El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, se reunió este martes con los integrantes -todos hombres- de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y aprovechó la ocasión para criticar con dureza el funcionamiento del Poder Judicial, al señalar en un comunicado difundido luego del cónclave su "preocupación por la gravedad institucional a la que llegó la Justicia argentina en los últimos 5 años”.
En este sentido, Soria sostuvo tras el encuentro con el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, su vicepresidente, Carlos Rosenkrantz, y los ministros Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri “se conformó una mesa judicial del Poder Ejecutivo que influía ilegalmente en la administración de la justicia”, que “se llevaban a cabo visitas obscenas entre funcionarios judiciales y las máximas autoridades del ejecutivo en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos” y que “se desplegó un sistema de espionaje ilegal con participación de jueces y fiscales inédito”. “Todo ello con el objetivo de llevar a cabo una persecución de dirigentes políticos sin precedentes”, profundizó.
Asimismo, en referencia al exasesor del exmandatario y actual parlamentario del Mercosur que enfrenta causas judiciales por presiones al Grupo Indalo, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, declaró: “Paradójicamente el principal diseñador de la política judicial de Macri actualmente se encuentra prófugo de la justicia en Uruguay”.
Además, el ministro apuntó contra el funcionamiento de la propia Corte, a quien acusó de “retrasar durante años fallos de enorme trascendencia social, como el caso Blaquier o el caso Maldonado” mientras “resuelve en tiempo récord fallos que solo son urgentes para la corporación judicial, como el caso de los Bruglia y Bertuzzi”. “La Corte tiene la posibilidad y la responsabilidad institucional de establecer plazos máximos para resolver, más aún cuando esta Corte resuelve más del 70% de los casos sin dar fundamentos”, agregó.
Ante esta situación, hizo entrega de un pedido de informes presentados por diferentes organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El documento señala la “profunda preocupación por la ostensible demora en que viene incurriendo la Corte Suprema en resolver las causas de lesa humanidad” y recuerda que esas demoras “contravienen las obligaciones internacionales del Estado argentino” y “debilitan el estado de derecho”.
Durante el encuentro, también criticó la “llamativa anticipación mediática de futuros fallos judiciales”, algo que, aseguró, ocurre “tanto en la Corte como en los tribunales inferiores”. Asimismo, el funcionario afirmó que la crisis judicial quedó expuesta en septiembre pasado, cuando la Corte renovó a sus autoridades: “El pueblo argentino es profundamente democrático. Si la máxima autoridad del Poder Judicial se elige con dos autovotos, difícilmente la sociedad recupere la confianza en la Justicia”, detalló.
Por último, señaló que la Argentina necesita una “justicia ágil, que trabaje de cara a la gente, con perspectiva de género y que se ocupe de los problemas que le preocupan al pueblo, que lamentablemente dejó de confiar en la Justicia como una institución capaz de responderle a sus demandas”.