politizado de los poderes de la Procuración por parte de quienes lideraron la exhaustiva investigación de corrupción de la operación Lava Jato desde 2014".

 

 

En concreto, el sitio web publicó en varios artículos intercambios entre Dallagnol y Moro, vinculados a la causa del tríplex en Guarujá, que, de acuerdo con la sentencia de 2017 del segundo, fue un soborno pagado por la constructora OAS a Lula da Silva como contraprestación por contratos amañados con Petrobras.

En algunos de ellos, Dallagnol manifiesta sus serias dudas sobre el valor de las pruebas en dos de los puntos más cuestionados: que el tríplex haya pertenecido efectivamente a Lula da Silva y que la supuesta coima se haya vinculado con los negocios de OAS con la petrolera.

El primer punto sigue siendo motivo de controversias, al punto de que la Justicia acaba de autorizar al empresario Fernando Bittar a venderlo. ¿Si este es su dueño, qué tiene entonces que ver Lula?

En tanto, lo segundo, la relación entre el departamento y el escándalo del petrolão, fue zanjado por Moro en su sentencia en base a la argumentación de que la coima fue el pago por “un acto de oficio indeterminado”. Es decir que no halló nunca un acto administrativo o de Gobierno que le permitiera relacionar ambas cuestiones. ¿Pero si hubo un soborno, a cambio de qué se lo pagó? La pirueta jurídica del ex juez asombró a numerosos juristas.

La sentencia de Moro, actual ministro del presidente de ultra derecha, condenó a Lula da Silva en julio de 2019 a nueve años y seis meses de cárcel, más multas, indemnizaciones e inhabilitación para ocupar cargos electivos. La misma fue confirmada en segunda instancia y elevada a 12 años y un mes de cárcel por el Tribunal Regional Federal de la IV Región. ¿Cuándo? En enero del año pasado, justo antes de que comenzara la carrera presidencial que tenía a Lula da Silva como favorito descollante. Sin embargo, la existencia de una condena confirmada en segunda instancia le impidió a este competir en base a la llamada ley de la “ficha limpia”.

Más tarde, la sentencia fue reducida a 8 años, 10 meses y 20 días por el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

 

La relación entre el departamento (supuesta coima pagada a Lula por la constructora OAS) y el escándalo de Petrobras fue zanjada por Moro en su sentencia en base a la argumentación de que fue el pago por “un acto de oficio indeterminado”. Es decir que no halló nunca un acto administrativo o de Gobierno que le permitiera relacionar ambas cuestiones. Su pirueta jurídica asombró a numerosos juristas.

 

Justamente, los documentos publicados por The Intercept aluden a la búsqueda explícita de los fiscales de neutralizar electoralmente al ex presidente. Por ejemplo, incluso cuando aquel ya estaba preso, los intercambios entre los procuradores se hicieron intensos en la búsqueda de caminos para anular el permiso brindado por un juez del STF para que diera una entrevista la periodista de Folha Mônica Bergamo en septiembre de 2018 en la que, se esperaba, diera un respaldo sonoro a su delfín a la Presidencia, Fernando Haddad. Los fiscales no solo temían que esa entrevista tuviera lugar sino que fuera seguida por otras, lo que, afirmaban alarmados, podía favorecer al presidenciable del Partido de los Trabajadores.

Pese a que la privación de la libertad de Lula no conlleva limitaciones para contactos con visitantes y con la prensa, los fiscales se salieron con la suya y el reportaje no tuvo lugar. El deseo de impedir que Lula apoyara personal y explícitamente a Haddad surge con claridad de esos diálogos, que empañan aún más un proceso electoral muy discutido.

Haddad, que terminó perdiendo en el ballotage con Bolsonaro, actual jefe de Moro, dijo en su cuenta de Twitter que el país "podría estar ante el mayor escándalo institucional de la historia de la República".