Sin partidas presupuestarias ni botón de emergencia que dispare una nueva ronda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o de una masiva Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), el Gobierno se prepara para enfrentar la escalada de contagios de la segunda ola de Covid-19 con escasas restricciones económicas y con subsidios a personas y empresas focalizados. Si el presidente Alberto Fernández repetía hace un año que priorizaba cuidar la salud a la actividad económica, en despachos oficiales remarcan ahora como premisa que cerrar la economía no está bajo análisis.
Como contó Letra P, el Gobierno hizo suyos los argumentos de los empresarios que aprendieron en el último año a trabajar en pandemia: que los protocolos funcionan y que los contagios no se dan en el ámbito de trabajo (sea la fábrica o la oficina) sino en las reuniones sociales. Los hombres y las mujeres de la administración Fernández transmiten al mundo ejecutivo que no hay planes para restringir actividades.
Los motivos son varios. Primero: que la batería de ayuda de 2020 evitó un colapso aún mayor, pero los parates económicos provocaron la caída de 3,8 millones de empleos en lo peor de la crisis (la gran mayoría, informales y cuentapropistas), de los cuales quedaba sin recuperar 1,5 millón al cierre de 2020. Segundo y ligado a lo anterior: que la pobreza aumentó unos seis puntos el año pasado (el INDEC publicará este miércoles el dato del segundo semestre) y que difícilmente baje del 41 por ciento en los meses venideros. El escenario base de rebote del 7% que planteó el ministro de Economía, Martín Guzmán, y que en el Gobierno estiraron a 9% supone y necesita, en un año además electoral, una economía en funcionamiento.
También hay argumentos fiscales. El Presupuesto 2021 contempla un déficit primario de 4,5 puntos del PBI y parte de las negociaciones con el Fondo se focalizan en bajar ese rojo previsto. Ese desbalance entre ingresos y gastos no contempla programas de emergencia de la magnitud del IFE o del ATP. "A lo sumo podrán reasignarse partidas presupuestarias", dijo una fuente del Palacio de Hacienda, que descartó que haya margen para ampliar el gasto más de lo que definió el ministro en su "hoja de ruta". Otra fuente oficial coincidió: "Por el momento, la idea es no tener que volver a nada de eso. Sería tremendo tener que volver a cerrar todo". El staff técnico del Fondo declaró que "hubo un entendimiento común respecto a la necesidad de garantizar la sostenibilidad macroeconómica y de salvaguardar la recuperación post-COVID en curso", luego de las reuniones de la semana pasada en Washington. El Gobierno lo festejó, pero asumiendo que no habrá vía libre para subir el gasto más de lo previsto.
A esas restricciones presupuestarias se suman las consecuencias del esfuerzo que hicieron el Tesoro y el Banco Central para financiar, en 2020, los programas de ayuda. El BCRA emitió el año pasado 2 billones de pesos. A contramano de la mirada ortodoxa que predomina entre los críticos a la entidad que preside Miguel Pesce, su directorio era plenamente consciente del riesgo inflacionario que suponía tremenda impresión de pesos. Con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzando a un ritmo del 4% mensual, dicen fuentes oficiales, esa acción es irrepetible. Y más aun: es improbable que pueda cumplirse con la emisión de 1,2 billones de pesos prevista en el Presupuesto 2021. Economía y el Banco Central necesitan que la Secretaría de Finanzas consiga el mayor financiamiento neto posible vía emisiones de deuda en moneda nacional para restringir las transferencias desde la autoridad monetaria al Tesoro. En el primer trimestre, el financiamiento neto desde BCRA totalizó $70.000 millones; en este segundo trimestre será mayor.
