11|4|2021

Gas: la interna de los $56.000 millones

05 de marzo de 2021

05 de marzo de 2021

Es el monto de subsidios que Economía debería sumar al Presupuesto para no aumentar las boletas que pagan los usuarios. Crece la grieta entre Martínez y Bernal.

La grieta interna que se registra en el Gobierno por la actualización de las tarifas de gas sumó un nuevo capítulo de tensión tras la movida desplegada por la Secretaría de Energía que puso sobre el tapete el costo fiscal que implicaría no aumentar el precio del gas destinado a los clientes hogareños y pymes.

 

De cara a la primera de las dos audiencias públicas que han sido convocadas por la administración de Alberto Fernández para tratar el “descongelamiento transitorio” de las facturas gasíferas; un informe oficial del área de Energía, que comanda el neuquino Darío Martínez, advirtió que las tarifas finales tendrían que subir entre un 26 y 35% para poder mantener el nivel de subsidios que está previsto en el Presupuesto de este año. Se trata de una diferencia de 56.087 millones de pesos. A esa suma asciende el monto extra de subsidios que el Gobierno debería agregar a los 76.875 millones que están previstos en el Presupuesto en el caso de que no se aplique ningún aumento en la tarifa del gas que pagan los usuarios.

 

Destinado solamente a cubrir una porción del nuevo precio del gas que el Gobierno les garantizó a las productoras en el marco del Plan 2020-2024, el ajuste tarifario que plantea Martínez -en sintonía con el ministro de Economía, Martín Guzmán- contrasta marcadamente con la posición que viene mostrando la intervención del Enargas, a cargo de Federico Bernal.

 

El interventor del ente regulador, que llegó a ese puesto impulsado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria, sostiene que la actualización tarifaria debería ubicarse entre el 7% y el 9% y destinarse en su totalidad a mejorar los ingresos de las distribuidoras y transportadoras.

 

La disparidad de criterios sobre el tenor del ajuste no hace más que exponer la falta de coordinación y la dificultosa convivencia que existe entre los estamentos energéticos del Gobierno. Tal como había anticipado Letra P, esas divergencias derivaron en la insólita situación de tener en camino dos audiencias públicas separadas en lugar de una sola para analizar y debatir los aumentos en juego. 

 

Por un lado, está la convocada por Energía y la subsecretaría de Hidrocarburos para el 15 de marzo para tratar qué porcentaje del precio del gas natural van a afrontar los usuarios y qué parte cubrirá el Estado con el pago de subsidios a las petroleras. Y, por otro lado, se encuentra la audiencia organizada por la intervención del Enargas para el 16 de marzo con el fin de considerar los aumentos transitorios que se autorizarán para los ingresos específicos de las distribuidoras (Valor Agregado de Distribución) y las transportadoras (Valor Agregado de Transporte).

 

Ajuste o más costo fiscal

En el marco de la audiencia programada por el precio el gas, el informe oficial que presentaron los técnicos de Energía destacó que “actualmente el Estado cubre alrededor del 60% del valor total del gas necesario para satisfacer la demanda prioritaria y la continuidad de esa situación implica un costo fiscal anualizado de 132.963 millones de pesos que determinaría una necesidad de partidas adicionales no previstas en el Presupuesto de 56.087 millones de pesos”.

 

Según el informe, para cubrir ese faltante “se requeriría de mayores ingresos fiscales o de una reestructuración presupuestaria que derive fondos actualmente asignados a otras erogaciones”. Para no llegar a esa situación y cumplir con la pauta de desembolso de subsidios prevista por Guzmán en el Presupuesto de 76.875 millones de pesos anuales, los funcionarios del área de Martínez plantearon que el precio del gas a cargo de los usuarios debería trepar un 63%, lo cual se traduce en un ajuste final en las facturas de entre el 26% y 35%.

 

Tras la difusión del informe, Martínez salió a apuntalar la posición de Energía y Economía con un comunicado de prensa que incluyó un mensaje entre líneas destinado a Bernal. “Darle transparencia a la información ayuda a llamar a las cosas por su nombre. Es necesario comprender cuál es la situación actual para ver qué parte del costo del gas se está haciendo cargo el Estado y qué parte los usuarios y lo qué eso significa en el campo fiscal y en materia presupuestaria”, destacó el timonel de Energía.

 

Pedidos y defensores oficiales

En lo que concierne a la segunda audiencia convocada por el Enargas, surgieron dos novedades relevantes vinculadas con los pedidos de las gasíferas y la introducción de una figura “sui generis” de la intervención para defender a usuarios y usuarias.

 

Las distribuidoras Metrogas, Naturgy, Gasnea, Gas Pampeana, Gas del Sur, Gasnor, Litoral Gas, Gas Cuyana y Gas del Centro presentaron sus solicitudes de aumentos con dos salvedades. Todas coincidieron en dejar aclarado que, al estar todavía vigentes los contratos firmados durante la gestión macrista, los aumentos que deberían aplicarse para compensar el congelamiento de los últimos dos años tendrían que oscilar entre el 128% y 148%. No obstante, sabiendo de antemano que esa alternativa no será viable, procedieron a elevar distintas propuestas de transición con cuadros tarifarios que contemplan aumentos en sus ingresos que van del 50% al 58%, y que trasladados a las boletas de los usuarios implican un impacto final que va del 10% al 17%.

 

Más allá de las subas requeridas, las distribuidoras ya fueron anoticiadas por el Enargas de que se tendrán que conformar con una mejora sus ingresos del orden del 25%, la cual significará para los usuarios un ajuste final que no superará el 9%.

 

En este marco, Bernal decidió introducir un nuevo y atípico protagonista que nunca antes se había registrado en las audiencias públicas de servicios públicos, los "Defensores Oficiales de los Usuarios y Usuarias de Gas”, cuya función será participar en la audiencia para manifestar “aquellas observaciones que consideren convenientes desde el punto de vista de la tutela" del público consumidor. Bernal designó para esa tarea a los funcionarios del ente Francisco Verbic, Caren Kalafatich y Andrea Manzi. Las empresas del sector consideran que el marco legal no le permite al interventor llevar adelante una medida de esas características y que siempre en las audiencias públicas ese rol estuvo en manos de las asociaciones de consumidores y de los ombudsman nacional y locales. Como prueba, destacan que las recientes audiencias convocadas por la intervención del ENRE para tratar los aumentos eléctricos mantienen el mecanismo tradicional de participación.