La decisión de impulsar una querella penal contra los exfuncionarios que firmaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sorprendió hasta a negociadores con el organismo multilateral, que ya venían preparando el terreno para extender más allá de mayo las tratativas estancadas. Plasmó, también, la centralidad de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la toma de decisiones, que acota los márgenes de maniobra técnicos y operativos de los ministros del ala económica. Por otro lado, despejó el camino para pensar la economía electoral, con fuerte impulso a la obra pública y recuperación productiva y con funcionarios expectantes de que los altos precios de los commodities se sostengan y permitan afrontar el 2021 sin la tutela de Kristalina Georgieva.
Como contó Letra P, en su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Alberto Fernández validó la posición del cristinismo en dos debates que crecían en el seno del Gobierno: el acuerdo con el FMI se dilatará y sus términos se negociarán con más dureza política; y el ajuste de tarifas será el menor posible hasta que haya una Revisión Tarifaria Integral.
El cristinismo se impuso en ambas cuestiones. Pero el ministro de Economía, Martín Guzmán venía reacomodando su margen de maniobra. Estuvo al tanto de la carta de los senadores del Frente de Todos pidiendo una auditoría dura sobre lo negociado con el Fondo. La querella, en la que el Banco Central avanzó rápidamente con envíos de documentación a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Oficina Anticorrupción (OA), se manejó a alto nivel hasta que Alberto la oficializó. Ambas movidas parecen abrir un camino alternativo al "puente de estabilidad" que había pensado el ministro de Economía allá por octubre como manera de contener la brecha cambiaria hasta acordar con el organismo.
La reunión prevista para mediados de marzo en Washington sigue en pie y en el Ejecutivo admiten que la judicialización complicará el clima de la negociación. Pero también celebran que se realice una investigación para determinar responsabilidades sobre un empréstito que todos en la coalición gobernante consideran impagable desde el minuto en el que Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger firmaron el acuerdo, en junio de 2018. A esa gira seguirán viajes a Europa y Asia para hablar, mano a mano, con otros países integrantes del directorio del Fondo y acreedores del Club de París. Los vencimientos de este año son manejables gracias a los precios de la soja y, si dan los tiempos, la inyección del equivalente a U$S3500 millones por la ampliación de la cuota de Derechos Especiales de Giro (DEG) que planean el G-20 y el FMI.
Con las tarifas pasó algo similar. En el Gobierno son conscientes de que otro año de congelamiento tarifario es insostenible. Pero el plan de acción del ministro (que los subsidios no crezcan en términos reales y los servicios se ajusten de acuerdo a la inflación) sufre modificaciones. Por lo pronto, las distribuidoras de gas enviaron al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) sus pedidos de aumentos transitorios, que impactarían subas promedio de diez por ciento en las facturas.
Hay que remontarse a 2016 para encontrar los primeros escarceos de la disputa actual. Ese año, en una charla titulada Desarrollo Económico en el contexto de la Argentina, Guzmán fue crítico con la gestión económica del kirchnerismo entre 2011 y 2015. "En el 2011 se habló en un momento de sintonía fina, bueno, no se hizo sintonía fina. Creímos en un dogma que era incorrecto. Ahora pagamos las consecuencias de eso", dijo entonces.
Ahora, el ministro escribió en su cuenta de Twitter: "Los objetivos inmediatos son los de profundizar la recuperación de la economía con generación de trabajo y reafirmar un sendero de reducción gradual y persistente de la inflación. Son dos prioridades abordadas en el Presupuesto 2021, que es el corazón del programa económico". En su hilo tuitero, se refirió al proceso de renegociación de deuda, pero no mencionó explícitamente las tratativas con el Fondo. Días atrás, el director argentino en el FMI, Sergio Chodos, había anticipado el nuevo lema: hay preferencias y prioridades. La preferencia es cerrar cuanto antes, pero lo prioritario es llegar al mejor acuerdo posible. Las negociaciones ya llevaban semanas empantanadas. En el Gobierno lo atribuyen a los "resabios neoliberales" de los funcionarios del Fondo, reacios a una baja gradual del déficit fiscal.
La tercera pata de la estabilidad económica pasa por los precios. Fernández ponderó el diálogo con empresarios y gremios para contener la inflación, aunque sostuvo que "no es posible que algunos amasen fortunas especulando". Las charlas con las cadenas productivas continuarán. "La inflación es un problema multicausal. Debemos abordarlo de modo integral, con políticas macroeconómicas consistentes y sostenibles. Y con diálogo social que permita estructurar acuerdos de mayor alcance", dijo el Presidente. Guzmán hizo una leve exégesis vía Twitter: "La inflación es un problema multicausal que se ataca, primero, desde la política macroeconómica (fiscal, monetaria y cambiaria); y segundo, con políticas de precios e ingresos que ayuden a alinear comportamientos y expectativas con los objetivos definidos en el Presupuesto".
Empresarios consultados encontraron en el discurso del Presidente algunas cosas positivas y la ratificación de lo que ya auguraban: que la economía de corto plazo es imprevisible y estará cruzada por las elecciones. En el sector agroindustrial, por ejemplo, celebraron la mención al diálogo con el Consejo Agroindustrial y el esquema de retenciones decrecientes según el agregado de valor (la principal puja entre los productores primarios y las grandes agroexportadoras) y los guiños hacia la nueva concesión de la hidrovía. Pero encontraron otros tramos "preocupantes y anti-inversiones". Un industrial se preguntaba quién cargará el costo de que las tarifas de los servicios públicos aumenten poco o nada en los hogares. Teme que la cuenta la salden las fábricas.
