12|11|2021

La inflación de alimentos, filosa piedra en el zapato del Gobierno

18 de febrero de 2021

18 de febrero de 2021

La comida se hace más cara. Presión sobre la economía y enojo en la base propia. Una tendencia que habla del futuro. El largo de las patas de los controles.

Si el control de la inflación es este año el principal reto del Gobierno –a la vez económico, social y político-electoral–, el futuro inmediato pinta difícil. A la inflación de alimentos, que superó el año pasado cómodamente el índice general, se suma ahora la difusión de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) por parte del INDEC, cuyo nivel corre cada vez más el arco en el partido que se juega contra la indigencia y, de modo apenas menos directo, contra la pobreza. Las autoridades dan pelea en el terreno del control y la administración de precios, pero esa estrategia tiene limitaciones. ¿Cuáles son las claves del fenómeno?

 

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2020 subió 36,1%, mientras que el rubro Alimentos y Bebidas No Alcohólicas lo hizo en 42,1%. El mes pasado, ambos indicadores fueron, respectivamente, del 4% y del 4,8%. En tanto, de difusión más reciente, la CBA –que considera el costo mínimo que debe asumir un adulto de 30 a 60 años para alimentarse– impuso en enero un piso de $7.677 para que un individuo no sea indigente, cifra que se eleva a $23.722 para una familia de cuatro integrantes.

 

La CBA considera “los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto, de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades”, detalla el INDEC. La Canasta Básica Total (CBT), en tanto, que incluye a la anterior, incorpora también otros precios y determina la línea de pobreza.

 

El incremento de dicha canasta fue del 4,6% con respecto a diciembre y del 44% interanual, lo que supuso el quinto registro en fila que supera al índice de la inflación minorista: 3,4% contra 2,8% en septiembre, 6,6% a 3,8% en octubre, 4,2% a 3,2% en noviembre, 5,1% a 4% en diciembre y el mencionado 4,6% a 4% en enero.

 

Lo anterior pone de manifiesto la dificultad de reducir la indigencia y la pobreza.

 

De acuerdo con un trabajo del Observatorio de Tendencias Sociales y Empresariales de la Universidad Siglo 21, realizado en base a un sondeo en siete ciudades, apenas el 15% de los argentinos consume carne en forma diaria, mientras que solo la mitad come verduras cotidianamente. En paralelo, aumenta la ingesta de harinas y panificados. El factor económico, puede inferirse, es crucial en ese cambio de hábitos.

 

La estrategia oficial para frenar los precios de la comida incluye tanto diálogos sectoriales y acuerdos voluntarios como imposición de multas por abastecimiento insuficiente. Esto último alcanzó el miércoles a formadores de precios como Mastellone, Molinos Río de la Plata, Fargo, Aceitera General Deheza (AGD), Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Unilever, Procter & Gamble, Paladini y Potigian, según informó Letra P.

 

Es claro que la estructura oligopólica o directamente monopólica de varios mercados clave en materia de alimentos es un problema de larga data de la economía nacional. Sin embargo, también influyen problemas macro que el país trae de arrastre.

 

Julia Segoviano, economista de la consultora LCG, explicó en diálogo con este medio que “el nivel general de inflación incluye también tarifas, prepagas, y algunos servicios que hoy están regulados y traccionan el índice hacia abajo. Eso podría explicar en parte que los alimentos se coloquen por encima (del promedio)”.

 

“Eso es muy preocupante porque evidencia la dinámica real que tienen los precios y la nominalidad en la que se encuentra la economía”, agregó.

 

En relación con las políticas oficiales para poner el fenómeno bajo control, la economista indicó que “las negociaciones y los controles pueden funcionar en el corto plazo, pero de ninguna manera solucionan o desaceleran la inflación permanentemente”.

 

“No son una solución en sí. Muestra de eso es que a fines del año pasado, incluso con gran parte de los precios en la economía regulados, el IPC terminó en 4% mensual y la inflación núcleo (que excluye regulados y estacionales), en 4,9%”, insistió.

 

La dinámica es negativa en lo económico y en lo social. “Este es el aspecto más preocupante de la inflación. Los más pobres poseen una mayor proporción de alimentos en su canasta de consumo, por lo que estos incrementos los afectan en mayor medida”, dijo Segoviano, para quien “en la medida que se mantenga esta tendencia, es probable que la canasta básica continúe ubicándose por encima del promedio de los precios”. De hecho, el Índice de Alimentos que elabora LCG mostró en las primeras dos semanas de febrero incrementos de precios algo menores, pero aún en niveles muy altos, dijo.

 

Problema económico y social, entonces, pero también político. El daño de la inflación de alimentos se ceba con la base electoral del Frente de Todos. En año de elecciones, al Gobierno le urge empezar a mostrar resultados en ese terreno.