“Ha quedado por demás demostrado que ninguno de los estados económicos inspeccionados muestra una desproporción entre patrimonio e ingresos”. En apenas 19 palabras, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó el sobreseimiento del actual ministro de Seguridad, Aníbal Domingo Fernández, en dos de las causas en las que se indagó su patrimonio personal. Una de las causas se inició en 2014 por una denuncia anónima acompañada de recortes periodísticos.
El expediente que tramitó en la justicia Federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez Federico Hernán Villena, lleva abierto más de siete años y medio. El juez de primera instancia (el mismo que comenzó a investigar el espionaje macrista) dictó el sobreseimiento, pero el Ministerio Público Fiscal apeló la resolución que ahora fue confirmada por los camaristas Roberto Agustín Lemos Arias (autor del voto) y César Álvarez.
Los camaristas concluyeron que “no se ha podido verificar un enriquecimiento patrimonial apreciable e injustificado” del ministro Fernández “en relación a sus ingresos legítimos declarados, en el período comprendido entre el 3 de enero de 2002 y el 9 de diciembre de 2017”. En otro pasaje de la resolución, a la que accedió Letra P, se deja en claro que “las hipótesis delictivas que dieron origen a las presentes actuaciones no pudieron ser comprobadas, incluso tras siete años de profusa investigación”.
Si bien la medida no es definitiva, ya que la Fiscalía de Cámara tiene un plazo de diez días para recurrir el dictamen ante la Casación Federal, este sobreseimiento se suma al de la famosa causa Plan Qunita, donde el dirigente quilmeño también fue declarado inocente.
Una de las investigaciones patrimoniales se inició por una denuncia anónima que se presentó en la Fiscalía Federal de Quilmes. Llevaba la firma de “Los Socios del Quilmes Atlético Club”. Se solicitaba indagar a Fernández, en ese entonces senador nacional por la provincia de Buenos Aires y presidente de ese club, por la presunta comisión de los delitos de “administración fraudulenta de esa entidad deportiva, defraudación contra la administración pública, malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito”, toda vez que, se aseguraba, ostentaba incrementos injustificados en su patrimonio, además de la falta de presentación en término de sus declaraciones juradas y la no inclusión de bienes en esos documentos.
Junto con esta nota, se presentaron cinco fotocopias de artículos periodísticos de los diarios La Nación (27/4/14), Clarín (23/5/14) y Perfil (26/4/14) y de la revista Noticias (26/4/14). Todos ellos versaban sobre el mismo tema: presuntas empresas ocultas a través de familiares y amigos, obviamente no declaradas por el funcionario.
En total, el expediente contiene 3.687 fojas, divididas en 19 cuerpos, más los legajos que corren por cuerda. En semejante maraña de papeles, la justicia ordinaria y la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) concluyeron que todo está en regla.
En los legajos, además, intervinieron cuatro jueces federales, dos fiscales jurisdiccionales, fiscales especializados, el Cuerpo de Auditores Contadores de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y contadores de la división Lavado de Activos de la Policía Federal que investigaron patrimonialmente a 22 personas (físicas y jurídicas), levantaron secretos fiscales, bancarios y bursátiles y solicitaron información a más de 30 entidades públicas y privadas (bancos, organismos registrales, otros poderes del Estado). Como se dice en la jerga tribunalicia, "la pasaron por el scanner profundo".
Uno de los aspectos llamativos de la instrucción fue la obsesión de los investigadores con el producido de la venta de un automóvil marca Dacia, un vehículo de gama baja y escaso valor en el mercado, que era propiedad de un familiar del ministro. Los camaristas concluyeron que “resultaría grotesco pretender que los emolumentos obtenidos por ese vehículo podrían ser parte del enriquecimiento ilícito” investigado.
